Saludcoop: modelo para desarmar
El caso más sonado de las EPS intervenidas por el gobierno de Santos es el de Saludcoop, pues se lo ha querido mostrar como el ejemplo más claro de la corrupción en que han incurrido los empresarios privados que manejan la salud de los colombianos. La situación es paradójica pues Saludcoop es también un proyecto del sector cooperativo, que se convirtió vertiginosamente en una real competencia a otras empresas privadas del sector, llegando a contar con casi cuatro millones de afiliados, y había empezado a internacionalizar sus operaciones comprando EPS en otros países de América Latina.
De todo, como en botica
El gerente de Saludcoop ha sido separado de su cargo, la EPS se encuentra intervenida por el gobierno y se cursan contra sus máximos directivos procesos de investigación penal. El principal problema según el gobierno sería la situación financiera de la empresa que se encontraría virtualmente en quiebra y no podría responder a sus acreedores. Los otros problemas serían similares a los que enfrentan las demás EPS: mala gestión y atención a los usuarios, recobros fraudulentos contra el Fosyga, inversiones ilegales en negocios no afines al sector salud, estructura monopólica que impide la “sana” competencia que supuestamente redundaría en un servicio más eficiente y barato. Se rumora incluso que en la reforma aplicada al sector salud durante el gobierno de Uribe se habría favorecido a Saludcoop pues la familia presidencial tendría intereses directos en ella.
La manzana podrida
Algunas cooperativas, socias de la empresa, han salido en su defensa denunciando que el gobierno no quiere reconocer que el éxito de Saludcoop es gracias a la gestión social y la eficiencia de su administración. Ni siquiera explican cómo es posible que el sector cooperativo acepte que el gerente de la empresa haya llegado a devengar $90.000.000 de sueldo mensual, ingresos equivalentes a ¡quince años! de cualquier trabajador de salario mínimo afiliado a una cooperativa. Se supone que el sector se rige por principios de solidaridad, austeridad y ahorro. Pero el cinismo de los gerentes de cooperativa es comprensible. Expertos en lucrarse de las necesidades de los asociados hoy han quedado al desnudo y son una prueba de cómo el capitalismo pudre todo lo que toca.
Uno de los escándalos asociados a Saludcoop es la creación de empresas paralelas, promovidas a su amparo y en beneficio de los altos directivos de la empresa, como la construcción de una Clínica de Alta Tecnología a la que se asociaron más de 400 médicos, hoy convertida en una especie de elefante blanco sin terminar.
El problema es la Ley 100…
La Ley 100 tenía como objetivo la privatización de la salud, que debería regirse como cualquier negocio por las leyes de la oferta y la demanda y la competencia libre en el mercado. Se buscaba también atraer la inversión de capital transnacional en el sector, de esta manera los monopolios de la salud y los medicamentos, con sus economías de gran escala podrían eliminar rápidamente la competencia.
El problema es que la atención en salud exige grandes inversiones en infraestructura, salarios de personal altamente calificado y responde por variables como enfermedades ruinosas o procedimientos y medicamentos costosos. Por eso las financieras se marginaron inicialmente del negocio dejándolo en manos de los más experimentados. Además la transición se chocó con la resistencia de los trabajadores del sector público y la pobreza de la mayoría de la población que permaneció afiliada al Instituto de Seguros Sociales, sus Cajas de Previsión, se incorporaron al Sisben y defendieron varios años sus garantías convencionales. Eso llevó a la proliferación de centenares de EPS de la más variada índole lo que hizo lento el proceso de concentración de la propiedad, disminuyendo la rentabilidad del sector.
Esta situación fue compensada con la colusión entre administradores de EPS, laboratorios farmacéuticos, jueces venales, y funcionarios públicos, para desangrar el Fosyga. Los ambiciosos administradores de Saludcoop lo único que hicieron fue participar de la piñata, creando una pirámide financiera parecida a DMG y emparentada con la cultura mafiosa. Se sabe también que muchas EPS fueron la caja menor de los paramilitares en más de una población de las zonas de conflicto. Se calcula que el fraude contra el erario ya ronda la cifra de 4 billones (millones de millones) de pesos. Así cualquiera tiene éxito. Pero el pato lo están pagando los usuarios a quienes se niega la atención necesaria y adecuada, los trabajadores de las EPS que ven peligrar su fuente de trabajo y el bolsillo de Juan Pueblo que es de dónde van a sacar los impuestos para cubrir el desfalco.
…y la solución es la estatización
El hecho de que Saludcoop haya llegado a casi cuatro millones de afiliados demuestra la necesidad de dar una respuesta centralizada al problema de la salud pública. La única manera de lograr una economía de escala que permita planificar el servicio a nivel nacional, abaratando sus costos, es erradicando los intereses privados y la competencia capitalista. Sólo un sistema de salud pública a cargo del Estado, basado en la solidaridad social, puede resolver el problema de fondo. Saludcoop, al igual que las demás EPS privadas, debe ser nacionalizado, reconocer a sus trabajadores garantías laborales plenas y los responsables de su descalabro ser castigados con la cárcel y la expropiación de sus bienes, para rescatar todo lo que se pueda en beneficio de la población trabajadora.