Un año de gobierno de Santos, Puño de hierro guante de seda

A diferencia de Uribe, Santos no impone, dispone. Agrupó alrededor suyo a todos los privilegiados del país en la Unidad Nacional. Las leyes se acuerdan en los desayunos de trabajo de la Casa de Nariño y luego se aprueban a pupitrazo en el Congreso de la República. Ni siquiera el Partido Verde pudo resistir la tentación de tener su cuota de poder… y de cargos. Este talante negociador opaca el endurecimiento del régimen. Sin pausa el gobierno viene aprobando su paquete de contrarreformas en contra de las garantías sociales y democráticas.

Remodelación constitucional
Se cumplieron veinte años de la Constitución del ’91. Las promesas de paz y justicia social ya quedaron atrás. En estas dos décadas se perpetró un nuevo genocidio contra el campesinado pobre, al tiempo que se le arrebataban por la fuerza seis millones de hectáreas de las mejores tierras. Se persiguió sin tregua a la vanguardia obrera y popular. Los dos cuatrienios de Uribe permitieron culminar la tarea, y Santos fue su ministro estrella. El cambio de guardia en la Casa de Nariño ahora permite recoger los frutos del despojo. Pero para eso es necesario armonizar la legislación nacional con las reglas de juego del capital transnacional, es lo que llaman seguridad jurídica. Las leyes aprobadas por el Congreso en la primera legislatura de 2011 avanzaron en ello; la más importante fue la Ley de Tierras y Víctimas. Su objetivo no es garantizar la reparación integral, sino la legalización de la propiedad para que los empresarios agrícolas y mineros no tengan contratiempos. La otra la fue la Regla Fiscal, una camisa de fuerza al presupuesto para garantizar el pago de la deuda pública, en lugar de financiar los servicios sociales a cargo del Estado.
Ahora viene la reglamentación de la distribución de las regalías. Con el argumento de protegerlas de la corrupción local se las concentrará en manos del Ejecutivo para financiar los megaproyectos de obras públicas. La modernización de la infraestructura vial y de transporte busca facilitar la economía extractiva de los monopolios mineros y de agrocombustibles. La contrarreforma a las Corporaciones Autónomas Regionales, vilipendiadas como responsables de la catástrofe invernal, va en el mismo sentido: que no sean un obstáculo –cuando tratan de hacer respetar la legislación ambiental– para la exploración y explotación de los recursos naturales a manos del gran capital.

El tremendo juez y su tremenda Corte
Durante la era Uribe fue frecuente el llamado “choque de trenes” entre el Ejecutivo y las Cortes pues la oposición burguesa utilizó a la Corte Suprema como burladero para enfrentar las embestidas de Uribe. Además, las altas cortes se invalidan mutuamente los fallos y el Consejo Superior de la Judicatura se reveló como un negocio para familiares y amigos de los magistrados. La tutela sirvió para reclamar derechos básicos, pero se la usa también para eludir la propia acción judicial. La impunidad continúa en el 95% de los casos. Se ha llegado a hablar de “la dictadura de los jueces” que obligan al gobierno a tomar decisiones presupuestales, como en el caso de los fallos sobre el servicio de salud y el negocio de las EPS.
Santos quiere cortar por lo sano y someter de una vez por todas a la rama judicial al imperio del Ejecutivo. La contrarreforma judicial les ofrece a los altos magistrados la preservación de sus privilegios –empezando por períodos vitalicios y ampliación de la edad de retiro forzoso– a cambio de que renuncien a la mal llamada “división de poderes”. Se quiere definir tribunales de cierre de procesos para evitar inseguridad jurídica a los capitalistas. Se piensa devolver la doble instancia a los congresistas pues las cárceles se encuentran abarrotadas de parapolíticos. Por encima de la legislación nacional deben predominar las reglas de la Organización Mundial de Comercio, para que las transnacionales puedan exportar sus ganancias sin temor. El gran capital financiero, sobre todo, debe estar protegido legalmente del huracán económico que asola al mundo.
La aristocracia judicial ha salido a patalear. Los presidentes de las altas cortes pontifican a través de los medios, hablando de la autonomía del poder judicial. Los fiscales y los jueces de a pié, quienes son víctimas del chantaje y la amenaza, o les tocan las sobras y la corrupción al por menor, saben que terminarán convertidos en peleles a manos de sus jefes y los mandatarios locales. Esta contrarreforma revelará, también en el terreno jurídico, el verdadero rostro del régimen bonapartista colombiano y su autoritaria presidencia, y por eso debemos oponernos a ella exigiendo el respeto a las libertades democráticas, de organización política y sindical, de expresión y movilización.

Derechos para la derecha
Y mientras se recortan las garantías democráticas se amplían los derechos para la ultraderecha. Es el significado del proyecto que se tramita en el Congreso para devolver derechos políticos a los “desmovilizados” y que puedan aspirar a cargos públicos. De esta manera se pretende saltar por encima de los límites que impuso la Ley de Justicia y Paz a los paramilitares al no reconocerlos como alzados en armas contra el Estado y sus crímenes como delitos políticos. Para endulzar el proyecto ha anunciado que se aplicará también a la guerrilla, tras una futura negociación. Reconocen así el fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que después de seis años y 34.000 procesos, sólo ha fallado cuatro. Esta nueva ley de impunidad es la manera como Santos pretende mantener el acuerdo de gobernabilidad con el uribismo cerrero.

Volver a las calles
Con prisa y sin pausa, Santos avanza con la aplanadora de la Unidad Nacional aprobando sus contrarreformas. Pero su maquinaria se puede chocar con la resistencia popular. Así quedó demostrado con el anuncio de retirar el “ánimo de lucro” del proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. Ha sido un logro de la protesta masiva de los estudiantes universitarios. Bloquear las demás contrarreformas dependerá de que la movilización de protesta de diversos sectores, que hoy resisten de manera atomizada, pueda unificarse en la acción callejera y en la huelga fabril. Para el 7 de octubre está convocado un Paro Estatal; el 12 de octubre, estudiantes, indígenas y la Coordinadora de Movimientos Sociales realizarían una jornada de protesta unificada. Sólo si se preparan estas acciones por la base, podrán superar la inercia de las direcciones burocráticas de los sindicatos y sus ilusiones de concertar con el gobierno la aplicación de los planes.

Ni salud, ni educación
El paquete de contrarreformas incluye también la salud y la educación. La primera desfondó al Estado por la voracidad del capital privado. Para preservar el negocio, la ley propiciará la concentración al servicio del capital financiero. Se unificará el Plan Obligatorio de Salud por lo bajo y se mantendrán las condiciones precarias de contratación para los profesionales de salud. La última preocupación será la calidad del servicio o la salud de los afiliados. Por eso el magisterio salió a las calles el 7 de septiembre tratando de defender lo poco que queda de su régimen especial. Los estudiantes, por su parte, se movilizaron contra el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior y demandando un presupuesto adecuado. El recule del gobierno en su pretensión de entregar el sector a instituciones con ánimo de lucro demostró que solo hay una manera de derrotar las contrarreformas de Santos: en las calles y con la movilización, como lo han venido demostrando los estudiantes chilenos, los trabajadores griegos, españoles e italianos. Es el ejemplo a seguir.