Declaración del PST sobre la convocatoria del 9 de abril
El martes 9 de abril ha sido convocada una jornada de movilización - en el marco del día nacional de solidaridad con las víctimas - por el movimiento político Marcha Patriótica, junto con la Alcaldía de Bogotá, a la cual se han sumado varias organizaciones políticas, sindicales y sociales, incluida la CUT, en apoyo al proceso de negociaciones entre las Farc y el Gobierno. También se ha anunciado la participación de varios congresistas y de Juan Manuel Santos en la marcha de Medellín.
Esta convocatoria, con el lema 'Marcha por la Paz, la democracia y la defensa de los público', pretende transformar la relativa indiferencia de la población frente a las negociaciones de La Habana, buscando el apoyo popular que lo blinde de los ataques de los enemigos que tiene este proceso, especialmente de la oposición ultrareaccionaria de los terratenientes y de sectores de la derecha representados por el ex presidente Uribe.
La convocatoria apela al legítimo hastío de la población colombiana, con una guerra de aparatos que por más de medio siglo ha significado la imposición sangrienta del modelo económico, que ha costado decenas de miles de víctimas en la lucha histórica del campesinado por la tierra y en las luchas urbanas de los trabajadores, estudiantes y sectores populares.
En general, a la burguesía de este país le da pavor dirimir sus contradicciones en la calle, pues cuando lo ha hecho ha puesto en peligro la estabilidad del régimen político. El 9 de abril es una fecha histórica que precisamente recuerda esto: las movilizaciones multitudinarias convocadas por el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y su asesinato, que desencadenó una insurrección que fue aplastada sangrientamente para mantener la estabilidad de un régimen que se tambaleaba. Con sangre y muerte se impuso un régimen político autoritario y el método de las masacres para dominar y expropiar al campesinado pobre y eliminar a la oposición. Ese régimen, con retoques y variaciones no sustanciales, se mantiene aún y es defendido y fortalecido por el actual gobierno de Santos.
La burguesía tiene pavor de que las masas se salgan de control como el 9 de abril de 1948, pero en medio de sus pugnas internas el sector de Santos ha llamado a las masas a la calle. Así sucedió el 4 de febrero de 2008, con el lema 'No más Farc', cuando Uribe llamó a marchar en las calles y consolidó el apoyo masivo a su política de seguridad democrática especialmente a la ofensiva militar contra la insurgencia.
Si bien la convocatoria del 9 de abril aparece como el legítimo rechazo a la violencia política, por parte de las víctimas y de los sectores explotados y oprimidos, al agregar consignas justas de los trabajadores y sectores populares, hay otros intereses que pretenden ser legitimados con la movilización.
La guerrilla, consciente de su debilidad militar y del aislamiento político al que lo condujo su táctica militar, que terminó afectando fundamentalmente a la población, sabe que su correlación de fuerzas en la mesa de negociación es desfavorable, lo que hábilmente es aprovechado por Uribe y Pastrana. Esta marcha le sirve para posicionar en mejores condiciones su nuevo programa agrario, en el cual las Zonas de Reserva Campesina es uno de los ejes. Además de presionar un cese al fuego bilateral, que le permita frenar la ofensiva militar que los sigue diezmando.
A esta convocatoria se ha sumado la Alcaldía de Petro en Bogotá, quien pretende canalizarla en respaldo a su modelo de 'defensa de lo público', centrado en modelos mixtos de contratación y prestación de servicios públicos, al cual se han opuesto furiosamente los sectores que han quedado por fuera de los negocios del Distrito en Bogotá.
Por su parte, el presidente Santos, acosado por los trinos de Uribe, a los que se suman ahora los del Pastrana, quiere aprovechar esta movilización para mostrar apoyo popular a las negociaciones de Paz y de paso preparar el terreno para sus intenciones reeleccionistas.
El actual gobierno pretende mostrarse como democrático y reformista, con iniciativas que aparecen como las soluciones a los problemas estructurales del país, a pesar de su carácter regresivo. Así fueron presentadas las Leyes de tierras y la de víctimas, y así son presentados los proyectos de reformas al sistema de salud, a las pensiones y la reforma política.
Así justifica los planes la burguesía al encauzar, por la vía institucional, la aplanadora uribista en los rieles de las locomotoras de la sobreexplotación y la entrega de los recursos energéticos al capital extranjero, para seguir desarrollando –ahora en paz– la guerra social y económica contra la población.
Pero a pesar del legítimo anhelo de paz de la población, para no seguir sufriendo las masacres, la persecución y la feroz represión, en la Habana no se está negociando la solución a los problemas estructurales propios del capitalismo colombiano, causantes de la violencia y la pobreza.
En la Habana se está negociando la incorporación a la legalidad de las Farc
Reconocemos y defendemos el derecho legítimo de las Farc, y de cualquier otra organización política, de desarrollar su actividad en la legalidad con las garantías que debe brindar el Estado y que sus militantes no sean masacrados como sucedió en el intento de legalización, en los años ’80, con la Unión Patriótica. Pero hay que decir la verdad, en La Habana lo que está planteado es la incorporación de las Farc a la actividad política legal, no la solución a los grandes problemas de los trabajadores y el campesinado pobre, que seguirán sin ser resueltos.
Para frenar los planes de Santos y resolver los problemas estructurales de los trabajadores y la población pobre y desposeída, es preciso salir a la calle, tomar el camino de la movilización unificada y masiva, pero en forma independiente del gobierno y de la burguesía, responsables de la crisis social. Unirnos a ellos es dejarnos utilizar para dirimir sus pugnas internas, al servicio de sus intereses.
Por estas razones, el Partido Socialista de los Trabajadores no llama a participar en la jornada del 9 de abril.