La tragedia de la minería en Colombia
En los últimos años, la cuestión de la minería ha llamado la atención por la resistencia que han tenido los trabajadores y las comunidades como fue el caso de la huelga de los trabajadores de Pacific Rubiales y Ecopetrol en Puerto Gaitán en 2011 y la discusión en torno a la ampliación de la concesión de Cerro Matoso en Montelíbano, junto a la reciente sanción a la Drummond por verter tres mil toneladas de carbón al Mar Caribe y a la huelga de los trabajadores de Cerrejón, pasando por las luchas de poblaciones enteras contra la destrucción social y ambiental de la explotación minera como en el caso de La Colosa y San Turbán, entre otras.
Este auge del sector minero-energético es resultado del nuevo papel que ha dado el imperialismo a los países de América Latina en la división internacional del trabajo, conocido como ‘reprimarización’ de la economía, que consiste en la profundización de la explotación y la exportación de productos primarios como los agrícolas y los minero-energéticos. De igual manera se genera un proceso de desindustrialización –países como China en los que las condiciones laborales son aún más precarias se convierten en el centro industrial del imperialismo– que tiene casos como el de Argentina en el que la industria pasa de un 43% en promedio a finales de Siglo XX a 27% a mediados del decenio pasado.
Este papel ha sido aceptado por todos los gobiernos en América Latina y el Caribe, sean de derecha o alternativas, sustentando en buena medida el crecimiento de sus economías y su alta popularidad. En el caso de Colombia, la locomotora minero-energética sigue arrasando y como parte de la llamada Guerra Social, el Gobierno de Santos presentará este año un nuevo Código Minero que intenta ajustar la legislación a los intereses de este sector.
Feria de títulos mineros
La legislación en Colombia para otorgar títulos mineros se hizo flexible en 2001, y desde entonces se pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y explotación de minas que ocupan 22 millones de hectáreas de las 114 millones que tiene el país. El Gobierno de Álvaro Uribe Vélez entregó más de 9.000 títulos y en dos años del Gobierno de Juan Manuel Santos se ha entregado una cifra superior.
Estos títulos mineros han quedado en manos de las multinacionales del sector, de caudillos políticos y de grupos paramilitares, no en vano casi todos los funcionarios del anterior gobierno pasaron a las juntas directivas de empresas minero-energéticas.
Uno de los obstáculos que han tenido son las consultas previas a las comunidades, que si bien han servido para corromper la dirigencia de muchas de ellas, en algunos casos han sido un obstáculo para la voracidad de las empresas. Para superar este trámite, en 2010 se llevó a cabo una reforma al Código Minero que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en 2011, debido a que no hubo consulta previa a las comunidades.
El mes pasado, en el II Congreso del Sector de la Minería a Gran Escala, Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno seguirá incentivando la estabilidad jurídica necesaria para estos inversionistas y aprovechó a para pedir a las 13 grandes mineras del país que apadrinen a los pequeños mineros, como parte del proceso de paz que se adelanta en La Habana.
La minería artesanal
Otro de los asuntos a resolver de la locomotora minero-energética es la minería artesanal, que en el Código Minero de 2001 se les dio un plazo de tres años para legalizar sus minas. De los 15 mil mineros que existían entonces sólo 2.845 solicitaron su formalización ante Inegeominas, pues la norma les exigía unos requerimientos técnicos que no tenían. La derogada reforma de 2010 volvió a abrir la puerta de la legalización de minas artesanales y en un año llegaron 2.200 peticiones de las que sólo se has estudiado 719.
Lo más grave para los pequeños mineros es que se han hecho grandes concesiones en territorios que antes eran ocupados por los artesanales, como el caso de Medoro Resources que tiene una concesión en Marmato, Caldas. En este caso, fueron bien conocidas las declaraciones de esta empresa para Al Jazeera, en las que sostenían que para sacar a los mineros artesanales ellos contaban con: “presiones del gobierno, la chequera”.
El tema de la minería artesanal es un punto crucial en el proceso de paz que adelanta el Gobierno con la insurgencia, en especial si se abre la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido presencia en zonas de pequeña minería.
Cómo detener la locomotora minero-energética
Todo este panorama muestra la magnitud de la tragedia que genera la llamada locomotora minero-energética. Grandes ganancias para las empresas mineras y petroleras, pocas regalías para el presupuesto nacional, un daño ambiental incalculable, una situación de miseria en las poblaciones donde se realizan las explotaciones y una precaria situación para los trabajadores.
En muchos casos, se cruzan los intereses de las comunidades que al principio ven una fuente de empleo así sea precario en la minería, las luchas de los grupos ambientales que saben del deterioro que causan estas empresas, los intereses de los mineros artesanales que también contribuyen al deterioro ambiental y que también mantienen las precarias condiciones laborales de los trabajadores y la voracidad de las multinacionales que se han beneficiado de los altos precios del oro, el carbón y el petróleo en los últimos años.
Por ello, la lucha contra la locomotora minera debe implicar la lucha por la nacionalización de los recursos naturales, para que su eventual explotación se haga en beneficio de las comunidades y de la población y no de las ganancias de los privados. Esta lucha debe implicar la movilización de los trabajadores y de las comunidades afectadas, más aun cuando se estudiará en el presente año un nuevo código minero que buscará dar mayores garantías a las grandes empresas mineras para la explotación de estos recursos con sistemas precarios de contratación y destrucción del medio ambiente.