Así es la Guerra Social: Ajustes económicos, políticos y sociales

Mientras en Cuba se negocia el fin del conflicto armado con las FARC y se explora la posibilidad de un proceso con el ELN, el Gobierno de Santos arrecia la guerra social. Fueron quince los proyectos que anunció Juan Manuel Santos con la presentación del presupuesto de 2013 –aprobado por 185,5 billones de pesos– siendo los más importantes la reforma tributaria y la reforma pensional. Sin embargo, no ha sido presentada la totalidad de los proyectos, para evitar fracasos como los de la reforma educativa y la reforma judicial.
Así, podemos decir que esta Guerra Social, tiene un carácter preventivo frente a la crisis económica mundial que comenzaría a afectar al país, a pesar de que el Gobierno insiste en que es una economía blindada. Un campanazo de alerta lo dio el desplome de Interbolsa, la principal comisionista bursátil en Colombia.
Por ello, lo que se busca es profundizar los planes de ajuste que afectarán a los trabajadores y a los sectores populares con el fin de que carguen con el peso de la crisis. Pero también apunta a medidas de control policíaco y político, previendo la posibilidad de protestas sociales.
La Guerra Social no se limita a unas iniciativas legislativas, pero es fundamental para el Gobierno de Santos aprobar una normatividad que les permita a los capitalistas unas mejores condiciones para el saqueo y la explotación. De esta manera podemos decir que las iniciativas parlamentarias se dividen en tres bloques: ajustes económicos, ajustes en los mecanismos de represión y ajustes políticos.
La crisis la pagarán los trabajadores
El primer bloque de proyectos lo componen diez iniciativas que recortan los derechos sociales y favorecen a los capitalistas. Estas reformas legislativas adelantan un plan de ajuste con el fin de que la crisis económica mundial no afecte las ganancias de la burguesía y que sean los trabajadores quienes continúen cargando con el peso de la crisis.
Además de la reforma tributaria y de la reforma pensional, el Gobierno prepara la reglamentación de la Ley de sostenibilidad fiscal que somete cualquier decisión legislativa o judicial a la disponibilidad presupuestal y a los planes de ajuste fiscal.
También hacen parte de este bloque de reformas la ley para facilitar el pago electrónico, la eliminación de los tres ceros de la moneda nacional, un proyecto para legalizar las formas de tercerización del empleo, un proyecto para la crear una agencia comercial y un proyecto para seguir precarizando el contrato de aprendizaje.
Por último, está la aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la ley para reglamentar las consultas previas, que busca allanar el camino de destrucción social y ambiental para la minería.
Nuevas formas de represión social
El segundo bloque es el que ajusta las formas de represión a la protesta social que generarían las medidas económicas. En este bloque cursarían cuatro proyectos de ley: una ley estatutaria sobre el fuero militar que le daría a las fuerzas militares una carta blanca para la violación de los derechos humanos, un proyecto que aumentaría los beneficios económicos y políticos de militares y policías, la actualización del Código de Policía con el que se piensa criminalizar la protesta social y la reforma del código penitenciario y carcelario que apunta a aumentar los centros de reclusión del país.
Al respecto, el presupuesto nacional destina aproximadamente 26 billones de pesos para el gasto militar que incluye la compra de armas y equipos especializados en reprimir la protesta social. En 2013 se anuncian ‘nuevas técnicas’ de represión: pistolas de disparo eléctrico de 50 mil voltios, bastones eléctricos, gas pimienta e irritantes, fusiles con balas de goma y lanzadores de cera. Todo esto a pesar de que el uso de estas armas es calificado como tortura por la misma legislación burguesa.
Incorporación de la insurgencia al régimen
El tercer bloque es el ajuste político ante un eventual escenario de fin del conflicto armado. Aquí cursa un proyecto de reforma del código electoral que dará participación a ex combatientes de la guerrilla en el Gobierno.
Y como la cuestión agraria es uno de los puntos del diálogo de las FARC, en el Congreso se discuten en la actualidad las llamadas zonas de reserva campesina y la extranjerización de tierras.
Por fuera de las iniciativas gubernamentales, algunos partidos de la Unidad Nacional y el Polo Democrático adelantan proyectos de ley para reglamentar la compra de tierras por extranjeros. Son varias iniciativas del Partido Conservador, del Partido de la U y del Polo Democrático –que difieren principalmente en la cantidad de territorio que se podría adquirir– que buscan limitar la posibilidad de compra de los extranjeros. Pero el Gobierno de Santos ha manifestado que no las comparte.
Ninguna de estas ponencias que cursan en el Congreso de la República apunta a resolver el problema de la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia pues sólo buscan limitar la tenencia de extranjeros sin tocar a los terratenientes colombianos.
Que la crisis la paguen los ricos
Para que la crisis no la paguen los trabajadores es necesario cambiar la política de concertación de las direcciones políticas y sociales y privilegiar la movilización en las calles. La Guerra Social que le plantea Santos a los trabajadores y a los pobres no se puede ‘negociar’ ni en el Congreso de la República –en el que el Polo Democrático podrá hacer alguna audiencia o presentar modificaciones insustanciales a las propuestas– ni en las mesas de diálogo en La Habana.

La Guerra Social sólo se podrá ganar en las calles, coordinando los conflictos y preparando un paro nacional desde las bases, a través de Encuentros Obreros y Populares, una propuesta siempre aplazada por las centrales obreras y las fuerzas políticas que las orientan.