El paquete legislativo de Santos: Regalo envenenado

En diciembre y fin de año se hacen promesas y se anuncian regalos. El gobierno de Santos ofreció para el año nuevo el fin del conflicto armado, negociando en secreto con las FARC en La Habana. El imperialismo yanqui y el europeo, por ahora, respaldan el proceso. Los próximos meses permitirán evaluar que tan sólido es el acuerdo sobre el que se basan las negociaciones y la posibilidad de culminar exitosamente la agenda. No sobra señalar que en el documento firmado se acepta que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”; una verdadera camisa de fuerza en medio del fuego cruzado del conflicto. Ante la decisión del gobierno de continuar sin pausa los operativos militares Iván Márquez anunció el cese unilateral del fuego durante dos meses por parte de las Farc.
Pero, al mismo tiempo, el gobierno de Santos desenvolvió un buen paquete de proyectos de ley que están cursando en el Congreso de la República. Este paquete navideño es un verdadero regalo envenenado, pues con el argumento de llevarnos a la prosperidad se está adecuando toda la legislación, y la propia Constitución Nacional, para que sirva de ferrovía a las locomotoras económicas, en beneficio de los negocios de la gran burguesía y las transnacionales.
El paquete de proyectos va desde la reforma tributaria que golpea los ingresos de los trabajadores y la clase media, al tiempo que disminuye los impuestos a los grandes empresarios desfinanciando el Sena y el Bienestar Familiar, hasta mayores garantías de impunidad para las fuerzas represivas del Estado, pasando por la regulación de la propiedad de la tierra para los inversionistas extranjeros. Su objetivo es prepararse para el inevitable impacto de la crisis económica mundial: la quiebra de Interbolsa fue un campanazo de alerta.
Como lo demuestra el contenido de los proyectos, más allá de las diferencias circunstanciales, todos están de acuerdo en desencadenar una verdadera Guerra Social contra los trabajadores y los pobres. Es contra esa declaración de guerra que debemos preparar un plan de acción que unifique los conflictos laborales y sociales en curso y la protesta de la población urbana y rural.
El fallo de la Corte Internacional de La Haya, cediendo parte del territorio marítimo en disputa a Nicaragua –adverso a los intereses de la burguesía colombiana– ha desatado una crisis en las alturas frente a la cual los trabajadores debemos tener una posición de principios en el marco del internacionalismo proletario, respetando en primer lugar el derecho de los pobladores de San Andrés y Providencia a definir de manera autónoma su futuro.

Unificar los conflictos
La publicitada Semana de la Indignación de inicios de octubre pasó sin pena ni gloria. Lo que la Marcha Patriótica y la mayoría de la izquierda llegó a denominar Paro Nacional, no pasó de unas cuantas jornadas de agitación y algunas movilizaciones de estudiantes y trabajadores del sector salud o de los pensionados, aunque se hicieron sentir de nuevo los obreros de Pacific Rubiales.
Un ejemplo de la contradicción en que se encuentra el movimiento de masas es la evolución del conflicto universitario. En 2011 la masividad y contundencia de las movilizaciones obligaron al gobierno a archivar su reaccionaria reforma de la educación superior; durante 2012, en cambio, la dirigencia de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) se encerró en los claustros a redactar un proyecto de ley mientras se agravaba la crisis de financiación de las universidades. Los conflictos parciales no se unificaron realmente en un plan de acción nacional y, a duras penas, se promovió la consigna de “Un billón de pesos para la universidad pública” que debería haber orientado la lucha desde fines de 2011 cuando se levantó el paro estudiantil. El gobierno mientras tanto ha ido imponiendo medidas parciales y avanzando en sus planes privatizadores.
El paro de los trabajadores del poder judicial ha sido uno de los conflictos más importantes de 2012, pues obligó al gobierno central a negociar. El deterioro de los ingresos de los asalariados llevó a este sector a lanzarse de nuevo a la lucha, paralizando durante varias semanas las labores y afectando la llamada estabilidad jurídica de los negocios capitalistas y el trámite de procesos penales sensibles para la opinión pública. El gobierno trató de dilatar la respuesta a sus exigencias con un plan de nivelación salarial a cinco años, lo que provocó la radicalización de un amplio sector dividiendo la conducción del movimiento.
Pero por fuera de los conflictos de carácter nacional se han sucedido numerosas luchas parciales de sectores obreros o populares. El lugar común ha sido su aislamiento y las conquistas parciales coyunturales o duras derrotas que contribuyen al debilitamiento de la resistencia. Sin embargo un proceso de largo plazo está en marcha, que se manifiesta en la aparición de nuevas organizaciones sindicales que se empiezan a probar en el enfrentamiento cotidiano a los planes de la patronal.
En todos los conflictos se ha evidenciado la ausencia de una dirección revolucionaria para las luchas sociales en Colombia. La burocracia de las centrales sindicales y los principales sindicatos nacionales, al igual que gran parte de la dirigencia de otros sectores sociales como los indígenas o el campesinado pobre, está maniatada por una política de conciliación de clases y un método parlamentarista, encarnados en el Polo Democrático Alternativo y, ahora también, por la concepción de la Marcha Patriótica, subordinada a los vaivenes de la negociación del conflicto armado en La Habana.
Romper esa camisa de fuerza dependerá de que el descontento social continúe atizando los conflictos en curso; sólo el vigor de la movilización obligará a las direcciones a ir más allá de sus mezquinos intereses burocráticos o parlamentarios. Pero más que eso, la reorientación de las luchas dependerá, en el largo plazo, de nuestra capacidad para construir una verdadera dirección revolucionaria para la clase obrera, los asalariados y los pobres. En ese sentido, la conmemoración de los 30 años de la Liga Internacional de los Trabajadores y los 35 años del Partido Socialista de los Trabajadores han sido un hito en la dura tarea que tenemos por delante los activistas de vanguardia en cada una de las luchas de resistencia: la inaplazable construcción de un partido nacional e internacional socialista revolucionario.