Negociando bajo el fuego ¡Apuesta riesgosa!

 
No cabe la menor duda de que al gobierno Santos le destaparon, antes de tiempo, el complejo y prolongado proceso de negociaciones secretas que venía manteniendo con las FARC. Sin embargo, eso no afectó en lo más mínimo. Juan Manuel Santos se reubicó rápido, salió a informar de los avances logrados hasta la fecha y a presentar las que, según él, son condiciones inmodificables por parte del gobierno. Retomó así la iniciativa y, según las encuestas, modificó la pendiente de popularidad hacia abajo que traía.

Las concesiones iniciales
Por lo que se conoce de los acuerdos previos, que por su carácter secreto es bien poco, y por la agenda publicada pareciera que la mayoría de las concesiones iniciales han corrido por cuenta de las FARC; lo cual sería una demostración categórica de dicha organización de su decisión de avanzar hacia un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, como está titulado el texto que sintetiza los avances de la negociación.
En primer lugar, el gobierno impuso el criterio de negociación en el exterior. Las FARC siempre habían exigido que cualquier negociación fuese en territorio colombiano; lo cual suponía además una zona de despeje. Según las informaciones que han trascendido, la propuesta de que la Mesa de negociación funcionase en Cuba fue del propio gobierno Santos; suavizando en esta forma el oneroso costo que a las FARC les significaba negociar fuera del país. El acuerdo previo con el gobierno cubano se debe haber cocinado cuando Santos acudió como buen samaritano a visitar a Chávez convaleciente de una de sus cirugías.
En segundo lugar, las negociaciones serán reservadas, casi que continuarán siendo secretas, limitándose las partes a producir los informes que consideren convenientes sobre el avance de las mismas. Este manejo, más allá de las fisuras y resquicios en los medios de comunicación que puedan aprovechar las FARC, le garantiza a Santos otra de sus exigencias categóricas: las negociaciones no serán una tribuna para la agitación y promoción de la política y las propuestas de las FARC.
Sólo al concluir la negociación, sobre la base de lo pactado en las garantías para la acción política, las FARC podrán (a través del movimiento político con el cual decidan expresarse en la legalidad si el proceso concluye con un acuerdo final) dedicarse a promover pública y legalmente sus propuestas políticas. En los años anteriores, todas las reformas al régimen electoral han significado restringir cada vez más la participación de las minorías. Habrá que ver si la burguesía, en aras de una negociación de cese al conflicto, está dispuesta a aflojar algunas concesiones significativas, exclusivas para las propias FARC o que amplíen el marco de derechos de participación de todas las organizaciones que lo reclaman.

¿Una escalada militar?
En el marco de los acuerdos iniciales hay un aspecto significativo de las posiciones del gobierno que vale la pena analizar con cuidado. A diferencia de la posición sostenida en el pasado por otros gobiernos, esta vez Santos planteó y continúa planteando que cualquier negociación se hará en medio del enfrentamiento. Pareciera tener una evaluación favorable de la correlación de fuerzas, por lo menos en el terreno militar. De hecho, luego del anuncio de inicio de negociaciones ha lanzado diversas arremetidas militares con costos significativos para la propia guerrilla.
En las primeras declaraciones públicas de los negociadores de las FARC se expresó con plena claridad la contradicción existente. Señalaron que la demanda de cese al fuego durante el periodo de las negociaciones sería una de sus primeras exigencias; pero en esto también han hecho una primera concesión pues exigencia no es condición. La respuesta de Santos ha sido negativa. ¡La guerra continúa! Ha reunido a todos los generales del país y los ha llamado a que mantengan e intensifiquen los operativos militares, pues considera que cada triunfo militar durante este periodo se traducirá en mayor fuerza en la Mesa de negociación. En ese sentido su táctica se contrapone a la defendida por el ex presidente Uribe que ha señalado que negociar en medio de la guerra produce desmoralización de las Fuerzas Armadas. En todo caso, para elevar la moral de la tropa, se preparan leyes que garanticen la impunidad a los crímenes que han cometido (y que sigan cometiendo), se dio puesto en la Mesa al general (r) Jorge Mora Rangel (quien cuando estaba en ejercicio y durante el gobierno de Pastrana fue opositor abierto del proceso de negociación) y se tiene lista la reforma al fuero penal militar.
Tal como alertan algunos señalando los riesgos de negociar en medio del enfrentamiento, las FARC se verían obligadas a desplegar toda su capacidad operativa, realizando acciones significativas que demuestren su poder durante el proceso de negociación, lo cual produciría una escalada del conflicto. Si tal escalada llegase a producirse, y no es descartable, hay que hacer una evaluación detenida respecto a quien, si el gobierno Santos o las FARC, podría sacar mayores réditos políticos; pues será esa fuerza política la que fortalezca cada posición en en la Mesa de negociación.
Es poco probable que una ofensiva militar de las FARC durante el periodo de negociaciones, sean cuales sean las características que ella revista, así lograse infligir numerosas bajas a las Fuerzas Armadas o afectar en forma grave algunos elementos de infraestructura, redunde políticamente a su favor.
Hay un elemento, poco valorado, que puede pesar mucho. Amplias franjas de la población, sobre todo en las grandes ciudades, con gran peso en la pequeña burguesía pero también con fuerza entre sectores de trabajadores y población popular en general, simpatizan con la idea de que se logre la paz, que termine el conflicto, que no haya más muertes de lado y lado.
Sin embargo, la mayor parte de esa simpatía general hacia una apertura de negociaciones –excepto en zonas de clara influencia política de la guerrilla o de la izquierda–, al momento de tomar partido en la mesa de negociaciones se coloca del lado del gobierno, respaldando la negociación pero con mínimas o ningunas concesiones políticas o de cualquier índole a la guerrilla. Si las FARC, debido a su accionar militar durante el periodo de negociación, aparecen como torpedeando o dificultando el acuerdo, el gobierno llevará las de ganar y obtendrá amplio respaldo político, de carácter sin duda reaccionario, para endurecer sus posiciones o para concluir las misma sin ningún acuerdo y profundizar su plan militar.
He ahí el riesgo, para las FARC, de negociar bajo el fuego. Por eso el tener que hacerlo es, sin la menor duda, una enorme concesión a la que se han visto obligadas.

De la rendición incondicional a la rendición negociada
Ni los negociadores de las FARC, ni Santos, desconocen la famosa síntesis de Karl von Clausewitz al señalar que “La guerra es continuación de la política por otros medios”. Cada uno la toma como punto de referencia para definir su ubicación y cada uno sabe que su capacidad de negociación dependerá de la fortaleza política que puedan presentar; colocando su capacidad e iniciativas militares al servicio de su estrategia política.
Santos, al igual que su antecesor Uribe, mantiene presente la definición del mismo Clausewitz respecto a que la guerra “Constituye una acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”. Pero, mejor estratega que el propio Uribe, Santos no concibe el “acatamiento de nuestra voluntad” como el aplastamiento físico del contendor militar o social y que este tenga que colocarse de rodillas suplicando clemencia y perdón.
La política de negociación de Uribe y los contactos que realizó con los grupos insurgentes, que ahora ya han salido a la luz pública, podría sintetizarse en una propuesta de rendición incondicional, es decir que procediesen a “acatar nuestra voluntad” como única respuesta y salida ante el “acto de fuerza” que significaba el accionar militar a lo largo y ancho del país y más allá de las fronteras (bombardeo al Ecuador o secuestro en Venezuela de Rodrigo Granda, por ejemplo).
Santos, como gran burgués, no concibe las relaciones entre los explotadores y los explotados como las concibe el terrateniente Uribe; éste refleja más las relaciones patrón-mayordomo en el gran latifundio, del cual fue y es uno de los mejores representantes y voceros políticos. Santos mira el poder y los avances obtenidos por la burguesía colombiana durante los últimos 50 años, unas veces a pesar y otras veces gracias a la guerra, y ha hecho una valoración cuidadosa sobre la posibilidad de cambiar de tercio, buscando un marco en el cual se “acate nuestra voluntad” estando dispuesto a hacer algunas concesiones a cambio, entre ellas la dignidad, tan valiosa para quien se ha jugado la vida desafiando con las armas la voluntad del contendor, a cambio de que las FARC concluyan el alzamiento armado y hagan política por otros medios, incluso medios que durante los últimos 50 años no han podido usar de manera abierta, siempre y cuando sean distintos de la guerra.

La agenda y las posibles concesiones de Santos
Ya hemos señalado las que hasta ahora son concesiones de las FARC. Santos ha intentado presentarse como haciendo una gran concesión: iniciar negociaciones. Sacó la llave de la paz de su bolsillo, levantó la mano mostrándola y volvió a guardarla mientras transcurren las negociaciones. Las demás concesiones de parte y parte sólo se podrán ir valorando a medida que se logren acuerdos sobre los puntos de la agenda. Hay que tener claro, sin embargo, que se juega a que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Es decir, que ninguna concesión parcial lo será, ni de un lado ni de otro, hasta tanto todas lo sean.
Vistas así las cosas vale la pena entonces comenzar a analizar someramente algunos de los puntos principales de la agenda, intentando vislumbrar qué podría darse de parte y parte en cada uno de ellos, sin que sea posible avanzar un vaticinio sobre el resultado final.

Política de desarrollo agrario integral
Este es el primer punto de la agenda. Se señala en el texto del acuerdo suscrito que “El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. Es tan general la formulación que cabe todo y cualquier acuerdo es posible.
En los seis sub-puntos se detallan diversos aspectos como “Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. […] Infraestructura y adecuación de tierras. […] Desarrollo social, educación, vivienda… […] Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. […] Subsidios… […] Crédito…”.
Mirado desde el punto de vista de la burguesía y el gobierno, hay amplios sectores a quienes interesa el desarrollo agrario pues les abrirá mayores posibilidades de expandir su campo de negocios; sólo que hasta ahora lo han hecho sobre un modelo de gran propiedad territorial, con puertas abiertas al despojo al campesinado pobre. Pero ajustes, parches no sustanciales y remiendos a ese modelo son posible y de hecho hay franjas burguesas que claman porque así se haga. Esa es la razón para que se haya expedido la Ley de Tierras que pretende armonizar la necesidad de tierra del campesinado pobre, sobre todos de los desplazados, con la gran propiedad que se requiere para los proyectos mineros y de agrocombustibles, en una política que sólo puede denominarse como legalización e institucionalización del despojo.
Mirado desde el campo de las comunidades asentadas en zonas de colonización o de frontera agrícola, donde tienen influencia significativa las FARC, sin vías de comunicación adecuadas, sin servicios públicos, sin condiciones para comercializar sus productos a precios favorables, el margen para posibles acuerdos con un gobierno como el de Santos es significativamente amplio para las FARC. Podrá haber compromisos de planes de obras públicas, puestos de salud, mejoría de la cobertura en educación y saludo, crédito barato para unos cuantos miles de familias campesinas, etc. Nada de ello generará un choque frontal con el plan de económico y social de Santos hacia el campo. Sin embargo, nada de ello variaría en lo sustancial la situación de la enorme mayoría de explotados, marginados y oprimidos del país.
Un choque frontal con Santos, en este terreno de algunas concesiones limitadas respecto al “desarrollo agrario integral”, sólo podrían presentarse si las FARC levantasen propuestas por lo menos muy radicales como una reforma agraria profunda que significase la devolución al campesinado de los seis millones de hectáreas que le fueron arrebatadas en las últimas décadas, la expropiación de los latifundios (productivos e improductivos), etc. Pero todo indica, por las declaraciones conocidas hasta ahora, que no será ese el tipo de exigencias de las FARC para obtener una “paz con justicia social”.
En el tema agrario, los asuntos propuestos en la agenda aparecen como complementarios de la política actual desarrollada por la ley de víctimas y de restitución de tierras, esto es, la legalización del despojo y las nulas posibilidades de verdadero retorno de las personas desplazadas a sus territorios, cuyas vidas continúan en la mira por los ejércitos anti-restitución que pululan por todo el territorio nacional y que están actuando cada día con más violencia cuando por los reclamos de las comunidades se abre un proceso de “devolverle” la tierra a las víctimas.
Muy en el pasado están las proclamas revolucionarias de las FARC, como la de la Ley 001 de “Reforma agraria revolucionaria”, promulgada por la Séptima Conferencia el 14 de mayo de 1982, donde se señalaba: “ARTICULO 2. Todas las propiedades o concepciones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc., quedan abolidas a partir de la sanción de la presente Ley y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP). Así mismo quedan abolidas todas las propiedades de carácter personal de los latifundistas o las amparadas por sociedades anónimas, limitadas, en comandita o de hecho y pasan bajo control de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), quienes de acuerdo con el Programa Agrario de los guerrilleros, las entregarán en usufructo a los campesinos sin tierra, sobre la base de unidades económicas que el Comité Nacional para la Reforma Agraria señale.” Entre la anterior formulación y la que hipotéticamente podría llegar a pactarse con un gobierno como el de Santos seguro habrá gran distancia.
¿Olvido en la agenda? Es interesante observar, como nota marginal a la agenda aceptada por las FARC, que no se incluye ni una sola línea, ni una sola frase, ni una sola palabra, al más grande problema de todo el país, que afecta y afectará a millones de pobladores de ciudades grandes, medianas y pequeñas, que ya ha producido y continuará produciendo enormes confrontaciones sociales. Nos referimos la locomotora santista de la gran minería que ha abierto de par en par la explotación inmisericorde de los recursos naturales a las multinacionales. A la vista está la lucha contra el proyecto de Santurbán (que amenaza el suministro de agua a Bucaramanga), la lucha en el Tolima contra el proyecto de La Colosa, etc. ¿Es esta la más grande concesión de las FARC al gobierno Santos y a su plan económico?
Participación política
La participación política es el segundo gran punto de la agenda. En él se detallan “Derechos y garantías para el ejercicio de la actividad política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. […] Mecanismos democráticos de participación ciudadana… […] Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local… […] Igualdad de condiciones con garantías de seguridad.”
La vocación reaccionaria y el monopolio del poder político por parte de la burguesía colombiana es proverbial en América Latina. En el pasado reciente, durante 16 años, por norma constitucional, los dos grandes partidos burgueses (liberal y conservador) pactaron alternarse en la presidencia y repartirse toda la burocracia estatal. Fue el nefasto periodo del Frente Nacional. Sin embargo, hay nuevos tiempos… mucho ha cambiado… para que todo siga casi igual. Desde 1991, con la nueva Constitución y la integración a la legalidad de diversos grupos guerrilleros, hay una apariencia de mayor amplitud democrática. Aparecieron más partidos burgueses, todos ellos disidencias, rompimientos o reagrupamientos de los mismos caciques, gamonales, empresarios y mafiosos liberales y conservadores.
En diversas ocasiones, entre sus fisuras, se han colado expresiones políticas de otras características que intentan representar a sectores de la pequeña burguesía urbana o que han ganado fuerza entre franjas de trabajadores (Polo Democrático Alternativo, Progresistas, Partido Verde, etc.). Hoy todo esto –siempre y cuando se esté sometido a las reglas, se “acate nuestra voluntad” al decir de Clausewitz– es posible en la putrefacta democracia burguesa colombiana que es y continuará siendo, más allá de los resultados de las negociaciones de Santos con las FARC, un reaccionario régimen burgués. Pero igual, algunas concesiones son posibles. Incluso bastantes concesiones son posibles.
El juego y las posibilidades de “repartir” la baraja para el juego político, para acceso a medios de comunicación, para ventajas directas o indirectas a diversos movimientos a quienes se trata de beneficiar o conviene favorecer en un momento determinado, son bastante amplias para que el equipo negociador del gobierno pueda mostrarse algo generoso. Todo indica que será en este punto de la agenda donde se concentrarán las mayores concesiones posibles del gobierno para lograr que las FARC pasen a continuar su política por otros medios, distintos de la guerra.

Fin del conflicto
El fin del conflicto es el otro tercer gran punto de la agenda, incluyendo: “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político […] revisión de la situación de las personas privadas, procesadas y condenadas […] Garantías de seguridad.”
Todo lo anterior es, en últimas, operativo, aunque de importancia decisiva pero dependerá en gran medida de los acuerdos logrados en los dos puntos anteriores. Si en ellos hay acuerdo en este punto se encontrará solución hasta a los problemas más complejos, que son bastantes.
Sobre la reincorporación de los militantes “a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político” y la “revisión de la situación de las personas privadas, procesadas y condenadas” existen variedad de experiencias: subsidios durante un periodo de tiempo, cupos y becas en universidades, cupos de trabajo en organismos estatales y en la “generosa” empresa privada, etc. A la vez, para la situación de los detenidos, procesados y condenados hay todo un vademécum jurídico que incluye suspensión de penas, libertades condicionadas, condenas sin privación de libertad, etc. No serán estos los aspectos más complejos.
Entre los problemas que pueden llegar a ser más complejos está el destino final del armamento que poseen las FARC. La fórmula pactada “Dejación de las armas” es ambigua a propósito. Voceros de las FARC han hablado de “dejar de usar” las armas, lo cual es una particular forma de “dejación” en la cual se trasluce la posibilidad de mantener la posesión. Pero, esa posible posesión, ¿con qué objetivos? ¿Al servicio de qué plan? ¿En qué carácter?
Las FARC no han sido, ni son, una guerrilla de carácter obrero revolucionario que haya estado dispuesta a someterse a las decisiones democráticamente adoptadas de las organizaciones de masas, como hace poco quedó demostrado en su actitud frente a las exigencias de los indígenas del norte del Cauca. Si tal fuesen el problema del armamento tendría una solución, sin la connotación de rendición que expresaría su entrega al gobierno o su destrucción, colocando dicho armamento a disposición de las organizaciones de masas obreras y populares para que ellas, de manera democrática, decidiesen qué es lo que más conviene.
Damos por supuesto que la exigencia gubernamental contemplará las clásicas variantes de fundirlo en un monumento por la paz, lanzarlo al fondo del mar o entregarlo a alguna organización internacional que decida su destino final. Todas ellas tienen una connotación reaccionaria de rechazo al uso de la violencia reivindicando el Estado uno de los principios fundamentales en el que basa su fuerza de opresión y dominación: el monopolio de las armas.
Cuando conviene a la burguesía y al imperialismo, los Estados burgueses “ceden” el derecho de armamento a sus grupos reaccionarios (como los paramilitares en el caso colombiano, los grupos fascistas en otras situaciones históricas) pero nunca aceptarán que las organizaciones de masas cuenten, así sea sólo para su defensa, con su propio armamento, controlado y decidido su uso por ellas mismas. A manera de ejemplo: Van ya varias decenas de líderes campesinos asesinados por la reclamación de devolución de tierras a sus comunidades. ¿Por qué no armar a dichas comunidades para que puedan defenderse y no como sucede ahora que están siendo masacradas sin misericordia? He ahí, en el destino final del armamento, un problema de significativa importancia dentro de los acuerdos del “fin del conflicto”.

Solución al problema de las drogas ilícitas
Este punto de la agenda incluye, como aspecto esencial “Programas de sustitución de cultivos ilícitos”. Sobre esto hay ya bastante experiencia acumulada. Ahí habrá, posiblemente, una contradicción que sólo se expresará en el mediano y largo plazo. ¿El plan que se logre trazar brindará ingresos similares o superiores a las comunidades campesinas que, protegidas en cierta medida por las FARC, desarrollan estos cultivos?
Porque para el campesinado pobre el cultivo de coca es, antes que nada, un problema de sobrevivencia económica. Cultivando plátano, yuca y cuidando algunas gallinas no logra sobrevivir. Que abandone pacíficamente los cultivos de coca dependerá de cuánto esté dispuesto a invertir el gobierno en subsidios, ayudas, programas de nivelación de precios, para que los productos agrícolas de esas zonas sean rentables y garanticen al campesinado mejores condiciones de sobrevivencia que las que obtiene con la coca –las cuales son bastante miserables.
Entre las FARC y el gobierno puede haber un acuerdo en trazar un plan de sustitución de cultivos ilícitos. Este no tendría por qué ser un motivo por el cual las negociaciones no lleguen a tener éxito. Otro asunto, por completo distinto, es que ello signifique una “solución al problema de las drogas ilícitas”. Una solución democrática y de fondo a tal problema obliga a la legalización del cultivo y consumo, atención al consumo de drogas psico-activas como un problema de salud pública (similar al alcohol o el tabaco), respeto al cultivo y uso tradicional que de estas sustancias hacen las comunidades indígenas. Sólo así se podría reventar el lucrativo negocio capitalista que se esconde tras el cultivo, procesamiento y tráfico de estas sustancias; negocio potenciado por la ilegalidad y la política que en torno al mismo mantiene el imperialismo (en especial el norteamericano).
Ya el gobierno Santos, unido a diversos sectores de las burguesías latinoamericanas, han planteado este debate en forma parcial. Durante la pasada Cumbre de las Américas, en Cartagena, señaló que debe reexaminarse la lucha anti-drogas. El cambio de la política, eso sí, deberá tener el visto bueno del imperio norteamericano, que además de dar el visto bueno desde el comienzo a la negociación con las FARC tiene a un hombre de su total confianza en la Mesa: el ex general Naranjo.
Los anteriores, además de aspectos operativos, son los puntos en torno a los cuales se centrarán las negociaciones. En los próximos meses veremos los resultados, los acuerdos y los pactos, si se logra, como es deseado por millones de colombianos, concluir el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera”.

¿Habrá paz?
Entendida la paz como el cese del enfrentamiento armado de las organizaciones guerrilleras con el Estado no nos cabe la menor duda que, por todos los elementos que están en juego, por la combinación de circunstancias nacionales e internacionales, esa posibilidad existe. Es probable que se logre pactar entre el gobierno Santos y las FARC un acuerdo final en ese sentido. Para que ello se dé habrá concesiones mutuas, en diversos terrenos, algunas de ellas incluso que podrían presentarse como un triunfo significativo de las propias FARC. Esto es lo que denominamos una rendición negociada. Las FARC abandonarán el intento de, a través de “un acto de fuerza” (la guerra), “obligar al adversario a acatar nuestra voluntad”, introduciendo, por ejemplo, transformaciones sociales tan profundas como las planteadas en la Ley 001 de “Reforma Agraria Revolucionaria”, promulgada por la Séptima Conferencia de 1982.
Por su parte, el gobierno Santos, respaldado por la enorme mayoría de la burguesía y el imperialismo, buscará que las FARC, sus militantes e influencia se acomoden al funcionamiento del régimen político colombiano, “acatando la voluntad” de la clase dominante, así ello obligue incluso a variar algunas características de dicho régimen.
Para el gobierno Santos se trata, al igual que en muchos otros países en los cuales se han dado procesos similares y en forma más o menos semejante a cómo se dieron con grupos guerrilleros anteriores en el propio Colombia, que dichos grupos continúen su “política por otros medios” (no a través de la guerra), pues tienen un convencimiento absoluto que sus programas políticos no son en absoluto antagónicos con el dominio económico y social de su clase y que, incluso, pueden llegar a gobernar en común con ellos. Que lo logren, a qué costo para unos y otros, a través de qué concesiones, se sabrá en los meses y años venideros. Por ahora, ¡la cena de inicio en la gélida ciudad de Oslo está servida y las negociaciones –menos secretas que las que ya se han adelantado– continuarán luego bajo el calor tropical, en La Habana!