Reforma Judicial: ¿Qué se esconde?

Hace algunos meses Luis Carlos Sarmiento rindió unas declaraciones en la que señalaba que: “(...) Requerimos alcanzar un Estado que nos permita disfrutar de una justicia que, por sus características de oportunidad y cumplimiento, verdaderamente merezca el calificativo de justa”.( Intervención en la XXV asamblea de Anif, 25 de octubre de 2011 ) Que el dueño de cerca del 30% la banca del país y recientemente propietario del 88% de El Tiempo, reclame una justicia “oportuna” y “justa” resulta por lo menos paradójico, si se tiene en cuenta que en el capitalismo sólo existen dos tipos de justicia, la que se aplica a los ricos y la que se aplica “al resto”.

Todo bajo control
La reforma judicial (que ya superó cinco de los ocho debates parlamentarios) se suma a otras reformas del engranaje jurídico que tienen como objetivo continuar trasladando funciones públicas a los particulares, adecuarse a las exigencias del libre comercio y dotar de más herramientas represivas al estado1.
A pesar de que la justicia es utilizada en general para criminalizar la pobreza, reprimir al pueblo y garantizar que el capital funcione, algunos fallos pueden perjudicar los negocios o ir en contravía de las decisiones del Ejecutivo. Ocurre así con el reconocimiento de algunos derechos fundamentales (salud, pensión, vivienda) o las condenas por violaciones a derechos humanos. Se convierte entonces en una necesidad para la burguesía tener una justicia cada vez más subordinada. A los magistrados de las altas cortes se trata de “meterlos en cintura” combinando la zanahoria y el garrote: ofreciendo prebendas burocráticas unas veces, y otras, interceptándolos y desprestigiándolos; y para los jueces y fiscales que interpreten las normas con un enfoque democrático, la jurisdicción disciplinaria y la declaración de insubsistencia2 o la descalificación pública de sus decisiones, son siempre buenas opciones.
Con la reforma se elimina la división formal de poderes, trasladando funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas y aumentando la intromisión del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda tendrá asiento en la “Sala de Gobierno” de la que ya hace parte el Ministerio de Justicia, siendo esta instancia la que construye el presupuesto anual y en donde se diseña el funcionamiento interno, decisiones que estarán supeditadas a criterios fiscales.

Impunidad y privatización
Santos tiene control de las mayorías parlamentarias que le permiten garantizar la “seguridad jurídica” al capital a cambio de la impunidad para los “padres de la patria”3. Por efectos de la “parapolítica” han sido investigados unos 130 parlamentarios y muchos de ellos han perdido su investidura. Con la reforma de la justicia será imposible la pérdida de investidura pues deberá existir una sentencia condenatoria de primera instancia. La creación de normas en beneficio propio se hará más expedita: el conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los parlamentarios participen en el debate y votación de actos legislativos.
El represamiento de más de 2.9 millones de procesos ha sido uno de los argumentos principales del ejecutivo para proponer la reforma. Para “descongestionar” la justicia no se propone la ampliación de la planta de personal, ni la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores de la rama; sino continuar con la privatización entregando “transitoriamente” funciones judiciales a abogados, notarios y centros de arbitraje, cuyos honorarios tendrán que asumir los ciudadanos. Así la acción judicial deja de ser una obligación del Estado para convertirse en un servicio al que podrán acceder aquellos que puedan pagarla, y para disminuir los costos de funcionamiento del aparato judicial, se precarizará aún más a los trabajadores, cargándolos con más funciones (como propone la reforma) y utilizando contratistas, como ya ocurre con los despachos de descongestión4.
Nada beneficioso puede salir para el pueblo del parlamento burgués. Se trata nuevamente de cantos de sirena que esconden los verdaderos intereses del capital. Lo único que garantizará una justicia para los pobres y oprimidos es la construcción de una sociedad socialista. Eliminada la propiedad privada de los medios de producción desaparecerá la causa principal de la mayor parte de las actuaciones que hoy se califican como delito y será innecesario un aparato judicial al servicio del capital.

La administración de justicia hoy
La mayoría de los edificios judiciales se encuentran en condiciones ruinosas y antihigiénicas, lo que sumado al hacinamiento y a las altas cargas laborales, atenta contra la salud de los trabajadores. No se cuenta con las herramientas suficientes y tampoco se garantiza la integridad de los funcionarios: Asonal Judicial registra más de 460 asesinatos de funcionarios y trabajadores en los últimos 25 años.
En 1997 había 3.345 conflictos judiciales por cada 100mil habitantes, en 2009 esa cifra se había incrementado en un 79% al pasar a 6.000. El Consejo Superior de la Judicatura5 dispuso hace varios años la supresión de los cargos de sustanciadores y escribientes de los juzgados penales municipales y después creó las Unidades Judiciales dejando sin juzgados a más de 200 municipios, lo que ha afectado el acceso a la justicia. Desde 1993 el presupuesto asignado a la rama sólo ha crecido un 17%. En 2010 el importe asignado fue apenas el 2% del PIB en comparación con el 5% solicitado.
Pese a lo anterior en los últimos 20 años se pasó de resolver 800.000 casos a 1.5 millones en el ámbito de lo contencioso, sin embargo el número de funcionarios judiciales solo subió de 9.64 a 10.24 por cada 100.000 habitantes entre 1992 y 2009.

1 Se aumenta el tiempo de detención por autoridades de policía sin orden judicial de 36 a 72 horas.

2La inestabilidad laboral de los operadores judiciales es muy alta pues no ha sido implementada una carrera judicial democrática.

3Por las relaciones con paramilitares a la fecha ya han sido condenados 4 expresidentes del Congreso. Hasta diciembre de 2011 había 98 congresistas; 33 exparlamentarios, 22 exgobernadores y 6 exalcaldes, así como exfuncionarios del orden nacional vinculados a investigaciones por parapolítica, han sido proferidas 35 condenas. (Fuente: Corporación Nuevo Arco Iris).

4Los trabajadores de los despachos de descongestión se vinculan mediante contrato de prestación de servicios.

5Ente creado en la constitución del 91 que ha sido criticada por su burocratización y corrupción, y que absorbe cerca del 12% del presupuesto asignado anualmente a la Rama Judicial.