Entrevista con María Espinosa - Abogada de la familia de Carolina Garzón

E.S. María, ¿podrías precisar en qué momento nos encontramos respecto a las tareas de búsqueda e investigación sobre la desaparición de Carolina?

M.E. Lo primero que tenemos que decir, o mejor repetir, que parece obvio pero es lo fundamental: Carolina Garzón no está; y a la fecha no hay ninguna pista fehaciente sobre su paradero.

Y la falta de respuesta sobre el paradero de Carolina obedece a varias razones; la primera y fundamental es que el Estado ecuatoriano no ha garantizado una investigación seria, imparcial y efectiva; algunas de las diligencias han sido formalidades infructuosas y la mayoría han dependido de la iniciativa procesal de los familiares de Carolina Garzón y de su abogada.

La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de los derechos de Carolina y de sus familiares. Es importante precisar que la investigación efectiva es una obligación estatal válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la desaparición, aún los particulares. Si los hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano.

Lamentablemente todas las omisiones y negligencias cometidas por el Estado ecuatoriano en la persona de fiscales e investigadores policiales al inicio de la investigación, recién ocurridos los hechos, los arrastramos y los vamos a seguir arrastrando siempre. Es un tema que hemos dicho muchas veces y tenemos que reiterar. Ese contexto es lo que nos permite entender qué está pasando hoy con el caso de Carolina.

E. S. Significa lo anterior que, en el momento actual ¿debemos señalar como principal responsable de que Carolina aún se encuentra desaparecida al Estado ecuatoriano? Es decir, si bien no lo señalemos como responsable directo inicial de su desaparición, de lo cual no hay pruebas, ¿sí podemos decir que esa condición de desaparición se mantiene durante años por responsabilidad, ineficiencia, incapacidad del Estado ecuatoriano?

M. E. Sí, por supuesto. El Estado ecuatoriano –y cualquier Estado– tiene responsabilidades positivas y negativas en materia de protección y de derechos. Es decir, el Estado tiene una primera obligación relativa a no desaparecer a las personas; y cuando las personas desaparecen presumiblemente en manos de particulares, es decir, cuando la desaparición no es forzada, el Estado también tiene la obligación de búsqueda, investigación y sanción a los responsables.

Cuando el Estado no hace investigaciones eficientes, cuando el Estado no tiene los mecanismos idóneos para que las personas puedan tener acceso a la justicia para que los responsables sean sancionados; pero cuando además el Estado no garantiza de forma idónea, participativa y completa que los familiares de Carolina Garzón puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades y que durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas tengan amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación; cuando todas estas situaciones anormales se dan, entonces sí, el Estado tiene responsabilidad en que la desaparición aún continúe.

E.S. Sin embargo, el Estado –a través de diversas instituciones gubernamentales y de sus funcionarios– argumenta haber realizado enorme cantidad de diligencias. ¿Eso no contradice la anterior afirmación?

M.E. De manera alguna. Primero, cantidad no significa idoneidad, ni calidad. Segundo, es muy importante evidenciar que más de tres años después de la desaparición de Carolina el Estado ecuatoriano no tiene una línea de investigación específica por lo que muchas diligencias no obedecen a la lógica de corroborar o contradecir una hipótesis; esa carga se ha puesto sobre la familia y su abogada, quienes a lo largo de estos años hemos aportado a la Fiscalía al menos tres hipótesis que a la fecha no han sido debidamente analizadas; además del pedido de varias diligencias que tampoco han sido evacuadas o se han evacuado de manera incompleta. La ausencia de una línea investigativa conduce a que se disparen acciones en múltiples direcciones, sin guardar ningún rigor y se hacen cientos de diligencias que son inoficiosas. O, en su defecto, la ausencia de dicha línea investigativa genera que no se haga nada.

Cuando, como en Ecuador, no existe un equipo fiscal y policial especializado es complejo que los casos de desaparición sean debidamente abordados.

La Comisión Interamericana de Derechos ha señalado que “El deber de investigar es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por situaciones como la desaparición de personas en los cuales se violentan o anulan derechos a la libertad personal, a la integridad y la vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda atribuirse la violación; aún si son particulares. Si los hechos no son investigados con seriedad resultarían auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.” (Negritas nuestras).

E. S. ¿Qué ha sucedido con el caso de Carolina?

M. E. Lo que ha pasado con el caso de Carolina es que la carga procesal ha estado en nuestras manos; pese a que el Estado es el que debe promover la realización de diligencias, es el que debe proponer cuáles son las pericias necesarias; la carga esta sobre nosotros porque la Fiscalía carece de una línea de investigación, de una hipótesis. Ha sido el partido, la familia, la abogada, los que hemos tenido que estar permanentemente ingeniándonos qué hacer, ingeniándonos qué pedir, ingeniándonos las diligencias. Incluso hemos tenido que ser nosotros los responsables de contactar a los testigos, a las fuentes. Porque ni siquiera esa obligación ha sido asumida por el Estado.

Sin embargo, pese a que todos nosotros somos plenamente conscientes de que eso ha sido así y eso puede ser corroborado en el expediente fiscal el Estado ecuatoriano pretende utilizar eso en contra de la propia familia, y decir que ha sido la Fiscalía la que ha promovido todas las investigaciones y acusar a la familia y a su abogada de haber entorpecido la investigación ocultando información sensible a la Fiscalía.

Entonces, las víctimas, en este caso la familia, pasan a ser victimarias. Las víctimas que deberían ser atendidas en forma diferenciada, diligente y reparadora por el Estado pasan a ser señaladas, estigmatizadas y agredidas por el Estado, que al no tener ninguna forma de justificar su inoperancia responsabiliza a las víctimas –en este caso a la familia y a su abogada.

E. S. ¿Hay aspectos no tomados en consideración por el Estado ecuatoriano y la Fiscalía que podrían ayudar a esclarecer los hechos de la desaparición de Carolina?

M. E. En el caso de Carolina Garzón hay elementos que, a mi criterio, son importantes para poder esclarecer los hechos y que no han sido tomados en cuenta por el Estado. En esta investigación la falta de eficacia del Estado, su precariedad y su falta de conocimiento, sumado a no tener una hipótesis –ni una línea de investigación– se ve reflejado en desconocer, no analizar adecuadamente o estigmatizar temas como por ejemplo el género, las convicciones políticas, las actividades que desarrollaba Carolina antes de su desaparición, la condición migratoria, la nacionalidad y los vínculos afectivos de Carolina.

Durante estos tres años hemos tenido que asistir a una continua estigmatización de la persona de Carolina Garzón. Hemos tenido que asistir a continuos señalamientos sobre su conducta sexual, sobre su consumo o no de determinadas substancias, su vinculación o no con un partido político. Es decir, que el Estado, además de poner una carga sobre los familiares ha pretendido poner una carga sobre la propia Carolina Garzón; y hasta el día de hoy no hemos recibido una sola explicación coherente ni una sola disculpa por el comportamiento del Estado, a esos efectos en particular.

E. S. ¿Podría usted señalar aspectos concretos en los cuales se manifiesta la falta de diligencia del Estado?

M. E. Son múltiples. Diligencias que han sido solicitadas desde el primer año, en el segundo año y en el tercer año desde la desaparición de Carolina siguen sin ser despachadas. Todavía no contamos con un análisis íntegro de todas las versiones que reposan en el expediente; ni con las versiones de todas las personas que convivían con Carolina días antes de su desaparición; no contamos con el aporte de peritos neurolingüistas en el análisis de la información obrante en el expediente; no contamos con informes periciales de algunas pruebas que fueron trasladadas a Colombia. Ahí también, entonces, hay una responsabilidad negligente del Estado colombiano, en materia de cooperación internacional para el esclarecimiento de los hechos.

Nos costó tres años lograr que se realizara una reconstrucción de los hechos, que es una diligencia que debería hacerse a la mayor brevedad luego de ocurridos los hechos. Y nos costó tres años de lucha y de exigencia y lamentablemente fue una diligencia a la que le faltó rigor técnico, a la que le faltó asistencia de profesionales y de la que no obtuvimos un resultado óptimo como esperábamos; a la fecha no contamos con los soportes en audio y video de la diligencia de reconstrucción, ni con la graficación en 3Dimensiones de la misma.

Luego tenemos otras diligencias que tienen que ver con la recolección de información en el lugar donde vivía Carolina y con el análisis de dos hipótesis que han sido planteadas por la familia y su representante legal. Esas hipótesis tienen que ver con el cometimiento de un delito sexual; hipótesis que fue planteada por la Fiscalía colombiana y que no ha sido ratificada o descartada; y otra que tendría que ver con hechos de tráfico o microtráfico de estupefacientes que pudieron motivar la desaparición de Carolina. Sin embargo, ninguno de esos dos escenarios han sido debidamente analizados por la Fiscalía, lo cual genera que al día de hoy Carolina no esté y no exista claridad por parte de la Fiscalía sobre hacia dónde orientar la investigación.

E. S. ¿Qué repercusiones tiene toda la anterior situación para la familia y allegados?

M. E. Todo lo anterior genera un gravísimo impacto. Inmediatamente después de la desaparición la familia y allegados se encontraban en una situación de profundo dolor, de profunda angustia. Pero a medida que va pasando el tiempo esa situación, ese dolor sicológico, ese daño moral se va a agravando. Las condiciones de vida, las condiciones de esperanza de la familia se van agravando. No encontrar a Carolina hace que el impacto de su desaparición se ahonde día a día. Y eso también es una responsabilidad estatal. Porque el Estado tiene la obligación de atender y acompañar de forma reparadora a las víctimas y sus familiares. Y en este caso ha hecho todo lo contrario.

E. S. Conocemos que el Estado ahora incumple compromisos asumidos con la familia. ¿Podría detallarnos más ese aspecto?

M. E. En el mes de agosto de 2014 el presidente Rafael Correa se comprometió con la familia Garzón en asumir el pago de los honorarios profesionales de su abogada; a esos efectos el 31 de diciembre de 2014 se firmó un contrato de servicios profesionales por un año de duración entre el Ministerio de Justicia y la abogada de la familia Garzón para el patrocino legal del caso. De ese contrato se definía que un porcentaje se destinaria para cubrir los gastos de movilización y alojamiento de las personas que asistieron a la reconstrucción de los hechos (que venían de países como Argentina, México o Colombia), y un porcentaje para la manutención de la madre de Carolina, que se encuentra en Quito.

Sin embargo, ya en el mes de abril de este año 2015, cuando se hizo una rueda de prensa en la que se señaló que se cumplían tres años sin Carolina Garzón, recibí una primera llamada del Ministerio de Justicia indicando que no les gustaba que diéramos declaraciones públicas ni realizáramos ruedas de prensa. Posteriormente en el mes de junio, nuevamente hicimos una rueda de prensa en la que denunciamos incumplimientos de varios compromisos estatales. Hubo entonces un segundo llamado del Ministerio indicando su incomodidad por estas acciones públicas. Finalmente, en el mes de septiembre, presentamos ante el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas un informe en el que damos cuenta de todos los obstáculos y las violaciones de derechos a las que son sometidos los familiares de Carolina y de otros siete casos en el Ecuador. Dos días después de la presentación de ese informe el Ministerio de Justicia nos notificó diciendo que de manera unilateral cancelaba el contrato por supuestos incumplimientos de mi parte: Es necesario aclarar que dicho contrato se firmó en cumplimento de los acuerdos realizados con la familia Garzón y de una obligación estatal para con esta familia y que debería ser una obligación estatal para con todos los familiares de personas desaparecidas.

Con fecha 21 de septiembre le presentamos al Ministerio de Justicia un informe de descargos sobre las imputaciones de incumplimientos por ellos realizadas argumentando que los incumplimientos a los que ellos hacen referencia no estaban debidamente fundamentados y que gran parte de esos llamados incumplimientos obedecen a que se hicieron acuerdos verbales posteriores que modificaron algunas condiciones del acuerdo escrito. A la fecha no conocemos respuesta alguna por parte del Ministerio de Justicia.

E. S. Señala un informe ante Naciones Unidas, ¿en qué consistió el informe y qué consecuencias cree usted ha tenido que este informe se hubiese publicado?

M. E. El Estado ecuatoriano firmó en el año 2009 la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Al haber ratificado esa Convención el Estado se comprometió a informar a ese Comité, cada cuatro años, sobre los avances en la aplicación de esa Convención. En ese contexto, varios familiares de personas desaparecidas y la Fundación de Derechos Humanos INREDH decidimos elaborar un informe en el que se describen los graves obstáculos y violaciones de derechos humanos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en el proceso de conocer del paradero de sus seres queridos.

Ese informe fue presentado al Comité y al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas y a varios relatores de derechos humanos de Naciones Unidas. Lo que hacemos en él es describir cuáles son los obstáculos que enfrentan los familiares para acceder a la verdad, justicia y reparación. Hacemos varias recomendaciones que consideramos deben ser tenidas en cuenta por parte del Estado para que estos terribles hechos no vuelvan a repetirse. Entre esas recomendaciones están la implementación de bases de datos, la preparación de personal especializado, la aplicación de unos estándares mínimos de trato con los familiares, la garantía y promoción del derecho a la asociación.

E. S. ¿Por qué se eligieron ocho casos?

Porque creemos que esos ocho casos pueden hablar de un universo. Que esos ocho casos, bien por cómo se han desarrollado o por las omisiones que ha cometido el Estado en ellos representan lo sucedido en otros cientos de casos. Esos ocho casos hablan de la realidad del país. Además lo hicimos porque esas ocho familias, pese a saber que podían sufrir retaliaciones por parte del Estado decidieron hablar, decidieron contar lo que está pasando. Nosotros consideramos que una de esas represalias tiene que ver con el tema del contrato con el Ministerio de Justicia, como les decía. Que otras de las represalias tienen que ver con los señalamientos que hace Correa contra la Asfadec y la invitación que hace a que los familiares no se reúnan. Tiene que ver con cómo los funcionarios atienden –más bien desatienden– los reclamos y las exigencias de los familiares, cómo se los estigmatiza y cómo se ridiculizan sus exigencias.

E. S. ¿El Presidente Rafael Correa ha vuelto a actuar respecto a los desaparecidos?

M. E. Desde el mes de diciembre de 2013, producto de la lucha y de la persistencia de Walter Garzón, padre de Carolina, el presidente Correa sostiene reuniones semestrales con los familiares de personas desaparecidas. La última reunión se sostuvo el 13 de octubre de este año. En esa reunión hubo tres hechos preocupantes para el caso de Carolina.

El primero es que, tal como lo han dicho los últimos tres años, la respuesta fue: “Señora Alix Mery, estamos avanzando en las investigaciones. No le podemos dar información, porque es información reservada. Pero vamos por buen camino”. Están haciendo una aplicación indebida del concepto de la reserva ya que la reserva no debe aplicar a los familiares de la víctima, es decir, a los denunciantes. Segundo: están haciendo una mala aplicación del principio de la reserva porque el caso en Ecuador es un acto administrativo; es decir, se encuentra en una fase administrativa donde la reserva no existe, porque no se investiga un delito. Tercero: es falso que vayan por buen camino, porque no tienen un camino trazado en el caso de Carolina.

En segundo lugar, en dicha reunión se reprochó una vez más a Alix Mery el que en Costa Rica se hizo una protesta por parte de miembros del partido en el cual milita Carolina Garzón en una actividad en la que Presidente Correa estaba invitado a dar una conferencia. Esto al parecer ha afectado la imagen del Presidente Correa quien una vez más ha reclamado a la familia por estos hechos.

Como tercer aspecto, la reunión se centró en descalificar la acción de quien les habla, indicando varias cosas, como que no tengo un interés real en las víctimas, que milito o participo en un partido político en Ecuador y que he sido desleal con la Fiscalía al haber, presuntamente, ocultado información sensible del caso. De estos temas se han presentado escritos a la Fiscalía y a la Presidencia solicitando se sustenten esas aseveraciones y que se abstengan de seguirlas haciendo. Sin embargo, no hemos recibido respuesta alguna. Todos estos hechos lo que han hecho es afectar más y profundizar el daño psicológico y moral a Alix Mery (la madre de Carolina) y desviar la atención de la investigación y sobre la negligencia del Estado.

E. S. ¿En qué punto estamos, entonces, y cuáles son las tareas hacia el futuro?

M. E. Estamos en el punto de continuar la lucha iniciada hace ya casi cuatro años. Estamos en el punto de encontrar a Carolina Garzón y esclarecer las circunstancias y posibles autores de su desaparición. Estamos en el punto de seguir exigiendo al Estado que cumpla con sus obligaciones de investigación y de sanción a los responsables. Estamos en el punto de no cansarnos, porque el compromiso es saber qué pasó, quién se la llevó, dónde está.

Estamos en el punto, también, de exigir al Gobierno colombiano respuestas por la negligencia de más de dos años, por la falta de cooperación internacional, porque un año y medio después no ha sido siquiera capaz de contestar por escrito a más de 17 peticiones que ha hecho el Gobierno ecuatoriano para que envíe varios informes y para que devuelva varias evidencias que Ecuador solicitó fueran evacuadas y procesadas por Colombia. Esa falta de respuesta de Colombia ha afectado gravemente el caso. Necesitamos esos informes para ver si de ahí se desprende alguna conclusión o se desprende algún elemento que nos ayude a dar continuidad a la investigación.

Estamos en ese proceso de acompañar a la familia en su reclamo justo de justicia y verdad.

E. S. La desaparición de Carolina, más allá de la resonancia que ha tenido en Ecuador y a nivel internacional, es sólo una de las tragedias que por desaparición de seres queridos enfrentan centenares de familias ecuatorianas. A nivel más general, ¿cuál es la situación y la actuación estatal?

M. E. La lucha desarrollada desde el inicio por la familia Garzón, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Movimiento al Socialismo y decenas de organizaciones que apoyaron y respaldaron condujo a que la desaparición de personas en el Ecuador se convirtiese en un problema de primera importancia. De hecho, alrededor de la incansable lucha por Carolina se constituyó la Asfadec, la primera organización que se forma en Ecuador que agrupa a los familiares de personas desaparecidas en hechos que se cree hayan sido perpetrados por particulares.

A partir de diversas fuentes e información pública del propio Estado ecuatoriano él mismo reconoce que hay a la fecha 1.606 casos de personas desaparecidas. La mayoría de estos casos ha ocurrido desde el año 2010 hasta la fecha. Un porcentaje significativo, al menos el 60% se corresponde con mujeres, con mujeres jóvenes. Es decir, mujeres de 18 a 25 años. Finalmente, me atrevería yo a decir, en el 80% de esos 1.600 casos la respuesta es la misma: no están. Eso demuestra que hay unas fallas estructurales del Estado en materia de atención, de persecución, de investigación y de sanción de casos de desaparición de personas.

Lo anterior además muestra, gravemente, que no hay una política preventiva. No solo demuestra que no se actúa frente a los hechos ocurridos sino que demuestra que no se previene y no se protege a la población para que esos hechos no sigan ocurriendo. No hay en el país protocolos unificados para la investigación y para la búsqueda. No hay en el país personal especializado pese a que se ha creado una supuesta Unidad Especializada de Fiscalía que sólo funciona en Quito, con lo cual si yo llego a desaparecer en otra ciudad mi caso va a ser conocido por un fiscal que al mismo tiempo está conociendo causas de tránsito y de devolución de automotores.

Ese es el nivel de tratamiento que en Ecuador se da a la desaparición. No existe en el país una base de datos sobre personas NN, pese a que fue uno de los primeros compromisos de Correa en el 2013. De acuerdo a un informe policial hay al menos 593 personas consideradas NN enterradas en distintos cementerios del país. Al día de hoy no sabemos si alguna de esos 593 puede ser Carolina Garzón; tampoco existen protocolos claros para el tratamiento de cadáveres; cuando una persona muere su cuerpo es llevado a una morgue. Y si después de cierta cantidad de días no ha sido reconocido o reclamado por un familiar pueden pasar dos cosas con ese cuerpo. Puede ser depositado en una fosa común, en un cementerio. O ese cuerpo puede ser donado a una universidad para que los estudiantes de medicina puedan hacer estudios. No existe en el país un registro claro ni un procedimiento claro de cómo se hacen ese tipo de donaciones. Tampoco existe una base de datos de personas NN vivas que sean atendidas en centros de salud, públicos o privados o en albergues de paso, en centros de desintoxicación, con lo cual Carolina Garzón o uno de los 1.600 desaparecidos pudo haber sido atendido como NN en un hospital o centro de salud y no existe un registro de eso. Esos son algunos de los obstáculos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas en la búsqueda de ellos.

Lo anterior, sumado a la estigmatización y a que no hay una atención reparadora y con unos estándares psicosociales dirigidos a las víctimas y sumado a que además se está violentando los derechos a la libertad de asociación, el Presidente y varios de los funcionarios siguen reiterando a los familiares que hacer plantones, salir a hacer marchas en la calle, reunirse en Asfadec, son actos innecesarios y son hechos que pueden entorpecer las investigaciones con lo cual se está negando la libertad de asociarse a los familiares de personas desaparecidas y con ellos se violenta también su derecho a la libertad de expresión y su legítimo derecho a la protesta y a la movilización.

E. S. En el caso de Carolina, y en general respecto a todos los desaparecidos, ¿cuál sería el llamado a las organizaciones de derechos humanos, democráticas, etc., que conozcan la situación que has descrito?

M. E. Lo primero que solicitamos es que las organizaciones de derechos humanos, democráticas y personas en general estén vigilantes. Estén enviando comunicaciones permanentes al Estado ecuatoriano preguntando por Carolina Garzón y preguntando por las otras 1.600 personas desaparecidas. Porque los desaparecidos nos tienen que faltar y nos tienen que doler a todos.

Lo segundo, que se hagan exigencias al Estado ecuatoriano para que el Estado garantice, promueva y respete el derecho a la asociación. Para que se protejan y garanticen los derechos que tienen Asfadec y todos y cada uno de sus miembros y fundamentalmente para que se garanticen y protejan los derechos de defensores y defensoras de derechos humanos. Muchos de los familiares lo son; en mi caso también lo soy. Las actuaciones, señalamientos y persecuciones del Estado impiden que realicemos nuestra labor.

En referencia al estado Colombiano lo ideal es que se puedan hacer acciones de vigilancia sobre él, de manera particular preguntando sobre sus responsabilidades en materia de cooperación internacional en el caso de Carolina Garzón, exigiendo la salida inmediata del Fiscal Sergio Rodríguez de este caso y solicitando que el Estado colombiano o archive el caso de Carolina Garzón –por ser hechos que no ocurrieron en su jurisdicción– y que de esa forma facilite que las asistencias penales de cooperación se hagan con rapidez o, si le interesa mantener un expediente abierto que trabajen en él. Que nombren un fiscal que sea eficiente, que trabaje en los hechos.

Por último, seguir manifestando la solidaridad a la familia de Carolina Garzón y a las familias de las 1.600 personas desaparecidas en Ecuador que, de diversas formas y desde diversos escenarios, buscan a los suyos y exigen verdad, justicia y reparación.