Se negocia el conflicto armado... arrecia la guerra social

 
Las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC dominan la agenda política nacional. Las declaraciones de los agentes del Estado y los comandantes de la insurgencia giran en torno a la posibilidad del fin del conflicto armado y sus consecuencias para el país. Todos los sectores políticos y sociales emiten declaraciones a favor o en contra del proceso iniciado, incluidos los voceros del imperialismo o los gobiernos de la región.
Los trabajadores no podemos dar la espalda a este proceso, pues de una manera u otra influirá en las condiciones políticas en medio de las cuales libramos la lucha por la defensa de nuestros derechos –desde nuestras organizaciones gremiales y políticas– con la movilización social contra los planes del gobierno y la patronal. El posible final de casi cincuenta años de enfrentamiento militar entre el aparato represivo del Estado y la insurgencia armada –cuyo origen fue la resistencia del campesinado a la violencia sistemática de los terratenientes, pero cuya evolución política y militar ha restado legitimidad, aislándola cada vez más de la población pobre– nos impone fijar una posición de clase frente a esta negociación.
Es posible, y deseable, que termine el conflicto armado. La persistencia del enfrentamiento militar se ha convertido, desde hace mucho tiempo, en un factor pernicioso para un desarrollo más nítido de la lucha de clases en nuestro país y que las masas trabajadoras puedan, con sus métodos democráticos de decisión y movilización, enfrentar abiertamente a la burguesía y su aparato estatal. El conflicto indígena evidenció esa contradicción de la estrategia guerrillera.
Con el pretexto de combatir a la guerrilla –y después al narcotráfico, o a los paramilitares creados por la propia burguesía como “autodefensas campesinas”– el Estado ha multiplicado los recursos para sus fuerzas represivas y las emplea, cada vez con mayor violencia, contra las legítimas luchas obreras, campesinas, indígenas o juveniles. Esconde así, tras la lucha contra la guerrilla, su carácter reaccionario, confundiendo a millones de trabajadores. Eliminado ese pretexto se pondrá al desnudo, ante la conciencia de millones de colombianos, el verdadero carácter del régimen político colombiano: un régimen autoritario y genocida al servicio de los capitalistas. La superación de ese régimen sólo será posible con la vinculación masiva de todos los explotados y oprimidos a la lucha de masas. Es esa lucha la única que brinda un futuro político a los militantes de la guerrilla, no las negociaciones secretas con la burguesía y sus agentes.
Las negociaciones de paz se van a adelantar bajo el fuego del enfrentamiento militar. Es la decisión del gobierno que busca sostener el balance militar adverso a la insurgencia, y demostrar a las transnacionales y la burguesía que sus inversiones en minería y agronegocios contarán con la protección del Estado. La preocupación del gobierno no es la paz sino las ganancias. Por eso, al tiempo que negocia el conflicto armado arrecia la guerra social. Es lo que explica la proliferación de luchas sindicales, estudiantiles y populares.
La Guerra Social
Un nuevo paquete de contrarreformas está en marcha en el Congreso de la República por iniciativa del gobierno de Santos y su Unidad Nacional. La reforma a la salud, por ejemplo, busca seguir protegiendo a las EPS y no a los usuarios. La reciente quiebra de Salud Capital, dejando sin protección a más de 500.000 afiliados, es prueba de ello. La educación pública sigue asfixiada por un presupuesto precario, como lo denuncian los maestros o los estudiantes universitarios. La vivienda para más de un millón de familias que carecen de ella sigue en el aire, mientras los recursos del Estado se destinan a subsidiar a los grandes consorcios de la construcción.
Al manejo corrupto del erario se suma el desangre de la economía con el pago prioritario, ahora por mandato constitucional con la Regla Fiscal, de la fraudulenta deuda externa e interna con los bancos. En lugar de cauterizar esta vena rota el gobierno anuncia el raponazo de las cesantías y otro recorte a las pensiones.
Al igual que acontece en Europa, o los propios EE.UU., los capitalistas pretender superar su crisis declarando la guerra a las conquistas sociales de los trabajadores y los pobres. Esa es la guerra que no va a cesar aunque se negocie el conflicto armado.
La Semana de la Indignación de inicios de octubre –frágil articulación de iniciativas parciales de diversos sectores políticos y gremiales– es un termómetro del malestar social. Pero es una respuesta a todas luces insuficiente para enfrentar los planes antisociales de Santos. El plan de acción definido por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que se extiende hasta noviembre, es más ambicioso, pero sectorial. Incluye la convocatoria para el 6 de noviembre a un Encuentro Social y Popular, al que todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas de los trabajadores y sectores populares deberíamos acudir.
Ahora, cuando el gobierno y los empresarios pretenden tranquilidad laboral y control del orden público buscando respaldo político a su negociación del conflicto armado, se hace más necesaria que nunca la unidad de acción de los de abajo. Y esta sólo se puede forjar fortaleciendo la democracia de las mayorías, la de las asambleas sindicales, estudiantiles, populares e indígenas, desde las cuales se construya un verdadero Encuentro Obrero y Popular donde se defina un pliego mínimo y un plan de acción para imponérselo al gobierno.
La agenda social, que no se podrá discutir ni conquistar en la mesa de negociación del conflicto armado, debemos hacerla realidad con la movilización de masas y el paro nacional. Esos sí serán pasos en firme hacia la conquista definitiva de la paz que necesitamos los trabajadores y los pobres.