Reforma a la Justicia: Ajustando las cargas

Presentada por el gobierno de Santos, se encuentra ya en debate en el Congreso el proyecto de reforma a la Justicia. Su importancia salta a la vista no solo por el hecho de modificar 25 artículos de la Constitución vigente; también por las intensas negociaciones que tuvo que adelantar el gobierno para intentar lograr un texto de consenso entre todos los interesados. Señalamos algunos de los principales objetivos del gobierno con dicha reforma.
Al lado de las gresca con los gobiernos vecinos (Venezuela y Ecuador, fundamentalmente), el gobierno de Santos heredó de Uribe el más fenomenal desbarajuste en la rama jurisdiccional; decisiva a la hora de resolver “democráticamente” las diferencias entre las diversas fracciones de la burguesía. Sobra decir que decisiva, también, a la hora de “descargar todo el peso de la ley” contra los sectores obreros y populares cuando ellos cuestionan, en alguna forma, el marco de explotación en el cual sobreviven.
Uribe dejó rotas las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial con el feroz enfrentamiento que tuvo su pico máximo en las “chuzadas” a la Corte Suprema. Unido a ello, estuvo la postulación de una terna de bolsillo para tener un Fiscal General a la medida de las necesidades de absolución tanto para él como para todos los funcionarios de su gobierno que habían cometido cualquier clase de tropelías, terna nunca aprobada por la Corte.
Santos recompuso rápidamente las relaciones con el llamado poder Judicial. Logró solucionar la interinidad en la Fiscalía y parece haber retirado los micrófonos ocultos en las salas de deliberaciones de los magistrados. Ahora, con la reforma propuesta, intenta ajustar las relaciones institucionales respondiendo no solo a los problemas de corto plazo.
Santos, tras el argumento cierto de la masiva impunidad e ineficiencia que arrastra la mal llamada Justicia colombiana, esconde el objetivo estratégico de adecuar dicho aparato a los tiempos de crisis en curso. En estos tiempos la burguesía necesita centralizar sus órganos de decisiones; evitar la confrontación entre ellos; hacer que todos respondan a la misma tonada: descargar la crisis económica que cunde en el capitalismo mundial y que se expresa a distintos ritmos en cada país sobre los hombros de los trabajadores y sectores populares.

Hacia la privatización
El argumento tras el cual la burguesía ha justificado en las últimas décadas la privatización de servicios estatales ha sido la ineficiencia de los mismos. Estratégicamente ahora buscan dotarse de un marco general que abra las puertas para descargarse de los costos y administración de decenas de litigios y conflictos de “poca monta”.
En la reforma se contempla otorgar funciones judiciales a notarios, abogados y centros de conciliación y arbitraje. Esto abre de inmediato las puertas a convertir la “administración de justicia” en un lucrativo negocio; igual que han hecho con todos los servicios básicos estatales como salud y educación. Ahora, usted como abogado, podrá “postularse” para montar un “juzgado”, obteniendo remuneración económica del estado por cada caso “fallado”. Las Cámaras de Comercio, negocio capitalista como el que más, que son las que disponen de los Centros de Conciliación y arbitraje y las universidades privadas se lanzarán ávidas sobre el nuevo mercado para prestar el “servicio de justicia”.

Fuero militar… ¡para tapar los desafueros!
No podía faltar, pues hace parte de la tradición nacional, que a medianoche del día anterior a la presentación en el Parlamento de la reforma se le colgase a ella un fenomenal orangután: una propuesta de reforma al artículo 221 de la Constitución que regula el fuero militar; es decir, las clase de justicia que se aplica a los militares en servicio “y en relación con el mismo servicio”.
El artículo 221 de la Constitución fue interpretado por la Corte Constitucional en 1997 precisando que sólo tiene aplicación respecto a hechos o comportamientos que tengan una relación directa y estrecha con el propio servicio. Se abrió por esta vía el campo para el juzgamiento a los militares y policías por toda clase de atropellos, desafueros y delitos que cometen a diario, prevalidos de “estar en servicio”. Ahora se quiere colocar como norma constitucional que: “En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial”.
Según diversas fuentes actualmente están encausados, empapelados o detenidos más de 4.000 miembros de la Fuerza Pública por diversos motivos y dichos procesos cursan ante la justicia ordinaria. El descontento que ello genera entre los militares ha conducido a diversas iniciativas para “protegerlos jurídicamente”. Se han configura instituciones como la Defensoría Militar, con abogados especializados en torpedear y dilatar los procesos, amedrentar testigos y realizar diversas triquiñuelas, buscando absoluciones y libertades por prescripción de términos. Cursan simultáneamente proyectos para que los costos de defensa de militares y policías frente a cualquier proceso jurídico corra a cargo del erario público.
La reforma del fuero militar se convierte en pieza estratégica parar garantizar la confianza del alto mando a la hora de cumplir su función de aplastar a cualquier costo expresiones de descontento frente al orden social existente.
El revuelo y oposición que generó la entrada en escena del orangután de la reforma al fuero militar en el proyecto gubernamental ha tenido al Ministro del Interior Vargas Lleras en un baile de idas y venidas, vueltas y revueltas… Que lo retira, que lo mantiene, que eso le corresponde al ministro de Defensa, etc. Lo cierto del caso es que el proyecto está en curso, con fuero militar incluido y no se descarta su aprobación.
Los aspectos señalados, más allá del detalle al texto exacto del proyecto de reforma, son motivo más que suficiente para que las organizaciones obreras, populares y democráticas levanten su voz en contra de ella.