Pueblos indígenas y afrodescendientes Víctimas de los megaproyectos mineros

La masacre de 44 mineros en Sudáfrica, por exigir aumento salarial y mejores condiciones laborales, le muestra al mundo lo que las empresas transnacionales, en complicidad con los gobiernos capitalistas, están dispuestas a hacer para mantener sus ganancias. Colombia no se escapa a este fenómeno. El impacto negativo de la actividad minera a gran escala –en la que intervienen grandes compañías, especialmente multinacionales– con la complacencia de un gobierno dispuesto a satisfacer su infinita ambición, está mostrando su rostro en diferentes aspectos de la vida nacional: conflictos laborales, sociales y políticos entre otros. Uno de ellos es el impacto en las comunidades: el enfrentamiento de los indígenas Nasa del Cauca con el gobierno Santos es sólo el conflicto más reciente en una lucha que lleva décadas.
Y es que las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son las que más sufren los daños ambientales, culturales y socioeconómicos causados por los megaproyectos. Se estima que el 80% de las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en los últimos diez años se produjeron en regiones minero-energéticas y el 87% de las personas desplazadas proceden de estos lugares.
A pesar de que la Constitución colombiana es una de las que más reconoce formalmente los derechos de las minorías étnicas y protege sus culturas y el medio ambiente, las empresas mineras y los actores armados legales e ilegales han violado sus derechos. Además, hay muchas comunidades rurales que se sostienen económicamente a través de la pequeña minería y hoy se encuentran en un limbo legal ya que no pueden formalizar su actividad.

Explotación minera a gran escala y paramilitarismo
En Colombia residen 102 pueblos indígenas con una población de 1.378.884 personas y 61.639 familias afrocolombianas compuestos por 4.261.996 personas según datos oficiales. Estos grupos étnicos, generalmente residen en medio del conflicto armado, en territorios de gran interés geoestratégico, claves en las rutas del narcotráfico o con una gran concentración de recursos naturales. Los desplazamientos, desapariciones forzadas, asesinatos, amenazas, expoliación de recursos, pobreza etc., han mermado su población, han dificultado su desarrollo y le han relegado a posiciones olvidadas dentro de la sociedad.
El paramilitarismo es un agente activo en la dinámica asociada a los megaproyectos y en muchos de sus impactos. Un informe reciente de Indepaz señala que hay 398 resguardos, 202 comunidades fuera de resguardo y 45 resguardos coloniales, donde existen intereses para la realización de megaproyectos y cuyo territorio está total o parcialmente ubicado en algunos de los 275 municipios con actividad paramilitar.
De acuerdo con las organizaciones indígenas y afrocolombianas, la violación de los derechos humanos sufridos por estos grupos étnicos se han concentrado en territorios atravesados por megaproyectos de explotación de hidrocarburos, minería y biocombustible. De hecho hay datos que señalan que el 89% de los indígenas y el 90% de los afrodecendientes asesinados proceden de áreas minero–energéticas. Para la muestra varios botones.

Proyecto Mandé Norte: la comunidad dijo NO
En 2005, el gobierno otorgó nueve títulos mineros a la empresa estadounidense Muriel Mining, por un periodo de 30 años para la explotación de oro, cobre y molibdeno en el denominado proyecto Mandé Norte. Ante esta situación las comunidades indígenas de los resguardos de Urabá, Rio Jiguamiandó, de Río Chageradó-Turriquitadó y de Río Murindó, así como afrodecendientes de la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo realizaron una consulta que consistía en contestar la pregunta: ¿Quieren o no la exploración y explotación minera del proyecto Mandé Norte en nuestro territorio? La respuesta fue contundente y se rechazó de forma unánime el proyecto.
Las comunidades denunciaron que las personas que se oponían al proyecto minero en la zona fueron señaladas de pertenecer a la guerrilla, estigmatizándolos y poniendo sus vidas en riesgo. En enero de 2010, fueron blanco de un bombardeo del ejército en el que resultaron dos indígenas gravemente heridos.

Guamocó, un pueblo sembrado en oro
Ubicada en el costado occidental de la serranía de San Lucas, entre los departamentos de Antioquia y Bolívar, Guamocó alberga una de las reservas de oro más grandes de mundo. A pesar de que sus tierras han sido explotadas de manera artesanal desde tiempos ancestrales, se calcula que sólo se ha extraído el 5% de las reservas. Oro hay por todos lados, en los ríos en los valles y en las entrañas de la tierra. Pero no es lo único, también hay petróleo, plata, reservas hídricas y madera entre otros. Sin embargo, a pesar de esta cantidad de de recursos, el pueblo se debate entre la riqueza que alberga y la crueldad del conflicto, la miseria y el subdesarrollo.
Indígenas y afrocolombianos son los pobladores originales de esta zona, después llegaron los colonos persiguiendo la leyenda del Dorado. En la actualidad, habitan alrededor de nueve mil personas dedicadas a la minería artesanal. Junto a ellos hay muchos pequeños mineros de otras regiones del país que llegan para trabajar algunos meses en las minas y con eso mantener a sus familias.
En 1997 un grupo paramilitar llegó y asesinó a 25 personas entre ellas al líder minero Juan Camacho Herrera, al que decapitaron y después de jugar futbol con su cabeza, la pusieron en un palo y le dijeron a su habitantes que ellos venían por las minas y que las iban a entregar a gente que haría un uso más racional de ese recurso. Después se sucedieron más masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos de la población.
Hoy en día la violencia continúa en la región, los actores armados siguen amedrentando a la población a través de masacres como la acontecida en agosto de 2011 por hombres identificados como Águilas Negras que retuvieron, torturaron y asesinaron a tres personas dejando a otras heridas y amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar, dos semanas después, la empresa Canadiense Midasco Capital anunció que había recibido licencias para la explotación minera en la región.
En 2011 se cometieron más de 40 asesinatos en la zona minera del Sur de Bolívar y continúan las amenazas a través de pintadas de las AUC. También las guerrillas del Ejército de Liberación nacional (ELN) y las FARC, hacen presencia en la zona, manteniendo cobros de impuestos a tiendas y a minas y bloqueos económicos y realizan reclutamiento de menores. Mientras la población sigue totalmente desprotegida.

Wayuú y U’wa: carbón y petróleo
Pero hay que agregar que los Wayuú en la Guajira han padecido durante 30 años atropellos, por cuenta de los explotadores de carbón en la mina Cerrejón, que hoy pretenden robarles el Ranchería, único río que mantiene su caudal durante todo el año y del cual viven, con la pretensión de desviarlo 26 kilómetros a fin de incrementar la explotación de la mina y así aumentar sus millonarias ganancias; el gobierno es cómplice de este crimen. También el pueblo U’wa, nación indígena con comunidades en Casanare, Arauca y Boyacá, ha mantenido una guerra desigual durante años con las empresas petroleras que les quieren robar su territorio.

Con licencia para destruir el medio ambiente
Desde que se aprobó el Código de Minas se han otorgado títulos mineros en áreas de Parques nacionales y páramos. En 2010 el gobierno aprobó la ley 1382 que reforma el ya nefasto código minero, con esta norma se ha aumentado la titulación minera en zonas protegidas. En este mismo año el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente informó de concesiones de exploración en 130.000 hectáreas de páramos situados por fuera de parques naturales y de la existencia de solicitudes por otras 553.298 hectáreas. En las zonas de reserva Forestal el año pasado las concesiones alcanzaron 1 millón 300 mil hectáreas y había solicitudes para otras 264.140 hectáreas.

El engaño de la Consulta Previa
La Constitución de 1991 estableció la Consulta Previa, consistente en un proceso por el cual los gobiernos preguntan a estos pueblos sobre diferentes propuestas legislativas o proyectos que les pueda afectar con el fin de lograr consentimiento o llegar a un acuerdo. Sin embargo el resultado de la consulta no es vinculante. Es decir, aunque el pueblo se niegue a que se realice el proyecto, este puede seguir adelante si el Estado lo considera conveniente.
Adicionalmente al problema de no ser vinculante está la firma de TLCs, los cuales tienen cláusulas que permiten a los inversionistas demandar al gobierno por la violación de sus “derechos” al comercio libre y exigir una indemnización, si no obtiene licencia para adelantar explotaciones mineras en cualquier región del país en la que hayan encontrado riqueza.
Sin embargo muchos pueblos, con el apoyo de sectores de izquierda y defensores de derechos humanos, se desgastan solicitando la realización de las llamadas Consultas Previas, considerando que así pueden evitar que el gran capital se detenga en aras de los intereses de la comunidad y de preservar el medio ambiente. Por eso, frente a la locomotora de los megaproyectos mineros, que se parece más a una monstruosa y depredadora draga, los pueblos indígenas y afrodescendientes, al igual que todas las comunidades afectadas y el pueblo colombiano en general debemos continuar por el camino de la movilización masiva, como hoy lo demuestra la protesta de los Nasa, pero también la resistencia de los pobladores de Santander en la defensa del Páramo de Santurbán, o los habitantes del Tolima contra la mina de La Colosa.