No sólo de paz vive el hambre
Pasada la coyuntura electoral, en la cual los partidos de la Unidad Nacional que respaldan a Santos obtuvieron la mayoría de los cargos en disputa, ha vuelto a cobrar todo su peso la negociación de paz con las FARC y el ELN. La perspectiva mediata de estabilidad del régimen depende de su culminación exitosa. Más aún cuando la crisis económica empieza a manifestarse con fuerza, reduciendo abruptamente los pronósticos de crecimiento, incrementando el desempleo y disparando el costo de la vida.
Un proceso irreversible
El anuncio, en medio de la campaña electoral, de que las negociaciones de paz con las FARC habían llegado a un punto de no retorno, les sirvió a los candidatos de los partidos de la Unidad Nacional, y en particular al Liberal, la U, y Cambio Radical para aumentar la votación, al tiempo que propinaban un golpe político a los partidos de la izquierda reformista desplazándolos de la alcaldía de Bogotá, y mantenían bajo control a la oposición uribista. Eso le da un respiro al régimen político para continuar adecuando el aparato institucional a las necesidades del llamado “posconflicto”.
La gran burguesía representada en Santos necesita del pacto de impunidad que fragua con las FARC en La Habana -para integrarlas al régimen político como se hizo con otras franjas guerrilleras hace un cuarto de siglo- y neutralizar a la oposición uribista. Es el filo de la navaja por el que camina el gobierno de Santos. En ese propósito cuenta hasta ahora con el compromiso de los comandantes de las FARC, a pesar de las garantías que aún exigen, sobre todo en lo que se refiere a las condenas que deberían aceptar cuando se firmen los acuerdos, y las condiciones para su participación política electoral.
El otro obstáculo que se debe superar es la refrendación popular de los acuerdos. El hostigamiento de la Fiscalía a los exmiembros del M-19, cobijados desde su desmovilización por una amplia amnistía que les ha permitido integrarse al régimen, son un campanazo de alerta para los comandantes de las FARC quienes exigen que los acuerdos estén blindados contra la injerencia de la justicia internacional y nacional. De allí que el gobierno esté negociando en el Congreso un plebiscito con umbral recortado para que su aprobación esté asegurada a pesar del escepticismo general del electorado frente al proceso de paz.
Las vacas flacas
El otro factor de incertidumbre en la situación nacional es la crisis económica. La caída abrupta de los precios del petróleo que reduce los ingresos fiscales, la devaluación del peso que incrementa la deuda externa y el ascenso de la inflación que afecta a amplios sectores de la población trabajadora, provoca contradicciones entre sectores de la propia burguesía, pero sobre todo tensiona las contradicciones entre los empresarios y los asalariados. Se están produciendo miles de despidos, empezando por la industria petrolera, pero muchas otras empresas anuncian cierres temporales o definitivos. El gobierno por su parte decretó un alza de las tarifas de energía, justificándola con la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.
Durante el período de crecimiento que se dio en la pasada década no hubo políticas consistentes de redistribución del ingreso. A duras penas se desarrollaron algunos programas asistencialistas que sólo sirvieron de paliativos frente a las penurias generales, pero que no reflejaban un modelo de desarrollo productivo. El cuadro se ha agravado por la llamada “reprimarización” de la economía que está colapsando como consecuencia de la caída del precio de las materias primas a nivel mundial. Sólo la inversión estatal en infraestructura y el fomento a la construcción de vivienda sirven de contrapeso parcial a la parálisis de la economía. Llegaron las vacas flacas y el pueblo no está para corralejas.
Vagones de cola
El gobierno de Santos tiene a su favor varios factores. Reposicionó el proceso de paz logrando el respaldo electoral para los partidos de la Unidad Nacional; el gobierno yanqui, el Papa y los propios comandantes de las FARC le facilitaron ese logro político. Con el mismo argumento convirtió a la izquierda reformista y a su influencia en el movimiento sindical y social, en los vagones de cola de su locomotora neoliberal, lo que le ha permitido, hasta ahora, neutralizar la protesta social. La Minga Indígena de 2008, el movimiento universitario de 2011, el paro agrario de 2013 y los paros del magisterio de 2014 y 2015 fueron desactivados a cambio de la promesa de fin del conflicto armado y pírricas concesiones a algunos sectores de empleados estatales. Los conflictos obreros, entre ellos varios del sector petrolero, minero y agroindustrial, se han mantenido como luchas coyunturales, dispersas y aisladas. La generalización de la tercerización laboral y los salarios miserables golpean sin piedad a los trabajadores que carecen de organizaciones sindicales fuertes y centralizadas para defenderse. Por esta razón es aún más grave la responsabilidad de la dirigencia sindical y política de las centrales obreras, en particular la CUT, como se puso en evidencia en el reciente Congreso Extraordinario. Sin ninguna discusión con los participantes, el Comité Ejecutivo ya anunció que su propuesta de reajuste del salario mínimo será de 12%, facilitando así que el gobierno y los empresarios impongan un incremento que no supere la inflación.
¡Libertad para Feliciano, salario mínimo de $1’500.000!
Los trabajadores y los pobres debemos unir fuerzas para enfrentar los planes de Santos. En lo inmediato debemos asumir la defensa incondicional del líder indígena Feliciano Valencia, condenado por el gobierno de Santos a 16 años de prisión. Su castigo es una retaliación contra todo el movimiento indígena que rechazó la presencia de todos los sectores armados en su territorio ancestral y exige respeto a su autonomía. El movimiento obrero puede demostrar que está en capacidad de acaudillar a los explotados y oprimidos en la defensa de las libertades democráticas asumiendo la defensa de Feliciano como propia.
Por otro lado, es necesario que sigamos rechazando la tercerización laboral, los contratos basura y los bajos salarios, impulsando la consigna de un verdadero incremento del salario mínimo. Exijamos que se eleve hasta $1’500.000. Los primeros beneficiarios de este incremento serán los millones de jóvenes para quienes el Ministro de Trabajo -tránsfuga del movimiento sindical y de la mal llamada izquierda- prepara un Ley de Primer Empleo que legaliza su degradada condición laboral. Más de quince millones de trabajadores comparten su suerte. Esta es la tarea del momento, porque no sólo de paz vive el hambre.
Sebastián Marlés