Liberaciones y cese del secuestro por las FARC ¿Cumpliendo exigencias para abrir diálogos?

El 26 de febrero pasado el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP emitió un comunicado en el cual se combinan dos anuncios que tienen significativa importancia.
En primer lugar las FARC comunican la decisión “de sumar a la anunciada liberación de los seis prisioneros de guerra, la de los cuatro restantes en nuestro poder”, agregando que están “listos a concretar lo que sea necesario para agilizar este propósito”.
En segundo lugar, lo que apareció como un hecho absolutamente nuevo, relativamente inesperado, destacado especialmente por los medios de comunicación, es la parte de la declaración donde el Secretariado de las FARC señala: “Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha. Con la misma voluntad indicada arriba, anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada.” [Destacado nuestro]. En síntesis, más allá de la diferencia entre las palabras retención y secuestro, el Secretariado de las FARC ordena cesar esta actividad con fines de financiación.
Estos dos aspectos centrales de la declaración del Secretariado merecen ser analizados detenidamente. No sobra señalar que nuestro análisis, así como las diferencias y críticas que en él se expresan a la estrategia y método de las FARC, lo realizamos desde una posición revolucionaria, de defensa de los intereses de los trabajadores y oprimidos, de lucha contra el imperialismo y contra toda forma de explotación y opresión. Es decir, desde un punto de vista socialista revolucionario, absolutamente antagónico y enemigo de cualquier posición del gobierno y de sus plumíferos en los grandes medios de comunicación. Eso sí, diciendo claramente, como lo hemos dicho durante años, que diferimos de las FARC en su concepción programática, en su estrategia política y en los métodos que ha utilizado para adelantar la lucha revolucionaria en la que proclaman estar comprometidos.

Liberaciones: última cuota
Por sí, la sola la decisión de las FARC de entregar a todos los retenidos no pasaría de ser la última cuota en el proceso de liberaciones sucesivas de políticos burgueses y militares que han venido realizando desde hace ya varios años. Esas liberaciones han sido presentadas por las FARC como demostración de su voluntad de diálogo o han sido un mecanismo político para darle espacio y protagonismo a quienes han hecho de este proceso su principal actividad (la ex senadora Piedad Córdoba, por ejemplo).
Adicionalmente, todo indicaría que las liberaciones anteriores y esta última cuota significaron para las FARC una forma quitarse de encima el peso de mantener en cautiverio a varias decenas de personas. Sobre todo luego de haber quedado claro que –salvo el caso de Ingrid y los cuatro gringos– bien poca importancia le daba la burguesía al asunto y estaba dispuesta a dejar podrir en la selva a los civiles y militares retenidos o a arriesgar la vida de ellos en fracasados rescates a sangre y fuego; en lo cual las FARC tampoco obtenían ningún rédito político.
Visto este proceso de conjunto, más allá de la espectacularidad de algunas de las liberaciones, de los fracasos y aplazamientos de otras determinados por la intransigencia de los gobiernos (Uribe y Santos), de los episodios entre trágicos y grotescos de la prometida liberación de Clara Rojas y su hijo –cuando Emmanuel estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar–, o de haber perdido la “reina de todas las liberaciones” (Ingrid Betancur y los cuatro gringos), las FARC no lograron convertir este goteo de liberaciones en un hecho político significativo a su favor. Por el contrario, cada liberación se convertía en un espacio que le brindaba a la burguesía, a los grandes medios, al gobierno y a todos sus acólitos, el escenario para exigir más y más. Por ello ahora las FARC deciden entregar lo que quedaba en su poder.

Retención de personas con fines financieros
El Secretariado de las FARC ha declarado que proscribe “las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha”. Esta práctica de las FARC –y de prácticamente todas las organizaciones guerrilleras que han existido o existen en Colombia, como el ELN– viene de muchísimos años antes del año 2000, cuando expiden la llamada Ley 002.
El secuestro, (según la denominación común y de la burguesía; retención, según la denominación de las FARC), se llegó a convertir en un problema de primera magnitud que afectaba las condiciones para grandes proyectos económicos en diversas zonas y elevaba a cifras astronómicas los costos de seguridad de gerentes y técnicos de proyectos mineros y agro-industriales. La retención estaba ligada directamente a una “vacunación” masiva a ganaderos y terratenientes, comerciantes, algunos industriales o multinacionales. O se paga la vacuna o se corre el riesgo del secuestro o retención. Se garantiza así el pago más o menos amplio de miles de vacunas-mes en diversas zonas. Sólo las propias FARC saben qué porcentaje significa el ingreso por retenciones, es decir, a cuánto renuncian; no sabiéndose qué otros medios podrán utilizar para garantizar la continuidad de esos ingresos mensuales, asunto al cual no se refieren.
Es cierto que, tal como dice el Secretariado de las FARC, “mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas”. Por un lado, durante todas estas décadas han hablado constantemente la burguesía y los grandes medios de comunicación. Por otro lado, ha hablado el entorno familiar y social de los retenidos-secuestrados que sufren el comprensible dolor humano de tener a un familiar, amigo, vecino o simple conocido cautivo durante meses y años mientras se logra una negociación y pago del rescate. También se ha hablado y debatido de ello entre las organizaciones revolucionarias, tratando de desentrañar si tales métodos son los mejores políticamente para la financiación de la actividad.

¡Y hay que seguir hablando!
En el comunicado del Secretariado no está claro si la decisión adoptada de proscribir la retención con fines financieros es táctica, coyuntural, para la búsqueda de un ambiente propicio a la negociación o si responde a una reflexión estratégica respecto a las desventajas políticas de tal método; pues las ventajas económicas parecieran haber sido significativamente favorables para las FARC durante todos estos años, excepto que los costos económicos y el esfuerzo militar de realizar actualmente un secuestro lo hayan convertido en no lucrativo en este momento.
Si el ELN asume igual orientación que las FARC respeto a ese asunto y si las estructuras de base de ambas organizaciones acatan las orientaciones de sus mandos centrales entonces está planteada la posibilidad de que en Colombia, al igual que en una enorme cantidad de países, esta práctica sea realizada solamente por elementos de delincuencia común, sin relación de ninguna clase con la actividad política y menos aún con una actividad política que se proclame revolucionaria; salvo que el fracaso de unos probables diálogos llevase a una o ambas organizaciones a proclamar nuevamente tales métodos.

Un balance es necesario
Por definición, la primera de todas las actitudes revolucionarias de una organización ante el movimiento de masas y ante los demás sectores a los cuales se les reconoce un carácter revolucionario es reconocer los errores que puedan haberse cometido en la práctica revolucionaria y defender aquellas orientaciones y métodos que se consideran correctos. Y cuando se modifica o renuncia a una práctica o a un método es necesario decir públicamente las razones de ello.
Con su comunicado el Secretariado de las FARC habrá dejado perplejo como mínimo a cualquiera de sus militantes, cuadros medios o simpatizantes. ¿Por qué ahora se “proscribe” la retención de personas con fines financieros? ¿Fue tal método correcto durante años y años? Y actualmente, si se proscribe el mismo, ¿por qué es incorrecto? O, ¿es aún válido y correcto y sólo se renuncia a él tácticamente para lograr que acercarse a un diálogo con el gobierno?
Preguntas similares a las anteriores se pueden formular respecto a la retención de civiles con fines no financieros. Es decir, respecto a la retención de políticos burgueses, sean de la importancia que sean. No entra en este cuestionamiento, por supuesto, la retención de militares dado el reconocimiento del enfrentamiento de las FARC con el Estado como un enfrentamiento político expresado militarmente y no hechos de delincuencia común.

Las exigencias de Santos para el diálogo
En el contexto político en el cual se da el comunicado del Secretariado de las FARC, pocos días después de uno del ELN expresando su disposición a una tregua bilateral, no queda la menor duda que ambos son respuestas expresas a exigencias del gobierno de Santos para que saque de su bolsillo la llave de la paz, como él afirma. La renuncia a la retención-secuestro de civiles con fines financieros o políticos ha sido una condición previa categórica presentada tanto por el gobierno de Uribe como por el actual de Santos. Igualmente la liberación de la totalidad de miembros de las Fuerzas Armadas.
Que ya estén en curso contactos directos o indirectos entre las FARC, el ELN y el gobierno Santos y que los comunicados sean expresión pública de tales contactos es algo que, con la decisión gubernamental de máxima discreción en el tema, es bien difícil de afirmar. Sin embargo, es indudable que la decisión de los altos mandos de las FARC y ELN es comenzar a cumplir parte de las exigencias gubernamentales.
Que el proceso que se vislumbra se configure o afiance está también por verse. Hay gigantescos factores a favor del plan del gobierno de imponer una rendición negociada a la guerrilla: los golpes militares que ésta ha sufrido en los últimos años, el cambio sustancial del entorno internacional y del vecindario inmediato que actualmente es adverso a la guerrilla y que la presiona a la búsqueda de una salida política, la aparente diferenciación del gobierno Santos con Uribe en algunos métodos, etc.
Pero por otro lado hay una dificultad muy grande. Existe una amplísima franja burguesa-terrateniente en el país que no está dispuesta a aceptar que se hagan concesiones relativamente significativas en una negociación a la guerrilla. Y esa franja es partícipe política del gobierno de Santos. Es difícil que Santos esté dispuesto al rompimiento total con esta franja, liderada políticamente por el anterior presidente, Álvaro Uribe. Si no se hacen concesiones relativamente importantes a la guerrilla, habría dudas de si estas organizaciones (FARC y ELN) han llegado al punto de concluir un proceso de alzamiento armado de más de 50 años a cambio de algunas migajas (procesos judiciales favorables para los militantes, libertad de algunos centenares de presos, posibilidad de reagrupamiento político legal, etc.); lo único que tal vez ofrecería el gobierno en los diálogos para una rendición negociada.

Un tercero en discordia y otros métodos
El conflicto armado colombiano tuvo y tiene aún raíces en las profundas contradicciones sociales existentes. Sin embargo, tal como ha quedado demostrado hasta la saciedad en las anteriores negociaciones (M-19, EPL, Corriente de Renovación Socialista del ELN, etc.) cualquier negociación de paz, sea del tipo que sea, no terminará tales contradicciones. Ellas están determinadas completa y totalmente por la estructura capitalista del país unida a las particulares formas y métodos de explotación y opresión que la burguesía colombiana ha empleado para enriquecerse.
Sea cual sea el futuro de una posible negociación de las FARC y ELN con el gobierno Santos, la lucha del movimiento obrero y popular continuará su curso. Y sólo hay, en últimas, dos opciones: o se defiende el actual sistema de explotación y opresión y se hace parte de él –así sea haciéndole retoques y colocándole paños de agua tibia desde una posición reformista y de colaboración de clases como lo hacen el Polo o Petro– o se levantan las banderas de la revolución social. Hacerlo significa señalar categóricamente que para comenzar a solucionar realmente las contradicciones sociales (el conflicto social) es necesario derrocar el poder político, económico y social de la burguesía, enfrentar al imperialismo y avanzar en el proceso de una revolución socialista.
Plantear que la única opción para la clase obrera, los explotados y oprimidos es luchar por la toma del poder y por la conformación de un gobierno de ellos mismos no significa, para nada, que creamos que lo podemos lograr ahora mismo, de inmediato. Significa que todos los esfuerzos de organización, la educación política revolucionaria en el movimiento de masas, la participación en las luchas que se dan a lo largo y ancho del país, las propuestas políticas y los métodos que se utilicen deben estar colocadas al servicio de esa estrategia. Y que para ello es imprescindible la construcción de un partido de clase, revolucionario e internacionalista.
Si la negociación conduce a la desmovilización y cese del enfrentamiento armado y ello conduce a los dirigentes y cuadros medios a integrarse al régimen, a convertirse en sus agentes y testaferros, a ofrecerse para administrar “pulcramente” los asuntos públicos, respetando los intereses de la burguesía y el imperialismo, entonces las FARC repetirán ahora lo que ya hicieron las direcciones del M-19, el EPL o sectores del ELN. Lógicamente, tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros llamamos a los militantes honestos a que no sigan ese camino. No los llamamos a continuar el accionar guerrillero, asunto táctico en la lucha revolucionaria que fue catastróficamente convertido en estratégico por una concepción equivocada, a la cual se unieron métodos y prácticas que no son típicas del movimiento obrero y de masas y cuya validez y ventajas está completa y totalmente cuestionada.