La lucha por encontrar a Carolina Garzón, visibiliza a los 1.600 desaparecidos en Ecuador

Al cumplirse tres años de la desaparición de Carolina Garzón, sin que hasta el momento se tengan indicios ciertos de su paradero, de las razones de su desaparición y de los posibles autores de la misma, El Socialista entrevistó a María Espinosa, abogada que representa en Ecuador a la familia de Carolina.
Desde la visión de María, quien tiene un profundo compromiso con la lucha de las familias de desaparecidos en Ecuador y específicamente con la búsqueda y averiguación de qué sucedió con Carolina, intentamos dar una perspectiva del proceso durante estos tres años, del momento actual y cómo continuarla en el futuro.
El Socialista:Mirados los tres años anteriores, en la lucha por encontrar a Carolina y esclarecer las causas y posibles autores de su desaparición, encontramos infinidad de actividades desarrolladas: plantones ante las Embajadas, ante las Fiscalías de Ecuador y Colombia, ante la Cancillería colombiana; visitas en diversos países a Embajadores del Ecuador para solicitar atención al caso; pronunciamientos de infinidad de organizaciones sociales, sindicales y democráticas y de dirigentes de las mismas en Ecuador, Colombia y diversos países; entrevistas de la familia con el presidente Rafael Correa, etc. A pesar de ello, y lamentablemente, debemos decir que no tenemos ningún resultado concreto.
Como abogada, que has asumido el caso desde hace ya más de año y medio, ¿qué conclusión general podrías plantear?  
Lina María Espinosa:Vale la pena tomar en cuenta tanto el escenario político como el escenario jurídico.
En el primer aspecto, en lo político, yo valoro como un éxito absoluto que tres años después la memoria de Carolina, la persona de Carolina y la lucha de Carolina siga vigente. Y eso se ha logrado gracias la infatigable tarea de exigibilidad, de posicionamiento de esa memoria que han liderado ustedes desde el partido, con todas sus organizaciones hermanas a nivel internacional, y que han liderado otros movimientos sociales respaldando esta tarea. Sin toda esa enorme cantidad de actividades el caso estaría en un momento mucho más complejo de lo que está.
Por otro lado es muy importante valorar como a lo largo de estos tres años, acompañados y apoyados por ustedes como partido, Walter y Alix Mery, padres de Carolina, han liderado también un proceso muy significativo en Ecuador, al visibilizar a su hija y en torno a su hija de visibilizar la situación de al menos 1.600 personas desaparecidas en Ecuador –de las que tampoco se sabe nada. Y eso ha significado, en primer lugar, que el Estado ecuatoriano se vea obligado a reconocer la situación de los desaparecidos y, en segundo lugar, a empezar a poner el tema de desaparecidos en su agenda política y pública.
Eso hay que reconocerlo. Es uno de los logros políticos más importantes de toda esta lucha. Lamentablemente ha sido en el marco de una desaparición; pero creo que es un logro para los derechos humanos y para las organizaciones defensoras de los mismos, para los derechos de Carolina y los de su familia, para los derechos de los y las ecuatorianas.
Pero eso no es suficiente porque tenemos que evaluarlo en su vinculación con el aspecto jurídico. Lamentablemente, pese a que lo político ha favorecido que el tema sea discutido con el Estado y este se posicione, jurídicamente la Fiscalía ecuatoriana y la Fiscalía colombiana han demostrado tener enormes vacíos, debilidades y omisiones para desarrollar procesos de búsqueda e investigación de personas desaparecidas y de manera particular en el caso de Carolina; y ha sido la familia quien ha tenido que insistir a las dos fiscalías el cumplimento de sus obligaciones y aportar permanentemente elementos para que sean debidamente valorados y procesados.
Son vacíos y omisiones que se vienen arrastrando desde el primer día; desde cuando se inició la investigación, tanto en Ecuador como en Colombia. El resultado –o más bien lo que refleja esa situación de falta de preparación e interés de los Estados– es que tres años después ni siquiera hay una teoría de caso; es decir, no hay una hipótesis que se sustente y que pueda explicar qué pasó, quién la desapareció, dónde está Carolina Garzón; es decir que no se ha dado cumplimento a la obligación estatal de realizar investigaciones prontas, diligentes, serias, exhaustivas, imparciales e independientes, ejecutando todas las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon.
El discurso de la Fiscalía ecuatoriana es que ellos han realizado más de 500 diligencias. Pero la respuesta nuestra, desde la familia y desde la defensa es que cantidad no significa calidad. 500 diligencias disparando en todas las direcciones no garantizan derecho a la verdad, derecho a la justicia, no garantizan que conozcamos lo que sucedió, no garantizan que los derechos de Carolina y de su familia sean reparados y restituidos.  Lo que requerimos es que las diligencias respondan a la búsqueda de verdad, es decir a fundamentar o descartar teorías de caso concretas. Adicionalmente es fundamental que los aportes que hace la familia Garzón al proceso sean debidamente tenidos en cuenta por ambas fiscalías y debidamente evacuados.
E.S.¿Y en lo que compete al Estado colombiano, cuál es su visión?
L.M.E.Por el lado colombiano mucho peor. En Ecuador al menos se han evacuado diligencias y se han desarrollado acciones de visibilizacion y búsqueda. En Colombia la Fiscalía decidió aceptar una denuncia, sabiendo que era un caso que había pasado en otra jurisdicción, otro país, y que por ende no tenían por qué conocerla. Aun así abrieron un expediente fiscal simplemente como un trámite formal condenado a ser infructuoso y nos e ha desarrollado una investigación seria, imparcial y efectiva. A lo largo de estos tres años en Colombia se han asignado tres fiscales y ninguno de los tres ha actuado ni con celeridad, ni de manera prolija ni ha buscado establecer lo que sucedió con Carolina. Peor aún, no están cooperando debidamente con el Estado ecuatoriano; pese a que se les ha solicitado en reiteradas oportunidades su colaboración técnica y judicial.
Ese es el escenario en el que la familia Garzón, yo como su abogada y todos los que participamos de esta lucha nos encontramos. La familia de Carolina Garzón y la sociedad en general tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a acceder a justicia y para ello las fiscalías tienen la obligación de investigar; y durante el proceso de investigación y el trámite judicial, la familia de Carlina Garzón debe tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación.
Así mismo estamos exigiendo de las fiscalías de los estados Ecuatoriano y Colombiano el desarrollo de varias acciones y diligencias investigativas emergentes, además de la respuesta clara de otras instituciones gubernamentales de ambos países, respuestas motivadas de varias otras solicitudes que hemos realizado. Lo que continuamos exigiendo a Ecuador y a Colombia es que cumplan con su obligación de investigar y sancionar. Y por ende de reparar.
E.S.Hace pocas semanas, después de insistentes exigencias desde hace más de un año, se logró realizar una diligencia de reconstrucción de la desaparición de Carolina, diligencia a la cual la defensa concedía bastante importancia. Dentro de lo que puedas informar públicamente, podrías señalar las circunstancias de esa reconstrucción y cuál fue la actitud ante ella de las Fiscalías del Ecuador y de Colombia.
L.M.E.Tal como se señala, era una diligencia que habíamos solicitado hace más de un año; porque considerábamos que era fundamental para que la Fiscalía alimentara su criterio y pudiera llegar en algún momento a tener una teoría de caso, a una hipótesis para avanzar en las investigaciones.
Para nosotros era importante porque, cuando Carolina desaparece y se presenta la denuncia, la Fiscalía ecuatoriana omitió la obligación que tenía de ubicar a las personas que convivían con ella para levantar toda la información que esas personas pudieran tener –o de la desaparición en sí misma o de eventos anteriores a la desaparición que pudieran llegar a dar una explicación de tal desaparición.
Como eso no se hizo al inicio, nosotros solicitamos la diligencia de reconstrucción; para que fuese realizada de la manera más prolija y efectiva posible; tomando en consideración todos los requisitos técnicos y jurídicos a efectos de que esta diligencia rindiese frutos positivos.
Lamentablemente esa diligencia no podía llevarse a cabo tan pronto la solicitamos porque todas las personas que convivían con Carolina al momento de su desaparición eran personas de otra nacionalidad, no ecuatoriana, y ya habían retornado a sus países de origen. La Fiscalía Ecuatoriana, en sus indagaciones iniciales, tampoco tomó la precaución de tomar los datos de contacto de todos ellos. Es así que la familia, acompañada del partido y desde la defensa jurídica, nos dimos a la tarea de ubicar a todos esos ciudadanos. Cuando finalmente obtuvimos los datos completos se los entregamos a la Fiscalía y aun así la Fiscalía no tomó contacto con esas personas. Fue iniciativa de la familia exigir y motivar a la Fiscalía a hacerlo.
Ahí ubicamos un primer y gran primer fallo para la realización de la diligencia de reconstrucción. La Fiscalía ecuatoriana nunca tomó en cuenta, de manera objetiva, las aportaciones, las expectativas y las pretensiones de la familia.
El segundo gran fallo tiene relación con la dificultad de hacer una reconstrucción casi tres años después de ocurridos los hechos; ya que ello conlleva tiene unas complejidades que había que prepararse para afrontar, si se quería que la diligencia rindiese frutos. En tres años hay cosas que uno puede haber olvidado. Por ello era necesario apoyar esa diligencia de reconstrucción con peritos criminólogos que, desde la psicología forense, nos ayudaran a precisar algunos elementos que podrían pasar inadvertidos al hacer una simple observación. Eso tampoco fue tenido en cuenta. No se tuvo tampoco en cuenta la solicitud de que un neuro-lingüista forense pudiera hacer un análisis estructurado y detallado de todas y cada una de las versiones que distintas personas han rendido a lo largo del proceso –a efectos de ordenarlas de manera cronológica y sistémica– pero también a efectos de encontrar elementos coincidentes o elementos contradictorios.
Vale la pena anotar que la Fiscalía ecuatoriana, debido a la presión política que recibió semanas anteriores a la reconstrucción por parte de varios movimientos sociales, de derechos humanos y de ciudadanos de distintas nacionalidades, solicitó a países como Bolivia, Perú y Colombia, la presencia de estos peritos. Pero lo solicitó una semana antes de realizarse la diligencia. Y todo lo anterior claramente contraviene las normas internacionales de protección a los derechos humanos de las víctimas. Porque está claramente estipulado que no deben hacerse diligencias que de antemano se consideren infructuosas y que los Estados deben poner todos sus esfuerzos y garantizar de todas las maneras posibles que la investigación sea efectiva, eficiente y cuente con la participación de todos los expertos necesarios. Eso, en el caso de Carolina Garzón, una vez más se violentó y se obvió.
Y a eso, que es una responsabilidad por omisión y por acción negligente del Estado ecuatoriano se suma la posición o respuesta negligente del Estado colombiano cuando el Fiscal Sergio Rodríguez, Fiscal 91 de la Unidad Bacrim de la ciudad de Bogotá, pese a haber estado previamente informado y debidamente notificado, no prestó colaboración alguna con el procedimiento. Además al día de hoy, un año y medio después, la Fiscalía colombiana sigue sin enviar a Ecuador diligencias y pruebas que les fueron solicitadas en el marco de los acuerdos de colaboración judicial de ambos países, que son vitales a efectos de esclarecer el caso de Carolina Garzón y darle una respuesta a sus familiares.
También es importante acotar que durante el desarrollo de la diligencia los familiares de Carolina Garzón que participaron se sintieron maltratados y revictimizados por el trato recibido por parte del la fiscal ecuatoriana que conoce del caso; en este sentido los Estados deben garantizar que las instituciones y funcionarios implicados en los procesos de búsqueda e investigación no generarán más daño a las víctimas, sino que se fomentarán la realización de acciones que tengan un carácter reparador. Todas las acciones que se desarrollen deben tener como sentido y fin último el cumplimiento de las expectativas de las víctimas y sus familias, así como generar actuaciones orientadas hacia su inclusión y participación en los procesos.
E.S.En general frente a toda la lucha actual de las familias de los desaparecidos en el Ecuador, como específicamente en la de Carolina, señalas una unidad indisoluble del aspecto jurídico y político, resaltando este último especialmente. ¿Cuál es la razón de este enfoque?
L.M.E.En toda situación relativa a defensa de los derechos humanos, mantener la memoria de las víctimas, el reconocimiento de sus proyectos políticos y de vida, es una obligación que tienen los Estados; y es un mecanismo de resistencia y dignificación que tienen los familiares y la sociedad. Los Estados deben cumplir con su responsabilidad y los familiares y compañeros de vida de los/as desaparecidos/as, organizados en diversos escenarios, debemos estar constantemente exigiendo y movilizándonos para que los estados lo hagan.
Los Estados al no cumplir con sus obligaciones generan que seamos los actores sociales, los que estamos fuera de la institucionalidad, los que les estemos recordando y exigiendo sus obligaciones, les estemos reiterando que su no cumplimiento se constituye, adicionalmente, en una violación de los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado.
Por lo anterior, en situaciones como esta, la acción política abierta, decidida y constante, como la impulsó el partido en unión con la familia, es decisiva e imprescindible. La acción política en el caso de Carolina tiene que seguir, tiene que fortalecerse y tiene que ir estrechamente de la mano con lo jurídico. De hecho lo jurídico puede, incluso en algún momento, llegar a bajar de nivel; pero eso no puede pasar con lo político.
Carolina está viva en nuestro cotidiano, en nuestra lucha y en nuestra búsqueda de verdad y de justicia. Y eso se lo diremos todos los días a los Estados ecuatoriano y colombiano, porque a la fecha ellos son los responsables, por omisión y por falta de acción, de que Carolina Garzón lleve tres años desaparecida y su caso se mantenga impune.
E.S.En el anterior sentido, ¿podemos decir que –a pesar de no tener frutos concretos respecto a Carolina, la acción política desarrollada ha sido fructífera?
L.M.E. Así es. Yo creo que uno de los aportes importantes que ha hecho la familia Garzón y los movimientos sociales y políticos que han acompañado a la familia es visibilizar el drama de la desaparición en Ecuador.
Ecuador es el país del no-conflicto, es el país donde no hay situaciones de guerra. Entonces es el país donde uno espera que las situaciones de desaparición no sean recurrentes. Sin embargo hoy hay 1.600 personas de las que no sabemos nada. Y esas 1.600 personas desaparecidas son sólo aquellos casos que han sido denunciados, es decir, que estamos pudiendo pensar que hay otros casos que han sucedido, por ejemplo, en zonas de frontera y en áreas rurales que ni siquiera han sido denunciados y que pueden engrosar esos números.
Entonces la familia Garzón nos enseñó a poner en lo público la desaparición; y favoreció que el estado, los medios de comunicación y la sociedad en general tuviesen que reconocer este fenómeno y hablar de él. Favoreció que otros familiares que cuando se acercaban a la fiscalía o a la policía recibían como única respuesta que “su familiar se habría ido por voluntad, estaba embarazada, con novio, tenía deudas o era un adicto” y archivaban sus casos iniciaran procesos de exigibilidad y lucha. Y es la lucha de la familia Garzón la que permite que cientos de familiares empiecen a hablar de su situación y empiecen a decir que a ellos les pasó lo mismo. Y empiecen a hablar de los malos tratos, de la negligencia, de la indolencia, de la omisión del Estado. Y eso obliga al Estado a reconocer la gravedad de la situación y a intentar dar respuesta;  esa lucha colectiva  invirtió en gran medida la carga social que el estado ponía sobre la víctima y sobre su familia.
Eso, políticamente, es producto de la lucha que inició Walter Garzón cuando recorría las calles de Quito, solo, buscando a su hija, y se encontraba en los postes de las calles fotos de otros desaparecidos. Y se tomaba el trabajo de anotar el número del teléfono de esos familiares y llamarlos y contarles que a él también le pasó lo mismo, que él está buscando a su hija; y juntarse con ellos y decirles que los buscaran juntos.
Y fue fruto de que Walter Garzón, todos los miércoles, se parara afuera del Palacio Presidencial, con la foto de su hija, esperando que un día el Presidente Rafael Correa lo viera y lo escuchara, como en efecto pasó el 1 de mayo de 2013. Y ahí, en ese momento, se abrió la posibilidad de dialogar con ese Estado, de contarle de su situación y de exigirle respuestas. Eso han sido estos años de lucha. Eso ha significado Walter Garzón, Alix Ardila, en todo este proceso. Y, evidentemente eso ha significado el que ustedes, como partido, hayan estado siempre presentes y hayan ganado el respaldo de muchos que, en Ecuador, Colombia y otros países han contribuido a este proceso. Es una nueva realidad para la lucha por los desaparecidos en el Ecuador. Eso es una conquista política y de dignidad a partir de las tareas desarrolladas alrededor de Carolina Garzón.
La desaparición de Carolina Garzón movilizo a otros familiares y promovió que se conformaran espacios organizativos comprometidos con la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación integral.
Lo que a la fecha persiste en Ecuador y que valoro con enorme preocupación es que la desaparición de personas no es delito, por ende cuando un familiar presenta una denuncia el caso es conocido en una unidad de actuaciones administrativas cuyos plazos de procedimientos no están debidamente regulados. Sólo cuando se logra comprobar que la desaparición de una persona puede estar vinculada a un delito como el homicidio o el secuestro se convierte en un acto delictivo y que empieza a ser conocido en una unidad especializada.
E.S.Para terminar, ¿quisieras agregar algo más?
L.M.E. Si, lo primero es que cuando ocurre una desaparición los familiares tienen que hacer frente a procesos de duelo traumáticos por el tipo de hechos vividos y por el carácter inesperado y violento de la pérdida; y ese duelo en el caso de Carolina Garzon está alterado por la imposibilidad de conocer la verdad de lo sucedido, de saber el destino de ella y por la falta de una respuesta, de un por qué; y ese sufrimiento que se le ha causado a los familiares ya por tres años constituye un trato cruel inhumano y degradante; por ello las responsabilidades del estado Ecuatoriano y Colombiano frente a estos hechos y ante el derecho a verdad y reparación son ineludibles y emergentes.
También es preciso señalar y aclarar categóricamente que no se puede poner sobre la víctima la responsabilidad de las cosas que le suceden. En diversos momentos de este proceso ha habido comentarios de funcionarios de la Fiscalía ecuatoriana indicando que Carolina Garzón, por su estilo de vida, por sus opciones como viajera, por el grupo de personas con que se encontraba conviviendo, se expuso de manera innecesaria y se “buscó” lo que le pasó. Creo que ningún ser humano, que ame su vida, que ame sus proyectos políticos y sus proyectos personales, como lo es Carolina, va a buscar que le hagan daño ni va a pretender hacerse daño a sí mismo. Respuestas o justificativos de este tipo, especialmente en boca de funcionarios estatales, lo único que buscan es justificar –y a la vez demuestran–la incapacidad del Estado de dar respuestas reales, emergentes y legítimas a las víctimas; en este caso a la familia de Carolina Garzón.
Por último debe quedar presente también que la familia de Carolina Garzón, su padre, su madre, su hermana, su tía –pero además sus compañeros de militancia, todas las personas que conocen y aman a Carolina Garzón– tienen el derecho a ser debidamente escuchadas y a participar de manera íntegra durante el proceso de investigación, durante el proceso de sanción a los responsables y que eso hace parte de la debida reparación. Y eso no lo está cumpliendo ni el Estado ecuatoriano ni el Estado colombiano.
A la familia de Carolina, a sus compañeros y a sus compañeras de militancia, del proyecto de vida, se le está tomando única y exclusivamente como un grupo de usuarios que tienen que sentarse a esperar que algún día el Estado decida darles una respuesta. Y como un grupo de usuarios que tienen que conformarse con las cosas que “buenamente” el Estado ha decidido darles y ha decidido hacer. Y eso constituye otra nueva violación contra los derechos, agrava la situación de las víctimas y pone en una mayor situación de zozobra y de indefensión al padre, a la madre, a la hermana, a la tía de Carolina Garzón.
E.S.A modo de conclusión, ¿podríamos repetir una vez más que “dure lo dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos a Carolina la encontramos”?
L.M.E.Así es. Sólo con esa decisión y compromiso es posible continuar esta difícil pero necesaria e inclaudicable tarea.