III Congreso Extraordinario de la CUT
Los días 11, 12 y 13 de noviembre se realizó en Bogotá el III Congreso Extraordinario de la CUT. El evento había sido citado por exigencia de los delegados que participaron en el VI Congreso ordinario realizado el año pasado en Santa Marta. Las pugnas interburocráticas por el control de la central, pero también la inconformidad con la dirigencia, insensible frente a las precarias condiciones laborales de los afiliados, pero, sobre todo, indolente frente a las angustias de la gran mayoría de la población trabajadora y pobre de Colombia, impusieron esta convocatoria para reformar los Estatutos de la central y tratar de democratizarla. Ahora es necesario que las bases sindicales hagan el balance para evaluar hasta donde se pudo avanzar.
Un evento amarrado
El Congreso se realizó en condiciones muy limitadas. Los delegados, la mayoría de ellos no elegidos por asambleas de base, eran los mismos del VI Congreso, y no reflejaban una discusión amplia y democrática sobre la reforma estatutaria o el estudio concienzudo de las diferentes propuestas que se presentaron previamente al evento. El sector mayoritario del Comité Ejecutivo, una alianza de conveniencia entre los autodenominados “democráticos” y el Polo (Moir), restringió la circulación de los proyectos, imponiendo a la oposición –incluso al autodenominado “sector clasista”, que ha convivido con ellos en la dirección de la central- que presentaran “resúmenes”, mientras ellos se abrogaban el derecho de presentar el suyo de manera amplia. Eso se puede constatar en la página web de la CUT y en el folleto que se distribuyó a los asistentes.
El propio evento, que pretendieron inaugurar con la intervención de Sergio Jaramillo, cerebro del equipo negociador de Santos en La Habana –quien al final no se hizo presente-, se inició con tardanza, pues tras bambalinas las diversas corrientes políticas buscaban acuerdos sobre las principales reformas al Estatuto. Los “clasistas” –encabezados por el Partido Comunista y la Marcha Patriótica- estuvieron abiertos a esa negociación, aceptando reformas menores a los estatutos.
De espaldas a la realidad
Aunque el Congreso estaba restringido a la reforma estatutaria, era fundamental aprovecharlo para definir líneas de acción frente al gobierno y la patronal, ahora que se discute el reajuste del salario mínimo o se amedrenta a los pueblos indígenas con la condena a prisión contra el líder indígena Feliciano Valencia. Por esta razón un grupo de dirigentes sindicales, orientado por el Partido Socialista de los Trabajadores, propuso proyectos de resolución para votar un plan de acción sobre estos dos temas. En la instalación del evento, como vocero del PST propuse además que se hiciera un pronunciamiento de repudio contra el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, y sus anuncios de reforma pensional, ley de Primer Empleo contra los jóvenes trabajadores y atropello a la autonomía sindical por medio de un censo. Ninguna resolución se sometió a discusión y la propia Declaración Política del evento se tramitó a espaldas de los delegados sin someterla a aprobación en la plenaria final.
La procesión va por dentro
A pesar de todas estas limitaciones la inconformidad que recorre las bases sindicales se sintió en el Congreso. En la medida en que más de la mitad de los afiliados a la CUT son los educadores estatales, traicionados por la dirigencia de Fecode en el paro de este año, muchos delegados reflejaban este descontento con la burocracia. El último día, luego de las relatorías presentadas por las Comisiones, cuando se pasaba a votación artículos específicos sobre temas en disputa, la burocracia tuvo que maniobrar para impedir que se aprobaran cambios sustanciales que afectaran realmente sus privilegios.
Varios temas los desvelaban: la desafiliación de la Central Sindical Internacional (CSI), de claro corte proimperialista, se sigue aplazando; respecto de la estructura de la central, buscan forzar a los trabajadores a constituir artificialmente sindicatos de industria, a pesar de que la generalizada tercerización laboral obliga a los asalariados a constituir múltiples sindicatos de base buscando protegerse con el fuero sindical, aunque esta pretensión fue rechazada; la proporcionalidad para elegir delegados al Congreso sólo se redujo de 500 a 300 afiliados por sindicato. Se mantuvo la elección directa del Comité Ejecutivo que ha reforzado el caudillismo, el clientelismo y el fraude. La posibilidad de reelección se modificó reduciendo de cuatro a dos los períodos consecutivos para ser miembro del CE. También se votó contra la acumulación de cargos directivos entre sindicatos y subdirectivas de la CUT.
Un hecho que puso en evidencia el carácter retardatario de la dirigencia de la central, y las corrientes políticas mayoritarias que se mueven a su interior, fue la votación contra la ley de cuotas a favor de la presencia de mujeres en los cargos directivos que promovía un amplio sector de delegadas, no obstante que el Congreso estuvo precedido por los Congresos de la Mujer y la Juventud Trabajadoras y a pesar de que Fecode está compuesto mayoritariamente por maestras.
Si bien algunas de las reformas que se aprobaron pueden ser progresivas, la burocracia preservó las normas más antidemocráticas y logró neutralizar las propuestas más radicales, como la que presentamos a nombre del Partido Socialista de los Trabajadores o la de Sinaltrainal, que no fue difundida entre los asistentes. Es la razón por la que se radicó un disenso exigiendo que se publiquen en la página web de la CUT (ver recuadro), con el ánimo de continuar librando la lucha por la democratización desde las bases de la central.
Y la lucha continúa
El Congreso de la CUT fue sólo una escaramuza en la batalla contra una burocracia sindical que no representa a los sectores más explotados del país. A pesar de sus discursos radicales esa dirigencia sigue a la cola del gobierno de Santos, por el que llamó a votar en las presidenciales, con el argumento de garantizar el éxito de las negociaciones de paz. Una prueba de ello es que anunció que su propuesta de reajuste del salario mínimo será de un miserable 12%, a pesar de que la inflación superará el 6%. Esta propuesta no convocará a la lucha a los quince millones de trabajadores que malviven con el mínimo y que desconfían de la eficacia de la lucha sindical. Los revolucionarios debemos seguir atizando el descontento contra la burocracia, al tiempo que construimos un partido de los trabajadores que oriente las luchas de resistencia.
Por: Juan de la Cruz Sánchez Ramírez
Delegado al Congreso Extraordinario de la CUT por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios de la Universidad Nacional y vocero del Partido Socialista de los Trabajadores.
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Constancia de disenso del Partido Socialista de los Trabajadores
Teniendo en cuenta que presentamos una propuesta completa de Reforma Estatutaria de la Central Unitaria de Trabajadores al III Congreso Extraordinario (“Recuperemos la Central para la Independencia de Clase, la Democracia Obrera y la Lucha”), que no fue publicada en su integralidad, la presentamos como disenso a la Comisión No. 1 que discutió la Naturaleza y Fines de la CUT y proponemos a la Plenaria del Congreso que apruebe su publicación en la página web de la CUT, junto con otras propuestas como la presentada por el Sindicato Nacional de la Industria Alimenticia (Sinaltrainal), para que puedan ser conocidas por todos los afiliados de nuestra central.
Bogotá, noviembre 13 de 2015
En la Comisión 2 que discutió el tema estructura organizativa también se presentó la misma propuesta como disenso.
Firman
Juan de la Cruz Sánchez Ramírez Mónica Baena Castaño
cc. 16.205.500 cc. 43.552.158
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EL III CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CUT
Se realizó en Bogotá, los días 11,12 y 13 de noviembre. Aunque estaba convocado con el único objetivo de definir la reforma estatutaria, un grupo de dirigentes sindicales, por iniciativa del Partido Socialista de los Trabajadores, propusimos que se discutieran y aprobarasn proyectos de resolución sobre dos importantes temas: la exigencia al gobierno y los empresarios de incrementar el Salario Mínimo para 2016 a $1’500.000 e impulsar una campaña de lucha y movilización para lograr la libertad inmediata del líder indígena Feliciano Valencia, injustamente condenado a 16 de años de prisión.
La primera propuesta tiene como objetivo que la CUT, y las demás centrales sindicales que tienen representación en la Mesa de Concertación Laboral -junto al gobierno y los empresarios- asuman la vocería de más de quince millones de trabajadores que devengan el salario mínimo o menos. Sólo una exigencia de ese calibre puede romper la rutina anual, casi reducida a una simple farsa, de discutir más de un mes sobre salarios, canasta familiar y productividad, para al final pactar un miserable reajuste que, en el mejor de los casos, se limita a uno o dos puntos por encima de la inflación reconocida por el Dane, o retirarse vergonzantemente de la mesa.
Desde luego, no somos tan ingenuos para pensar que un aumento de esa magnitud se conquistará convenciendo a la patronal con argumentos. Sólo la movilización de masas y la organización en serio de un paro nacional de la producción, obligará a los capitalistas a compartir parte de sus escandalosas ganancias con los asalariados, en especial con la juventud trabajadora, sometida a la precariedad laboral y los más bárbaros niveles de sobrexplotación.
La campaña por la libertad de Feliciano tiene el propósito de ganar al movimiento obrero para que encabece la lucha por las libertades democráticas contra elrégimen autoritario y represivoque encabeza el gobierno de Santos. Mientras en La Habana, a cambio de algunas concesiones políticas para los comandantes de las FARC, se pacta la impunidad para los peores genocidas, se quiere criminalizar la lucha ejemplar que han librado los pueblos indígenas en defensa de su territorio y su autonomía.
Estos proyectos de resolución, a pesar de haber sido presentados con suficiente antelación y sustentados en el panel de inicio del evento, no fueron discutidos en el Congreso por decisión del Comité Ejecutivo, quienes se limitaron a plantear que los tendrían en consideración más adelante. Podemos estar seguros que serán archivados, tal como hicieron con la resolución exigiendo un salario mínimo de un millón de pesos, aprobada el año pasado por el VI Congreso, e ignorada de manera burocrática por la dirección. Es otro ejemplo de porqué debemos continuar la lucha por democratizar la central y cambiar a la totalidad de la actual dirigencia sindical.
Llamamos al conjunto del movimiento obrero y popular a que tome en sus manos estas propuestas, las analicen, discutan y aprueben en sus asambleas de base y las respaldemos con la movilización. Sigamos el ejemplo del pueblo indígena que ha anunciado que marchará a la capital exigiendo la anulación de la sentencia contra Feliciano. ¡Los derechos no se mendigan: se arrancan al calor de la lucha organizada!