El régimen está podrido: ¡echarlos a todos!
El escándalo que provocó la fallida reforma a la Justicia puso en evidencia una cosa: todas las instituciones con las que se gobierna este país están podridas. Los trabajadores debemos ser conscientes de que dependerá de nosotros que eso cambie definitivamente. No basta con expresar nuestro descontento firmando referendos o reclamando una nueva Constituyente. Hay que prepararse para volcar el régimen político y establecer nuestro propio gobierno, basado en instituciones verdaderamente democráticas.
El hundimiento de la reforma a la Justicia, ordenado por Juan Manuel Santos al Congreso, dejó claro quién manda en Colombia. El Presidente puede pasar por encima de la Ley y de la misma Constitución, imponiendo su voluntad. Es una dictadura disfrazada de democracia. La decisión de Santos buscaba resolver la crisis que él mismo había provocado, al tratar de negociar una reforma que pusiera el aparato judicial bajo su pleno control. Argumentando serias objeciones al texto pactado en la Comisión de Conciliación, Santos lo devolvió al Congreso exigiendo que se reuniera en sesiones extraordinarias y lo hundiera. Los parlamentarios acataron la orden y, por unanimidad, decidieron echar atrás la reforma. Todo el procedimiento, de acuerdo a las normas vigentes, fue ilegal. Pero los organismos de control, encargados de impedir que los congresistas violen la ley, los autorizaron a sesionar prometiendo no investigar su actuación.
Uribe y Santos gobernaron de común acuerdo en las pasadas dos administraciones. Empollaron juntos los “tres huevitos” de la Seguridad Democrática, la Confianza Inversionista y la Cohesión Social. El primero se comprometió a acuartelar los ejércitos paramilitares y el segundo a dirigir las Fuerzas Armadas. Pero Uribe pretendió continuar al mando y para ello no tuvo empacho en reformar la Constitución, ser reelegido y echar a un lado el precario equilibrio de poderes, al tiempo que sus allegados depredaban el erario público.
El ala tradicional de la burguesía que representa Santos, de común acuerdo con el imperialismo, decidieron retomar el gobierno y llamar a “calificar servicios” a Uribe, al tiempo que desataban una cacería de brujas contra su círculo cercano para mantenerlo a raya. Fieles a su tradición de no apelar al movimiento de masas para dirimir sus contradicciones han empleado las propias instituciones del régimen en el tira y afloje por el control del Estado. De allí el choque de trenes permanente con los privilegiados magistrados de las Cortes.
La fallida reforma a la Justicia le permitía a Santos, además de garantizar “estabilidad jurídica” para los negocios de empresarios criollos y transnacionales, utilizar la fuerza de la Ley para imponerse sobre sus contradictores, a cambio de garantías de impunidad para Uribe y sus secuaces. Pero la maniobra fue tan descarada que la “opinión pública” se encabritó, la reelección de Santos quedaba en entredicho y tuvo que recular.
Pero la crisis no se ha cerrado. Uribe ha lanzado su “Frente Contra el Terrorismo”, al tiempo que reclama una Constituyente de bolsillo para reformar la justicia. En este enfrentamiento entre burgueses los trabajadores no tenemos a quien escoger. Nuestra consigna debe ser que se vayan todos los responsables de la crisis y movilizarnos por nuestras propias reivindicaciones: tierra, empleo, vivienda, educación y salud para todos. Para conquistarlas requerimos de una nueva dirección política y sindical para nuestras luchas; pues la actual dirección mayoritaria de las centrales sindicales y organizaciones populares –en crisis por el fracaso del Polo Democrático Alternativo– y la cooptación de muchos de sus dirigentes, sólo aspira a convivir con el actual estado de cosas, convirtiéndose en el principal obstáculo para que se concrete, por lo menos, una revolución democrática que eche abajo este régimen corrupto y genocida.