PST Colombia

Partido Socialista de los Trabajadores

El posconflicto: ¿un asunto militar?

Negociaciones de la Habana

 

El gobierno ha entendido, desde el inicio, que en las conversaciones de paz cuenta con un elemento valioso dentro del régimen político, la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional). Este aparato tiene diferente peso según el régimen de que se trate. Así, la preponderancia del ejército era una de las ideas napoleónicas constitutivas del régimen de Luis Bonaparte. Pero de lo que se trata aquí es de mirar algunas expresiones y peculiaridades del componente militar, en el actual régimen político colombiano.

Un discurso engañoso

Un ideólogo de la burguesía colombiana, Alfonso Gómez Méndez, considera como ventaja de este proceso de paz, algo que no tuvieron los procesos anteriores, el haber involucrado “a las Fuerzas Militares y de Policía …” (Fuerza Pública para el posconflicto´, Alfonso Gómez Méndez, El Tiempo, 30 de septimbre de 2015). Otros procesos de paz no han contado con ese rol de los militares, luego es una materia discrecional del gobierno. No todo diálogo hacia la cesación de un conflicto armado exige la presencia castrense. 

Para atraer a las diferentes fuerzas (gremios, partidos, academia, etc.), el gobierno colombiano ha logrado construir un discurso engañoso sobre la paz, admitido sin crítica por muchos sectores de la sociedad que han sufrido la crudeza del accionar armado. Astutamente, Santos ha presentado las cosas de tal forma que quienes no acepten el engaño del discurso aparezcan como enemigos de la paz. Se recordará que el artificio ha sido denunciado por su propio antiguo socio político, el senador Uribe Vélez. Lo cierto es que ambos presidentes se han preocupado por mantener la cohesión del par Ejecutivo-Fuerza Pública. Del historial de Santos se recuerda su actuación como Ministro de Defensa. A esa época se remonta su inclinación tolerante frente a los falsos positivos. Luego como presidente guardó silencio ante su Ministro Pinzón, para quien los falsos positivos eran invento de la prensa o hechos fortuitos. (Marta Ruiz, Revista Semana 15 de febrero de 20, versión digital). Santos afirma que siempre ha desplegado una estrategia de protección a los uniformados.

 

Paz con guardaespaldas

El papel de los militares sigue siendo básico para el gobierno en este período, y se confirma con la designación del general Óscar Naranjo como superministro  coordinador del posconflicto. Fue nombrado Ministro Consejero de Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad. Su función es “formular, estructurar y coordinar las políticas relacionadas con el posconflicto y asesorarlo para modernizar los modelos de seguridad, desmovilización y reintegración”. (www.pulzo.com/nacion)

 Es claro entonces que para Santos, el llamado posconflicto es en gran medida un asunto de seguridad. Y según él, la persona más adecuada para la Consejería de Derechos Humanos es un ex general de la República.

Ahora cuando parece acercarse el fin de la negociación con las FARC, se intensifica el interés del gobierno por contar con un marco de operatividad para la Fuerza Pública, conforme con sus intereses para el período que se acerca. Se habla entonces de revisión de la doctrina militar. Es un tema difícil de abordar por su carácter hermético y de expertos procedentes de la esfera militar. Según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “la doctrina militar son los principios, fundamentos y tradiciones que sostienen el carácter de la institución. Es una relación entre legalidad y cultura cuyo resultado es la legitimidad social”. (iidh-costa-rica.doctrina-militar.pdf). Por los elementos ya señalados y las atribuciones que le han sido dadas a la Fuerza Pública por parte del régimen, preocupa el radio de acción que alcanzará la doctrina militar en el llamado posconflicto. Se dice que es necesario mantener el pie de fuerza contra las que se vienen llamando “otras violencias” (narcotráfico, delincuencia, etc.) Pero, ¿no se ha probado la incapacidad de los métodos represivos para acabar con el negocio de las drogas psicoactivas? ¿Y el origen de la delincuencia no está más bien en las políticas del Estado y sus gobernantes? ¿No estarán la denuncia y la protesta social incluidas dentro de las “otras violencias”?

 

Y el gringo ahí

El pueblo trabajador no puede esperar  del  componente militar, o de defensa, o de seguridad del régimen, que dé solución a sus problemas. Ya se escuchan voces que respaldan la orientación del gobierno respecto al componente militar del llamado posconflicto, amigos de Santos y pretendida oposición. Los generales consideran por su parte que es a ellos a quienes competen las modificaciones de la doctrina militar. Para eso se sienten orgullosos de contar con el apoyo de Estados Unidos y la Otán; al fin y al cabo se trata de “estar al día con los conceptos militares de orden nacional, regional y global”. (El Tiempo. 25 de septiembre, de 2015). Sueñan con convertirse en un remedo de Israel, país exportador de mercenarios, o interviniendo en conflictos internacionales con lo que podrían terminar provocando atentados contra la población colombiana por grupos radicales. La senadora Claudia López a su vez, piensa que “sería un absoluto error empezar por disminuir el porcentaje de inversión del PIB que tiene hoy nuestro sector de seguridad y defensa”. (El Tiempo. 26 de septiembre de 2015). El analista León Valencia reitera: “La Fuerza Pública necesita aumentarse, porque este es un territorio difícil”. (Ibid) La preocupación del comandante del ejército está en el orden de la “criminalidad en general, el crimen transnacional y las amenazas de otro orden que se puedan presentar” (Ibid) ¿Cómo cuáles?

 

¡Moviizarnos por una Asamblea Constituyente!

Santos ha conseguido respaldo desde las diferentes instituciones burguesas, pero también ha arrastrado tras de sí al reformismo. Los militantes de izquierda tienen que saber que sus direcciones tratan de hacerlos cómplices de las políticas antiobreras y antipopulares de Santos. En particular, buscan que el tratamiento militar del posconflicto parezca inofensivo y hasta benéfico para los trabajadores. De ahí la necesidad de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que neutralice la ofensiva de Santos y permita la libre expresión obrera y popular.

A.R.