El Gobierno de Santos en La Habana: Completando la cadena

El pasado 9 de mayo, en extensa disertación en la Universidad Externado, el Alto Comisionado para la Paz y miembro del equipo negociador del gobierno en La Habana, Sergio Jaramillo, expuso las líneas básicas de la estrategia del gobierno en la negociación con las FARC y en el periodo que se abriría en caso de culminar exitosamente.
Por su contenido, por la claridad de la exposición, porque en medio del carácter secreto que han tenido las negociaciones es la primera vez (hasta donde conocemos) que en forma pública el gobierno presenta la totalidad de sus ejes, recomendamos el estudio de dicho texto, publicado por El Espectador en su página de internet el 16 de mayo.
La presión de diversos sectores que piden avances rápidos en la negociación e información concreta de ella, ha obligado al gobierno a colocar algunas de sus cartas sobre la mesa, pudiéndose así tener una visión más clara de hacia dónde va el proceso . Sin agotar el tema, analizamos un aspecto, a nuestro juicio fundamental, de la exposición del Dr. Jaramillo.
¡El último eslabón!
Refiriéndose a los caminos para la refrendación popular de los acuerdos que lleguen a lograrse, el Dr. Jaramillo señala: “El instrumento jurídico para la refrendación no se ha decidido. Pero lo que está claro es que no es una Asamblea Nacional Constituyente. Uno no hace una Constituyente para refrendar unos acuerdos de paz, ese no es su propósito, sino para crear un nuevo ordenamiento jurídico de la nación. Que es lo contrario de lo que se trata este proceso: se trata más bien de transformar la realidad para poner el último eslabón de la Constitución del 91, de cerrar el círculo y dedicar todos los esfuerzos del Estado y de la sociedad a materializar esa promesa de protección de los derechos fundamentales que contiene la Constitución” (negritas nuestras).
En boca de un burgués como Sergio Jaramillo la figura del último eslabón, que siempre lo son de una cadena, es aterradoramente exacta. Se trata de afianzar y fortalecer el “ordenamiento jurídico de la nación”, cuya máxima síntesis es la Constitución; así la misma sea un pedazo de papel que se cambia o interpreta a necesidad de los detentadores del poder.
Es ese ordenamiento jurídico, expresado en el régimen político actualmente existente, el que valida a la burguesía nacional, socia menor de las multinacionales imperialistas, su control, dominio, explotación y sobre-explotación de los recursos y de los trabajadores del país. Colocar ese último eslabón y "cerrar el círculo" es la estrategia del gobierno Santos para lograr un régimen político sólido, con amplio respaldo popular.
La guerrilla, ¿el eslabón perdido?
El Dr. Jaramillo, que hasta donde conocemos no es arqueólogo, no está buscando el eslabón perdido. Él sabe que existe y dónde se encuentra. Lo que busca es articularlo totalmente a la cadena del dominio político con la cual se ata a los millones de trabajadores del país para mantener las condiciones económicas y sociales de explotación y opresión capitalistas actuales.
La Constitución de 1991, si bien le dio un respiro a la burguesía y le permitió capear la crisis que arrastraba el régimen político anterior dejó algunos eslabones sueltos. A la defensa abierta y directa de esa Constitución burguesa se integraron amplias franjas de la pequeña burguesía urbana, expresadas políticamente en lo fundamental a través del Polo Democrático Alternativo, antes de su actual crisis. No sobra recordar que el propio Partido Comunista de Colombia estampó su firma en la misma, al lado de la de los ex guerrilleros del M19 que se integraron plenamente como agentes del régimen político resultante.
La enorme mayoría de las direcciones sindicales, agentes políticos directos del reformismo del MOIR y del PC, a través del PDA y todos sus satélites, tras la ilusión de los supuestos enormes avances democráticos de dicha Constitución, se lanzaron a la batalla de amordazar, frenar y destruir la lucha y movilización obrera y popular por sus derechos imponiendo la nefasta política de conciliación y concertación. La lucha y la movilización dejó de ser lo más importante para la conquista y defensa de los derechos. Pasó a ser fundamental el lobby y la acción parlamentaria y todas las fuerzas se colocaron a su servicio.
Esas expresiones políticas reformistas, con gran peso en la pequeña burguesía de las grandes ciudades y en franjas de trabajadores, y la política a la cual no han renunciado, tienen responsabilidad directa en la masacre laboral que en las últimas décadas se produjo pues el resultado no dependió sólo del ataque del gobierno. El resultado dependió de que, si bien con algún cabo suelto, el movimiento obrero y popular estuvo atado de manos y pies con la cadena de las ilusiones en la Constitución del 91 que tienen y mantienen esas direcciones.
Pero mientras se instalaban las solemnes sesiones de la Constituyente de 1991 el gobierno de César Gaviria daba el grito de “bienvenidos al futuro” bombardeando el llamado santuario de las FARC, Casa Verde. Y el eslabón pendiente no se logró integrar a la cadena, sumiéndose nuevamente en la selva.
¿Cómo cerrar el círculo?
La miseria en el campo y ciudades, el espacio internacional favorable que abrió el proceso de la revolución en Venezuela y sus repercusiones en el vecino Ecuador, los amplios márgenes que existen en el país para la más variada clase de actividades por fuera de la legalidad –incluidos diversos medios de financiamiento--  alentaron y dieron aire a unas FARC que ya en 1990 veían la crisis de su referencia ideológica programática estalinista con el derrumbe de la Unión Soviética.
En este periodo la burguesía intentó siempre unir el eslabón a la cadena, a través de diversos medios. Pastrana, mientras negociaba en El Caguán preparaba el más audaz plan de transformación y fortalecimiento de las Fuerzas Militares para utilizar el fuego doblando el eslabón si el enganche negociado no funcionaba. El enganche negociado no funcionó y el gobierno Uribe avivó el fuego del horno desatando una ofensiva generalizada de sangre, fuego y bombardeos hasta en los países vecinos. Tampoco lo logró aun cuando, en términos militares, obtuvo un gran ablandamiento, requisito –en la metalurgia y en la guerra– para doblar cualquier metal o fuerza militar.
En la particular alineación de los astros que existe para lograr una salida negociada al conflicto armado, según señala el Dr. Jaramillo en su disertación, el sector burgués encabezado por el gobierno Santos vislumbra ahora la posibilidad de “cerrar el círculo” por la vía negociada. Se busca integrar al régimen político colombiano y a la defensa del mismo, bajo los parámetros del Estado burgués capitalista que fija la Constitución de 1991, a fuerzas políticas que reflejan y representan (o pueden reflejar y representar en forma amplia) a masas campesinas pobres, sumidas en la miseria, abandonadas por el Estado, que no disponen siquiera de los precarios beneficios de salud o educación a los cuales en algo tienen acceso otros millones de colombianos.
Basta observar las características de las movilizaciones realizadas por la Marcha Patriótica en meses pasados para convencerse que, sin integrar a la cadena del régimen político a una fuerza que represente esa influencia social muchos planes y proyectos de la gran burguesía y las multinacionales se tendrán que realizar en terreno inestable.
Y al servicio de este plan, cerrando el círculo, la burguesía encabezada por Santos está dispuesta a diversas concesiones, tal como detalla el Dr. Jaramillo en su disertación. A ellas nos referiremos en nota posterior.