PST Colombia

Partido Socialista de los Trabajadores

Cartagena: no hay opciones para los trabajadores y los pobres

OPINIÓN

Protestas de los trabajadores en la Zona Industrial de Mamonal

Tras el fallecimiento de Campo Elías Terán Dix y la convocatoria a elecciones atípicas para la Alcaldía de Cartagena el 14 de julio, se ha abierto una crisis política que ha desbordado las esferas locales y que se ha convertido en un tema de discusión de los medios de comunicación a nivel nacional.
La entrega de avales ha estado en medio de tensiones entre los sectores políticos locales y nacionales que pugnan por apropiarse de parte del botín que está en juego en Cartagena. Los partidos Verde, Conservador y Cambio Radical aún no definen los apoyos desde Bogotá mientras tienen compromisos establecidos entre senadores y concejales en la ciudad.
Un botín de 6 mil millones de dólares
Cartagena es conocida por ser el principal destino turístico del país y por su desigualdad social, pero más allá de esa condición lo que la burguesía se juega en la ciudad es la ampliación de la Refinería, la ampliación del Puerto y los grandes proyectos de infraestructura como el sistema de acueducto y alcantarillado, el traslado del mercado  y la construcción de Transcaribe.
Según las proyecciones del DANE, Cartagena tiene 955.705 habitantes, pero los índices de pobreza alcanzan al 40% de la población en una ciudad donde se están definiendo negocios por más de 6 mil millones de dólares, que incrementarían en un 30% el PIB departamental en menos de diez años. Por ello las constantes protestas sindicales y sociales por las precarias condiciones de contratación, por los constantes cortes de energía de Electricaribe, por la escasa infraestructura de salud y educación y por el desalojo de los vendedores ambulantes.
Este ascenso en las luchas sociales de la ciudad se ha visto frenado por los grupos paramilitares – en especial Los rastrojos – que amenazan a la dirigencia sindical y social por “atentar contra el desarrollo empresarial” de la ciudad. Por ello, la burguesía tiene hoy dos opciones: una candidatura de los empresarios que prometa mano dura y represión o una candidatura de conciliación de clases que administre la crisis de la ciudad y llame a los trabajadores y a los sectores populares a apoyar a los empresarios.
Industria, puerto e infraestructura
Un reciente estudio del Banco de la República, realizado por la economista Karina Acosta,  muestra que en Cartagena se consolida hoy una industria de plásticos y petroquímica, además de ser el principal puerto marítimo del país, y también muestra los grandes negocios que están en juego en la ciudad.
El principal proyecto es la ampliación de la Refinería en la Zona Industrial de Mamonal, con una inversión de 4 mil millones de dólares,  le sigue la ampliación del Puerto de Cartagena que se relaciona con la ampliación del Puerto de Panamá, con una inversión de 600 millones de dólares.
Además la ciudad requiere adecuar su infraestructura de acueducto y alcantarillado para lo cual se ha desarrollado el Plan Maestro de Drenajes con más de 500 millones de dólares, nueva planta de tratamiento para el Acueducto con 270 millones de dólares, la concesión de aseo que representa 230 millones de dólares al año, el traslado del Mercado de Bazurto con 30 millones de dólares, Transcaribe con 450 millones de dólares, la ampliación de la concesión del Corredor de Carga y del contrato de recolección de basuras, además de las concesiones de vías como la Quinta Avenida de Manga, la ampliación del Malecón de Bocagrande y los proyectos inmobiliarios de la Zona Norte y Chambacú, en un área protegida como patrimonio por el Ministerio de Cultura.
Una historia de caos y corrupción
A pesar de ser una ciudad estratégica para la implementación de los Tratados de Libre Comercio los empresarios no han encontrado en los sectores políticos tradicionales buenos administradores para sus proyectos y es así como los últimos mandatarios han terminado en la cárcel o sancionados (Guillermo Paniza Ricardo, Nicolás Curi, Alberto Barboza y Carlos Diaz Redondo).
Con Judith Pinedo, conocida como María Mulata, los trabajadores y los sectores populares buscaron la posibilidad de un gobierno que pusiera freno a la corrupción y las arbitrariedades de los empresarios del turismo, pero más allá de algunas campañas cívicas y de la construcción de viviendas de interés social en las afueras de la ciudad para damnificados del invierno y población en condiciones de miseria, que hoy se suman al cordón de miseria de la Zona Suroriental, sus aspiraciones se vieron frustradas por los intereses empresariales que la María Mulata representa.
En 2012, fue elegido Campo Elías Terán, un locutor deportivo que desde su noticiero hacía denuncias de problemas en los barrios y que al mismo tiempo imponía un estilo amarillista frente a la creciente violencia que imponían las bandas de sicarios en toda la ciudad. Campo Elías Terán representaba una gran esperanza para los sectores populares que desconocían los compromisos que tenía con sus financiadores: las casas políticas tradicionales y los empresarios. Como era de esperar esta administración sucumbió  en el caos y la corrupción, que se agravaron con la enfermedad terminal de Campo Elías y el encargo a Carlos Otero de la Casa García, impuesto por Juan Manuel Santos.
Opciones… de la burguesía
En Cartagena existen dos tipos de candidaturas, las que representan a los grandes empresarios y las casas políticas tradicionales que se proponen como alternativas para controlar y administrar la crisis social.  Sin embargo, por los intereses que están en juego en la ciudad, la Unidad Nacional de Juan Manuel Santos intenta una candidatura única. Entre las primeras están:
Dionisio Vélez: empresario conservador que cuenta con el aval del Partido Liberal de la Casa Turbay del Senador Lidio García. Vélez ha sido beneficiario de los subsidios de la educación por más de 1.000 millones de pesos a través de su empresa TECNAR. Entre sus apoyos se encuentran los parapolíticos: Vicente Blel, Miguel Rangel Sosa y Willian Montes.
María del Socorro Bustamante: candidata que había recibido el aval de Cambio Radical de la Senadora Dayra Galvis, pero que tras conocerse que la convicta Enilce López, alías La Gata, estuvo en uno de sus actos de campaña, le fue retirado. Tiene el apoyo de los concejales del PIN, representando los sectores enriquecidos por el paramilitarismo llamados ‘empresarios emergentes’.  
Y en las que se proponen como alternativa están:
Wilson Borja: Candidato del Polo Democrático, quien en entrevista para el diario El Tiempo sostiene que su campaña cuenta “con amigos del sector capitalista”, anunciando que busca apoyo de Colpatria y Bavaria. Propone la misma fórmula que llevó al caos y la corrupción en Bogotá: una alianza con los empresarios que sólo puede tener como resultado el fortalecimiento de los carteles de la corrupción.
Alcides Arrieta: A través de la recolección de firmas pretende recoger las redes clientelistas de Campo Elías Terán y de sectores de esa administración afectados por la Casa García que representa Carlos Otero.
En este proceso también se generó una crisis en el Partido Verde con la salida de Mercedes Maturana, que proviene de la administración de María Mulata, y la orden de captura del ex alcalde Carlos Diaz Redondo. De igual manera, Miguel Navas Meisel, ex Gobernador de Bolívar, hasta el momento lucha porque el Partido Conservador le dé el aval desde el Directorio Nacional, contra el respaldo otorgado a nivel local a Dionisio Vélez.
Pero cualquiera sea el resultado de esta negociación de apoyos y avales por apropiarse del botín en la ciudad, lo que se muestra es que unos u otros terminarán sumando los respaldos de la otra candidatura que hoy denuncian.
En este panorama no existen candidaturas que representen a la clase trabajadora y los sectores populares. Incluso las opciones que se plantean como alternativas – que el pasado tuvieron las alcaldías de Campo Elías Terán y María Mulata – representan las cadenas del clientelismo y la corrupción que han sumido a la mayor parte de la ciudad en la miseria mientras benefician a los grandes empresarios y a las casas políticas con los recursos públicos.