Ante los atentados en Bogotá y las posteriores detenciones de supuestos responsables

 
Procedan de donde procedan, el Partido Socialista de los Trabajadores, rechaza los atentados terroristas que se han producido en el país y en la ciudad de Bogotá.
Las acciones de índole claramente terrorista, como deben ser catalogadas estos atentados, es ajeno a los trabajadores y sectores populares en la lucha por sus reivindicaciones sociales o políticas. Tanto las FARC como el ELN, si algo tienen que ver con dichos atentados deberían aclararlo pública y categóricamente. Esta debería ser su forma de actuar de manera responsable ante los trabajadores y la población, sabiendo como saben que, la burguesía, el régimen y sus instituciones represivas, durante décadas han utilizado sus acciones terroristas equivocadas para justificar el asesinato, las desapariciones, las amenazas y condenar injustamente a miles de luchadores sindicales, campesinos y populares.
El gobierno y la jefatura militar y policial, ante los atentados han salido, como ya es costumbre, a exigir resultados en las investigaciones y a ofrecer gruesas sumas de dinero como recompensa para los informantes. El país ya conoce a donde han conducido estos métodos y las infamias que se cometieron bajo tales procedimientos y los falsos positivos.
En los últimos días, como resultado de supuestas investigaciones para esclarecer esos atentados, en un afán del poder judicial por mostrar resultados como respuesta a las presiones indebidas del poder ejecutivo, se ha producido la captura de más de una decena de personas, líderes de procesos sociales y populares, reconocidos activistas y defensores de derechos humanos , varias de ellas pertenecientes al Congreso de los Pueblos, tal como lo denuncia ese movimiento a través de su vocera Alexandra Bermúdez. Estas personas ya han sido condenadas  de manera pública  y a priori por el presidente Santos, funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y medios de comunicación como perpetradores de los atentados terroristas de la semana pasada.
El gobierno, la Policía y los organismos de seguridad, han pasado a la acusación pública abierta de que dichas personas pertenecen a una organización insurgente (el ELN) y son responsables de tales acciones. Ha hecho carrera en el país, una vez más, la fatídica práctica de condenar a activistas de movimientos de izquierda sin previamente demostrarse las acusaciones de que son víctimas, colocándolos en la mira  de los grupos de extrema derecha que operan en todo el país y que ya han dejado miles de muertos y desaparecidos.
Otra hipótesis posible es que dichos atentados hayan sido organizados y realizados por grupos de la extrema derecha, como una manera de colocar un palo en la rueda de las negociaciones   que el gobierno adelanta con las FARC y prepara con el ELN. Por esto se hace mucho más urgente que estas organizaciones expresen con absoluta claridad si los atentados tienen que ver con la autoría de ellos o no.
El Partido Socialista de los Trabajadores rechaza enfáticamente la persecución y estigmatización de la protesta social evidenciada primero en las amenazas – aún no investigadas por la Fiscalía– y ahora en la detención de estas personas. Exigimos, como ya lo han hecho varias organizaciones entre ellas el Congreso de los Pueblos, que a las personas detenidas se les garantice el debido proceso, derecho pleno de defensa, a que no se les condene antes de vencerlos en un proceso judicial, así como el derecho a la vida y la integridad de los activistas detenidos.
Bogotá, 9 de julio de 2015.