¡Rechacemos las deportaciones y el estado de excepción!

En días recientes el Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, anunció la posibilidad de extender la medida hacia esa entidad federal. Estas medidas contra sectores populares y humildes de los inmigrantes son una continuación de la aplicación de la OLP, la represión en las colas para conseguir alimentos, y las amenazas a organismos de derechos humanos y sus dirigentes.
Toda esta represión está siendo justificada con el argumento de combatir la inseguridad, el contrabando, el bachaqueo y el paramilitarismo. Todos problemas reales que existen desde hace mucho tiempo, pero que no son la verdadera causa de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, como intenta hacer creer el gobierno, y sobre los que cabe preguntarse ¿Quienes son los responsables?
Aumenta la represión contra los trabajadores y los sectores más humildes
Sin embargo quienes resultan víctimas de esta política gubernamental son hasta el momento los sectores más humildes. Nicolás Maduro, luego de cacarear una “guerra económica”, no tomó ninguna medida efectiva contra ningún empresario o gran comerciante que son los que realmente podrían boicotear la producción, almacenar o especular con mercancías de primera necesidad. Por el momento no se ha anunciado que hayan sido desbaratadas algunas de las decenas de grandes bandas criminales que operan en el país. Pero si nos enteramos de la demolición de viviendas humildes, de “ajusticiamientos”, como en el caso de Aragua que circuló en las redes un video reconocido por el propio gobernador. Tampoco aparecen cómplices, de las fuerzas de seguridad o de la burocracia estatal, cuando todo el pueblo sabe de dicha complicidad. Por eso está claro que Maduro apunta contra los pobres y no los verdaderos responsables.
Ninguna de estas medidas aplicadas por el gobierno resolverá los problemas de inseguridad, ni la escasez ni mucho menos el paramilitarismo. Pero a Maduro le sirven para desviar la atención de estos problemas graves y de los verdaderos responsables y así tratar de subir algunos “puntos” en las encuestas.
Enfrentemos las deportaciones y persecución al pueblo colombiano
Ahora, en la crisis producida en la frontera con Colombia quedan en evidencia los rasgos más reaccionarios y violentos de este gobierno. Centenares de personas son expulsadas del país, algunos con muchos años de residencia en la zona perdiendo sus precarias viviendas, rompiendo lazos familiares y de vecindad. Generando una campaña de xenofobia contra el pueblo colombiano. Es vergonzoso que los que se dicen “obreristas” y “socialistas”, utilicen los mismos o peores métodos que los países imperialistas para tratar a los inmigrantes. Todas las organizaciones obreras, populares y democráticas, debemos exigir la inmediata suspensión de las expulsiones, deportaciones y el fin del estado de excepción como así también el pronto retorno de quienes quieran volver, la devolución de sus pertenencias y la indemnización para aquellos a quienes les fueron demolidas sus viviendas o vieron afectado su patrimonio con esta medida y terminar con las prácticas xenofóbicas contra los residentes en la frontera y el resto del país. . Debemos hacer esfuerzos para organizar una campaña común con las organizaciones obreras, populares y democráticas colombianas para frenar estos atropellos a las libertades y derechos de los pueblos hermanos.
¿Por qué este ataque a los derechos democráticos, ahora?
Lo que explica este verdadero giro represivo, en parte, es la caída de la popularidad de Maduro a los niveles más bajos que ha tenido el chavismo en toda su historia. Las denuncias, los grandes “enemigos” y las conspiraciones, no pasan de montajes o shows mediáticos que luego de cumplir su “misión” son dejados de lado hasta mejor momento y aparecen con otra denuncia. (Recuérdese del “Dakazo”, la firma del decreto de Obama, la pelea con Guyana…)
Pero el verdadero objetivo de toda esta política represiva va más allá. La crisis económica que por la inacción e incapacidad del gobierno se profundiza más, lo obligará a ahondar el actual ajuste en acuerdo con los empresarios de FEDECAMARAS y la Boliburguesía. Y ese ajuste incluirá el golpear los derechos de los empleados estatales, mayor reducción de los gastos de las misiones, aumento del precio de la gasolina y los servicios, liberación de precios, aumento de impuestos, privatizaciones y reprivatizaciones, entre otras medidas. FEDECAMARAS, por ejemplo, ya está exigiendo la devolución de las empresas privatizadas a sus dueños, y la modificación de la LOTTT, principalmente en lo que respecta a la inamovilidad laboral y la jornada de trabajo. Y todo esto garantizando en los pagos de deuda externa e interna.
Un ajuste que caerá sobre las espaldas de todos los trabajadores y sectores populares. ¿Y cual será la respuesta de los trabajadores? Es probable que las luchas de resistencia contra los despidos, los ataques a los contratos y/o salarios, que hoy son dispersas, comiencen a crecer y entonces todo el aparato represivo que hoy prepara el terreno, mañana sea desplegado contra nuestras luchas. Es decir el ataque a humildes pobladores fronterizos de nacionalidad colombiana, no es más que el ensayo para una generalización de la represión contra los trabajadores y el pueblo pobre en general, como ya se observa con la OLP, y para una mayor criminalización de la protesta social, laboral y popular.
Por este motivo, llamamos a todas las organizaciones obreras, sindicatos, corrientes sindicales, la UNETE, organizaciones de derechos humanos y campesinas a rechazar este avance represivo con los trabajadores, sectores populares y los más humildes. Y adherimos a las iniciativas que se concreten al respecto.