Con bombos y platillos, incluyendo la asistencia del señor Bam ki-moon (Secretario General de las Naciones Unidas) para darle realce al evento, el presidente Santos promulgó la llamada Ley de Víctimas. Señalada por el Presidente como uno de sus proyectos políticos más importantes, contó con la aprobación final de la totalidad de las bancadas parlamentarias que lo apoyan, a pesar de los reparos presentados por el sector de Uribe Vélez.
Por su parte, el Polo Democrático Alternativo que terminó por abstenerse de la votación del texto final, levantando objeciones a la conciliación de los proyectos aprobados en Senado y Cámara, señaló en declaración de su vocero Iván Cepeda “…que no obstante no suscribir la conciliación, valora la aprobación de la iniciativa, la cual ha sido conseguida con el esfuerzo de las víctimas…” (www.senadoragloriainesramirez.org, mayo 31, 2011).
Es necesario un análisis detenido de la estrategia que subyace en la mencionada Ley, cuáles son los intereses estratégicos que defiende y, por lo tanto, que actitud asumir ante ella. Sin la menor duda, su aplicación repercutirá profundamente en el proceso político del país en los próximos diez años, como mínimo, periodo de vigencia definido por la misma. Acá intentamos señalar sólo puntos gruesos que permitan entrar al análisis de detalle de los cinco capítulos y nueve títulos en los que se agrupan 208 artículos esparcidos a lo largo de 104 páginas de texto bien apretado.
¡Las fuerzas del despojo y la masacre!
El universo de víctimas que cubre la ley puede sobrepasar los cinco millones de personas, en un periodo de 26 años (de 1985 a 2011); con seis millones de hectáreas de tierras arrebatadas a la fuerza a sus legítimos propietarios o poseedores (4 o 5 millones de campesinos pobres y colonos que fueron desplazados); 56 mil desaparecidos –según datos del gobierno– y decenas de miles de asesinados.
Estamos ante una realidad social tan gigantesca que no puede ser explicada única y exclusivamente por el accionar de unos cuántos grupos guerrilleros, de narcotraficantes o grupos armados ilegales. Fuerzas económicas y sociales más poderosas y profundas actuaron en el país durante todas estas décadas (y desde antes de la fecha reconocida oficialmente por la ley) para producir esta hecatombe. Y mientras tales fuerzas económicas y sociales continúen actuando, por más leyes y artículos que se promulguen, más lento o más rápido el proceso continuará, como en efecto aún continúa. La propia ley cobijará a las víctimas que se produzcan en los próximos diez años, lo que es un anuncio de que los criminales continuarán su labor. Pero, ¿cuáles fueron esas fuerzas?
En Colombia, desde la época del Frente Nacional y en los años posteriores a su desmonte formal, ha funcionado una alianza reaccionaria profundísima entre burgueses, terratenientes, banqueros, representantes de las multinacionales, agentes políticos y voceros del imperialismo y de todos los sectores de los explotadores. Dicha alianza se ha expresado en un régimen político profunda y totalmente reaccionario que, atravesando las modificaciones aparentemente democráticas de la Constitución de 1991, ha impuesto un reinado de terror y sangre al servicio de una voraz acumulación capitalista de la riqueza; como prácticamente no se ha dado en las últimas décadas en forma tan continuada y profunda en ningún país de América Latina.
¡El Estado es responsable!
Esa es la primera realidad que trata de ocultar la ley y ese sólo hecho bastaría para invalidarla políticamente. El Estado colombiano ha sido el garante, el agente ejecutor, de la alianza reaccionaria que describimos, materializada en la combinación de todas las instituciones estatales y para-estatales que conforman el régimen político del país. Y la ley señala, en su artículo 9: “…las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley, así como todas aquellas que han sido o que serán implementadas por el Estado con el fin de reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación no implican reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado…[…], …como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes.” [subrayados nuestros].
Tras la fórmula jurídica se esconde la jugada política estratégica que durante los últimos años ha venido tejiendo un sector de la burguesía, de la mano del imperialismo. Cuando los jefes de los grupos paramilitares que habían pactado con Uribe Vélez su “desmovilización”, presionados por la realidad, tuvieron que comenzar a “enlodar” a grandes burgueses, a los empresarios que los financiaban, a los generales que les colaboraban o se hacían los de la vista gorda y a los políticos que los representaban, Uribe optó por enviarlos a los Estados Unidos para silenciarlos o lograr que sus declaraciones tuviesen menor resonancia.
Se trata de evitar que quede al desnudo el papel de todo el aparato estatal, de todas sus instituciones, de todos los mecanismos de poder y gobierno de la burguesía. En tal sentido la ley de víctimas no significa un viraje, significa la continuidad de una política de ocultamiento de la verdad. Y este aspecto es decisivo para la burguesía y el imperialismo pues, de no lograrlo, podrían quedar literalmente “empelota” quienes de dientes para afuera proclaman que en Colombia existe un régimen político democrático.
Reparar, para legalizar el despojo
La otra gran estrategia que subyace en la ley es lograr la legalización de la usurpación, convirtiendo las tierras arrebatadas en bienes jurídicos que puedan entrar “legalmente” al mercado capitalista para el desarrollo de los grandes proyectos agro-industriales. Por ello, la ley determina que “…Cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en forma completa el proyecto, el magistrado que conozca del proceso podrá autorizar, mediante el trámite incidental, la celebración de contratos entre los beneficiarios de la restitución, y el opositor que estuviera desarrollando el proyecto productivo…”. En general tales proyectos fueron montados a través de testaferros de los usurpadores (que ahora acreditarán “buena fe”). Termina así la ley intentando la “asociación” de la víctima con el victimario.
Adicionalmente la ley intenta cerrar cualquier intento de movilización y lucha social por la posesión de la tierra o por la recuperación de ella cuando, en su artículo 207, señala: “Cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3º de la presente ley, que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente haya sido resuelta en los términos de los artículo 91, 92 y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, perderá los beneficios establecidos en el Capítulo III de esta ley”, agregando que “Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las demás normas vigentes que sancionen dicha conducta.” Se busca así hacer que la batalla social se convierta en una batalla judicial y burocrática en los juzgados y agencias gubernamentales, plagadas de tinterillos, abogados, leyes, artículos y decretos ininteligibles para las víctimas.
Para cerrar con “broche de oro”, la ley define taxativamente que toda su aplicación estará determinada por la “sostenibilidad fiscal”; es decir, reparamos si hay con qué… O como dicen en las promociones… ¡hasta agotar existencias! Y el Estado terminará diciendo que… ¡No hay plata pa’tanta gente!
Estas son las razones fundamentales por las que, a nuestra manera de ver, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y todas las organizaciones representativas de las víctimas,