El gabinete de Santos, cuidadosamente elegido para pagar el apoyo a su reelección y garantizar las ganancias para el gran capital.
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Para lograr la reelección, Juan Manuel Santos hizo promesas a diestra y siniestra. A la derecha le aseguró que la paz con la guerrilla no sería sin condiciones, y a la izquierda, que culminaría las negociaciones con las FARC e incorporaría al ELN. El éxito obtenido en las urnas lo obligaba a pagar los apoyos a unos y otros. La definición del gabinete ministerial era la primera cuota, pero los nombramientos han confirmado una cosa: Santos sólo es leal a sí mismo y al capital. Que nadie se queje.
Negociaciones y negocios
La burguesía y el imperialismo tienen un plan para Colombia: finalizar el conflicto armado y convertirla en una plataforma segura para las inversiones de las transnacionales. A pesar de la morosidad de las negociaciones en La Habana y la lentitud para llegar a los preacuerdos, hasta ahora la fórmula parece funcionarle al gobierno; tanto que cada acción militar de las FARC profundiza su desprestigio político y le da réditos a Santos.
Aunque se anuncia que este año no culminarán las negociaciones y que el ELN adelantará una agenda paralela, es cada vez más probable que durante el segundo mandato de Santos la insurgencia abandone las armas, se someta el acuerdo de paz a la aprobación del electorado y cese el enfrentamiento armado con la guerrilla. Es la razón por la que el nuevo gabinete ministerial tiene como tarea prepararse para lo que llaman el postconflicto al tiempo que garantizan mejores condiciones para los negocios. Una vez más se constata la afirmación de Marx:”el gobierno del estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa” (Manifiesto Comunista).
Los mismos pero distintos
La composición del nuevo gabinete refleja continuidades y cambios. Ministerios claves, como el de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores y Salud siguieron en manos de los mismos personajes, expresando la continuidad de sus políticas. Otros, en cambio, sirvieron para “arreglar las cargas” que se desnivelaron por el agrio enfrentamiento con el uribismo durante la campaña electoral. Se acudió a la llamada “milimetría” en la repartición de ministerios e institutos del nivel nacional para repartir la torta entre todos los partidos políticos que se jugaron por la reelección. A final ninguno quedó contento, pues Santos tenía que combinar la eficiencia técnica que se necesita para lograr las metas que se ha propuesto, con la gobernabilidad que se requiere en el Congreso de la República para que le aprueben las reformas que busca. Varias de ellas son claves para recuperar el llamado equilibrio de poderes que quedó descuadernado durante los dos mandatos de Uribe. Por ejemplo, necesita reformar al poder judicial para garantizar no sólo la confianza de los grandes inversionistas que le apuestan a los Tratados de Libre Comercio, sino también la llamada justicia transicional que consolidará los acuerdos de paz con la insurgencia. También le urge una reforma política que de garantías a la oposición y en particular a los desmovilizados de la guerrilla para que puedan aspirar a integrarse al régimen. Toda esta reingeniería aplicada al Estado es parte de lo que llama Santos la “Tercera Vía”, un supuesto modelo intermedio entre el neoliberalismo puro y duro y el intervencionismo estatal para redistribuir la riqueza a través de servicios sociales o simple asistencialismo. Una expresión de esto fueron las declaraciones de la directora de Planeación Nacional quien dijo que el Plan de Desarrollo que están preparando para presentar al Congreso “es una mezcla de capitalismo y socialismo”.
El bastón de mando
Ante los reclamos de algunos de los que se sintieron afectados por la milimetría en la repartición de cargos –y la clientela que depende de las nóminas ministeriales y los institutos– Santos reafirmó su autoridad ejecutiva. Pero no sólo eso, ha creado un grupo de “superministros” que tienen como tarea armonizar la acción de los ministerios en la aplicación de sus planes. Incluso, al Vicepresidente Germán Vargas Lleras le dio la misión de supervisar los tres ministerios que encabezan los miembros de Cambio Radical, en particular la ejecución del plan de infraestructura 4G, el trozo más grande de la torta presupuestal. De paso, Vargas Lleras se sigue preparando para la sucesión presidencial y la continuidad de los planes estratégicos de la burguesía y el imperialismo.
También se ha creado un Ministerio de la Presidencia –que cumplirá las funciones de un Primer Ministro– en cabeza de Néstor Humberto Martínez, abogado y político de alto nivel de la entraña de Luis Carlos Sarmiento Angulo; evidenciando así al sector del capital que se encuentra ahora al mando. De esta manera Santos se dota de una estructura de control del gobierno que le permita enfrentar a la oposición uribista y supere el debilitamiento relativo del bloque de la Unidad Nacional. La primera prueba de fuerza fue la elección del Contralor. La aplanadora santista impuso a Edgardo Maya, arrinconando al uribismo, obligando al Polo a votar en blanco y dividiendo al Partido Verde.
El enemigo número uno
Los trabajadores y los pobres del país no podemos llamarnos a engaño. El segundo mandato de Santos no traerá la prosperidad ni resolverá los graves problemas sociales que nos acosan. Su plan de desarrollo y el grupo de ministros que lo ejecutará están al servicio de los intereses del gran capital transnacional y local. El gobierno de Santos es el enemigo número uno de los trabajadores.
El nombramiento de Luis Eduardo Garzón como Ministro de Trabajo ilustra el talante del gobierno de Santos al utilizar a un exdirigente sindical en la aplicación de sus planes. El papel de Garzón será el de remozar la política de “concertación” laboral a la que es tan afecta la burocracia sindical. Durante años se entregaron los derechos de los trabajadores en general —como la estabilidad laboral, las pensiones o las garantías extralegales o se aceptaron reajustes miserables del salario mínimo– a cambio de preservar recortadas prebendas para algunos sectores sindicalizados que, a la larga, también vieron disminuidos sus derechos. Esa es, por ejemplo, la situación en que se encuentra el magisterio público, cuya dirigencia, ante el nombramiento de la autoritaria Gina Parody como Ministra de Educación, solo ha salido a declarar que están prestos al diálogo y reclaman que el gobierno cumpla las pírricas promesas que hizo durante la campaña electoral a cambio del levantamiento del paro nacional.
Esa no puede ser la política que guíe a los explotados en el próximo período. El VI Congreso de la CUT que sesiona a fines de septiembre debe dotar no sólo a los afiliados sino a todos los trabajadores del país de un plan de lucha para enfrentar los planes de Santos y el imperialismo. La promesa del cese del conflicto armado no puede convertirse en argumento para dar una tregua social a un gobierno que condena a la población a la desnutrición y la sed como acontece hoy en la Guajira, mantiene en el desempleo y la precariedad laboral a la mayoría de los trabajadores, o es incapaz de devolver la tierra y dar garantías para su explotación rentable a millones de campesinos desplazados por la violencia. El camino que debemos recorrer los trabajadores y los pobres del país es el que han señalado los pueblos guajiro y de la costa pacífica: el paro cívico y la movilización de protesta.