El gobierno anunció que modificará su proyecto de reforma a la educación superior y no impulsará la creación de “instituciones con ánimo de lucro” o la inversión privada en las universidades públicas. Este anuncio lo hizo Santos poco después de regresar de Chile, donde hace varios meses los estudiantes se han tomado las calles exigiendo la reversión de la privatización impuesta por la dictadura de Pinochet. El retroceso de Santos fue un triunfo parcial de los universitarios que se movilizaron masivamente el 7 de abril y volvieron a las calles el 7 de septiembre.
Paquete chileno
Con su proyecto de reforma a la Ley 30 –que regula la educación superior– Santos sólo pretende dar un salto en un proceso de privatización que ya está muy avanzado, y abrir el mercado a las transnacionales de la educación en las condiciones que exigen los Tratados de Libre Comercio con EE.UU. y Europa. En estos tratados la educación es un “servicio” que debe comerciarse libremente. Las instituciones públicas, financiadas por el Estado, harían competencia “desleal” a los empresarios de la educación, por eso deben privatizarse. En Chile ese modelo se aplicó y más del 75% de la educación superior es privada y sus altos costos los deben sufragar las familias. Esto ha llevado a un endeudamiento general que se volvió insoportable para la población. Esta es la razón por la que los jóvenes universitarios, y también los secundarios que saben que la formación profesional será inalcanzable, se han tomado las calles exigiendo la estatización de la educación. Los respaldan los padres de familia y los sindicatos quienes se sumaron a la protesta convocando una huelga general contra el gobierno de Piñera.
La privatización va por dentro
En Colombia la educación superior está repartida casi por la mitad entre las llamadas “instituciones sin ánimo de lucro” (universidades privadas) y las universidades públicas, pero la mayoría de los jóvenes no pueden acceder a estudios profesionales. Se calcula que más de 3’200.000 están por fuera del sistema. Las universidades privadas cobran matrículas altísimas (en Medicina de la Universidad de Los Andes la matrícula cuesta $14’000.000 el semestre), pero están exoneradas de pagar impuestos, lo que les permite reinvertir las utilidades. Algunas de ellas capitalizan en propiedades inmobiliarias y pagan sueldos jugosos a sus directivos (quienes trabajan “sin ánimo de lucro”). En general los docentes no cuentan con estabilidad laboral o salarios que se correspondan con su formación, sobre todo en las instituciones menos acreditadas. A los estudiantes se les ofrece como apoyo “créditos educativos”, subsidiados por el Estado a través del Icetex. Pero el problema es tan grave que en las movilizaciones de este año se han destacado también los estudiantes de las universidades privadas, reflejando el endeudamiento creciente de la clase media.
Las universidades públicas, después de expedida la Ley 30 en 1992, fueron presionadas a ampliar la cobertura, incrementando la población estudiantil en más del 50%, a pesar de que su presupuesto quedó congelado por la propia ley. Esto las obligó a endeudarse y a contratar profesores ocasionales en condiciones precarias para atender la demanda, lo que redundó en el deterioro de la calidad de la formación. Se les ha exigido también que ofrezcan posgrados, que capaciten a sus docentes e intensifiquen su producción académica. Todo eso requiere más y más dinero. Las administraciones, nombradas por los gobiernos liberales y conservadores, optaron por prestar servicios y asesorar al Estado o a las empresas privadas para obtener recursos, distrayendo la atención de los profesores de sus tareas académicas. Además se fue recortando drásticamente el bienestar estudiantil y se incrementaron las matrículas, segregando a los más pobres (en la Universidad Nacional suprimieron las cafeterías y las residencias). Como consecuencia de este proceso las universidades públicas han acumulado un déficit de más de $600.000 millones que el gobierno se niega a cubrir. Algunas quebraron, como la Universidad del Atlántico, y otras están en riesgo de hacerlo.
Primero lo primero
Esta es la razón por la que el malestar estudiantil ha sido constante en los años recientes. Cada universidad tiene diversos problemas, pero la causa fundamental es la falta de presupuesto. El plan regresivo de reformar la Ley 30 solo ha sido el detonador de un movimiento de protesta que debería ser más amplio e involucrar a todos los estamentos (estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia, pensionados) como en Chile.
La crisis de las universidades públicas ha coincidido con la del sector la salud. Y ambas se entrelazan en la de los hospitales universitarios, pues la privatización de la salud cerró los espacios de práctica de calidad para los estudiantes. Es la razón por la que los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional suspendieron actividades hace más de dos meses, exigiendo garantías en la calidad en su formación. En las movilizaciones una consigna simboliza la unidad: “¡El pueblo lo dice y tiene la razón, primero lo primero: salud y educación!”.
Sólo la movilización unitaria puede obligar al gobierno a cubrir el déficit y negociar una reforma progresiva. Por eso es urgente concretar el paro nacional universitario.
El paro nacional universitario
A pesar de la reversa de Santos, los problemas más graves siguen sin solución y hay condiciones para unificar la lucha. Eso se evidenció en la movilización del 7 de septiembre, realizada después de las declaraciones del gobierno. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), que agrupa a diversas organizaciones estudiantiles, fue la convocante de la jornada, haciéndola coincidir de nuevo con la jornada de protesta de Fecode en defensa del servicio de salud del magisterio y su estatuto docente.
El Comité Operativo de la Mane, reunido tres días después para evaluar la jornada consideró que “no había condiciones para fijar la fecha de un paro nacional universitario”. Paradójicamente, en menos de una semana, el Tercer Congreso de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se inauguró con la presencia de más de 1.500 estudiantes que venían de la mayoría de universidades públicas del país con la expectativa de concretar el paro. Esa misma semana se habían visto a obligados a iniciar ceses de actividades en varias universidades. Las conclusiones del evento se limitaron al diagnóstico general de la crisis universitaria, privilegiando la exigencia de “una solución política al conflicto social y armado”, distante de los problemas concretos que movilizan realmente a los estudiantes. A pesar de eso, se acordó impulsar un nuevo Encuentro para fines de septiembre y una jornada de paro universitario de 48 horas para el 12 de octubre, coincidiendo con la convocatoria que han hecho otras organizaciones sociales.