El 9 de abril ha sido institucionalizado desde la Ley de Víctimas, como el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado”. Así, sin ninguna diferenciación entre las víctimas del régimen y las demás, la burguesía colombiana pretende ocultar su responsabilidad en la utilización de las fuerzas represivas del Estado y las organizaciones paramilitares, en el exterminio de la oposición política, los líderes de las organizaciones gremiales de los trabajadores y los pobres, y las masacres sistemáticas con que forzaron el desplazamiento de millones de colombianos.
El reconocimiento del genocidio perpetrado por el Estado, la burguesía y el imperialismo contra la población pobre es una conquista velada por una Ley de Víctimas que no garantiza el esclarecimiento de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral de las Víctimas de Crímenes de Estado. Esa es la razón por la que las propias instituciones del Estado el 9 de abril homenajean a todas las víctimas, mostrándose como agente neutrales en el conflicto, cuando es el propio régimen el principal causante del mismo. Tratan de esa manera de opacar el carácter beligerante de la lucha democrática contra el régimen librada a lo largo de las últimas décadas en nuestro país.
A esa convocatoria institucional invitan a participar numerosas organizaciones políticas y sociales bajo la denominación de “Clamor Social por la Paz” centrando su declaración en el respaldo al proceso de negociaciones que se adelanta entre el gobierno de Santos y las FARC en La Habana, y su anunciada extensión al ELN y al EPL.
El gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá, a través del Centro de Memoria Histórica, invitan a participar en decenas de eventos a lo largo y ancho del país, haciendo énfasis en actividades culturales y simbólicas entre las que se mencionan también algunas movilizaciones presentándolas como respaldo a las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla.
De esta manera el régimen pretende ir asimilando de manera institucional la lucha que heroicamente libraron sus víctimas a lo largo de las últimas décadas. Su objetivo declarado es la “reconciliación nacional” y la “paz”, entendida sólo como el cese del conflicto armado entre las fuerzas represivas del Estado y las organizaciones insurgentes. Tratando a todas las víctimas con el mismo rasero, se busca el “perdón y olvido”: perdón para los verdaderos responsables de la tragedia –los empresarios, las transnacionales y sus gobiernos, quienes financiaron y ejecutaron la persecuciones, las amenazas, los asesinatos y las masacres– y olvido del derecho a la reparación integral, el castigo para los culpables y la verdad sobre el genocidio.
Por su parte, la actual política de negociación de las FARC termina haciéndole el juego a este nefasto plan del régimen. En lugar de reconocer abiertamente sus errores políticos y los métodos equivocados que han utilizado intentan justificarlos o esconderlos, generando una enorme confusión política que lleva a que millones de colombianos no confíen en sus propuestas y no vean que es el propio régimen reaccionario el principal obstáculo que hay que remover.
Por estas razones el Partido Socialista de los Trabajadores llama a continuar la movilización y la lucha de masas contra el gobierno de Santos y el autoritario régimen político colombiano. No podemos olvidar que el propio Presidente de la República es responsable político de uno de los crímenes de lesa humanidad sobre el que hoy se quiere “perdón y olvido”, los mal llamados “falsos positivos”: el secuestro y asesinato de jóvenes indefensos a manos de las fuerzas armadas para presentarlos como caídos en combate entre el ejército y la guerrilla, perpetrados cuando él era Ministro de Defensa de Álvaro Uribe.
Juan Manuel Santos pretende hacerse reelegir con el argumento de que sólo él puede garantizar el éxito de las negociaciones de paz. Miente para conseguir votos, pero con la complicidad de todos los partidos de la Unidad Nacional legisla contra la población. Nuestro país sigue siendo uno de los más inequitativos del mundo, mientras se degradan los servicios de salud, educación, no hay acceso a vivienda digna y millones continúan desplazados de sus tierras de labranza. La mejor prueba de la demagogia de Santos son los ridículos resultados obtenidos por el plan de restitución de tierras, mientras decenas de líderes agrarios siguen siendo asesinados por reclamarlas. Esta es la raíz del conflicto armado y sólo una transformación radical de la propiedad agraria podrá solucionarlo. La promesa de paz de Santos es otro “falso positivo”.
Los trabajadores y los pobres tenemos una nueva oportunidad de expresar nuestro rechazo al gobierno y al régimen político el 25 de mayo votando masivamente en blanco e inhabilitando a todos los candidatos, como lo hicimos con el Parlamento Andino y la circunscripción de afrodescendientes en las elecciones parlamentarias. El voto en blanco –que sigue a la cabeza en las encuestas de opinión– y su actual reglamentación –basta un voto para hacer mayoría– son la oportunidad de provocar una crisis política en este régimen genocida y abriría una brecha para dar paso a la movilización de masas por soluciones de fondo a la degradación social que afecta a la mayoría de la población y, en primer lugar, a las víctimas de la violencia oficial, social y del conflicto armado.
Debemos seguir saliendo a las calles no para clamar por la paz sino para declarar nuestro propósito de continuar la lucha contra este régimen genocida y por un cambio estructural en nuestra sociedad que elimine la verdadera causa de la violencia: el régimen capitalista de explotación de los trabajadores y los campesinos pobres y de saqueo sin medida de los recursos naturales. Sólo en una sociedad sin explotadores y explotados, libre de la opresión imperialista, habrá paz.
¡Ni perdón ni olvido! ¡Castigo a los culpables del genocidio!
¡Exigimos verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes de Estado!
Contra el régimen político y el gobierno de Santos: ¡El 25 de mayo votemos en blanco!