El Alcalde Gustavo Petro debe llamar a extender y profundizar la movilización hasta echar al Procurador.
Desde el 9 de diciembre de 2013, cuando el Procurador anunció la destitución del alcalde de Bogotá, y su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, los trotskistas hemos rechazado dicha medida. Así mismo hemos respaldado todas las movilizaciones convocadas. Hemos llamado y seguimos llamando a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales y a las centrales obreras, a los campesinos, los estudiantes, los sectores populares, las minorías negras e indígenas, a las mujeres y al movimiento LGTBI, a que continuemos movilizándonos exigiendo que Petro se quede en la Alcaldía hasta que termine el periodo para el que fue elegido popularmente. Estamos en contra de que un burócrata, designado por un Congreso corrupto y con el método de la politiquería, mediante un acto administrativo caprichoso y arbitrario, destituya a un gobernante, bueno o malo, designado por el voto popular.
La destitución de Petro ha sido presentada como un problema jurídico sólidamente respaldada en las normas constitucionales y el Código Disciplinario Único; de esta manera la han querido hacer aparecer el Procurador, el círculo de sus colaboradores, sectores del Partido Conservador, algunos exalcaldes de Bogotá como Peñalosa, Jaime Castro y lo más reaccionario de la prensa hablada y escrita.
Pero la destitución de Petro, realmente, es una decisión política, profundamente reaccionaria y antidemocrática, hábilmente disfrazada de decisión disciplinaria legal. Es una decisión que expresa los intereses de clase de la fracción burguesa del denominado “uribismo” y de buena parte, sino de todo, el Partido Conservador, de los que es agente directo el Procurador Ordóñez.
Lo que está en disputa, entre otros asuntos, es el multimillonario negocio de la recolección de las basuras que ha sido trasladado de las empresas privadas capitalistas al Distrito Especial de Bogotá y el control político, administrativo y económico de Bogotá. No es fortuito que esta decisión se tome en medio de las negociaciones sobre la de paz de La Habana y en la coyuntura electoral, en la que está en juego la reelección de Santos y una dura oposición del uribismo a esa reelección y a las negociaciones de paz con las FARC.
La posición del gobierno
El gobierno de Santos, sus ministros y los partidos que lo apoyan, han salido a decir que hay que respetar y acatar la decisión, salvar la institucionalidad y, de hecho, en este sentido han salido a respaldar la posición del Procurador. Esto significaría que si queda en firma la decisión del Procurador y no hay ninguna autoridad que suspenda los efectos de la misma, el Presidente la ejecutaría. De todas maneras no hay que olvidar que estamos en un proceso electoral, dentro del cual el presidente es candidato a la reelección y la búsqueda de votos es lo fundamental. En este contexto se inscribe la reunión celebrada entre Santos, Navarro Wolf, del Progresismo, la UP, MP, PC e Iván Cepeda, integrante del Polo. Aunque no se informó con claridad lo tratado en esa reunión, todo parece indicar que se habló de compromisos con el proceso de paz, la necesidad de ganar las elecciones a la presidencia garantizar la reelección de Santos en primera vuelta, por lo que pueden ser muy importantes los votos del progresismo y del resto de la izquierda reformista. Lo anterior a cambio de que Petro pueda terminar su período. No está descartado que todos estos sectores políticos, incluido el mismo gobierno, aunque de manera tácita, coincidan en que lo más conveniente para superar la crisis sea que los jueces suspendan la destitución administrativa y que se vaya al referéndum revocatorio. Esto eximiría a Santos, como presidente, de tener que ejecutar la decisión del Procurador.
Profundizar la movilización y la lucha
Desde el 9 de diciembre de 2013 el alcalde Petro dijo que uno de los objetivos centrales del movimiento que se iniciaba era la defensa de la democracia. Desde luego la burguesa. Para nosotros no se trata de la defensa de la democracia en general, sino de un problema democrático concreto y específico: los únicos que podrían revocarle el mandato a Petro son sus electores. Defender este derecho eficazmente sólo es posible mediante la movilización de las masas, y en el llamamiento a la movilización que ha hecho realizado por la Alcaldía coincidimos, pero tal como se está implementando es absolutamente insuficiente. No se termina de sacar la conclusión que el único lenguaje que entiende la burguesía colombiana es el de la movilización de las masas, como quedó demostrado con las movilizaciones estudiantiles y el paro agrario. De todas maneras la tarea más importante en este momento, en nuestro criterio, es profundizar y extender la movilización, tomar las medidas prácticas y concretas para defender la decisión del Alcalde de quedarse en la Alcaldía y sacar a Ordóñez de la Procuraduría. No sólo hay que tomarse la Plaza de Bolívar y rodear la Alcaldía, o hacer mítines en los barrios, hay que movilizarse contra el Procurador y extender la movilización a nivel nacional. La movilización directa de los trabajadores y el pueblo es el factor determinante de un posible triunfo.
El 9 de diciembre de 2013, el Alcalde dijo, entre otras cosas: “Yo voy hasta donde ustedes me digan… Hagamos el compromiso de quedarnos y multiplicarnos, … Aquí el Alcalde se queda si ustedes se quedan… No esperen que permitamos que el voto popular y la democracia se arrodillen. No… La decisión entonces es convertir esta plaza, en el gran Ágora de la democracia en Colombia…” El Ágora es la plaza pública, es la asamblea celebrada en ella, es el lugar de reunión y de discusión. La Plaza de Bolívar hay que convertirla en la asamblea democrática permanente, en un Cabildo Abierto, en el que se discutan todos los pasos a dar, los objetivos del movimiento, la organización práctica para lograr los objetivos. Esa asamblea debe estar presidida por el Comité Ciudadano por la Defensa de la Democracia que se integró en junio-julio de 2013. Este Comité debe ser ampliado con representantes de todas las organizaciones políticas y sociales que apoyan la lucha y el movimiento, las centrales obreras, los sindicatos de trabajadores, en lo fundamental los del Distrito, convocar de inmediato en la Plaza de Bolívar un Encuentro Obrero y Popular donde se vote un Paro Cívico Distrital. Hay que desconfiar de la burguesía y su gobierno, supervisar a nuestros propios dirigentes y depender de nuestra organización. La movilización permanente, la dirección colectiva y democrática en su funcionamiento, son los únicos que pueden garantizar el éxito en la lucha. Pero hasta ahora la dirección del movimiento no va a fondo en este proceso.
La dirección del Progresismo y Petro, son un dirección pequeñoburguesa, actualmente radicalizada, por la bofetadas que le ha dado el propio régimen que ayudaron a crear en 1991 y el Procurador que ayudaron a elegir; en este sentido son rehenes del cretinismo parlamentario, de la reacción democrática, y su lucha la ubican dentro de estos parámetros burgueses. No les interesa atacar a fondo al régimen y producir una crisis profunda del mismo, sino tratar de utilizar la movilización para frenar la destitución por la vía administrativa y para jugarse a ganar el referendo revocatorio convocado para el 2 de marzo de 2014. En cualquier caso, si Petro no es destituido o si gana el referéndum revocatorio será producto de la movilización obrera y popular. Por eso, impulsar la movilización, profundizarla y radicalizarla, es políticamente fundamental.
Que se tomen medidas a favor de los trabajadores y sectores populares
El respaldo a la movilización y el rechazo a la destitución por la vía administrativa, en modo alguno significa respaldo a las políticas del Gobierno Distrital. Petro y el Progresismo, desde la alcaldía, se ha limitado a tomar unas medidas tímidamente reformistas, sin responder a las necesidades reales de los trabajadores y las masas populares. Así queda confirmado cuando se examinan los doce logros que dice la Alcaldía que ha obtenido. La Alcaldía del Progresismo ha sido adelantada dentro de los parámetros del capitalismo y, muchas veces, ha actuado en forma directa contra los trabajadores y los ciudadanos. Tiene más de capitalista que de humana, pues estos términos son excluyentes.
El programa del progresismo está ubicado dentro de los parámetros de la izquierda reformista, jamás revolucionaria y mucho menos marxista. Los trabajadores y las masas populares al llegar al gobierno no se deben dedicar a tratar de cambiar el modelo capitalista neoliberal por un modelo capitalista “incluyente” o “social”, ni a administrar eficazmente los negocios de los capitalistas, que es lo que hacen los reformistas, incluido el Progresismo. El programa revolucionario para resolver las necesidades de las masas obreras y populares del país pasa por tomar medidas radicales en beneficio de los trabajadores, los campesinos, los jóvenes, que apunten a la destrucción del sistema capitalista y al establecimiento de una sociedad socialista.
En el anterior sentido emplazamos a Petro a que tome medidas inmediatas que fortalezcan la lucha contra este régimen capitalista y antidemocrático imperante en Bogotá y en el país, y que ayuden a consolidar el respaldo de los trabajadores y de los pobres al gobierno distrital. Entre otras medidas, ¡Que la Alcaldía garantice la estabilidad laboral a todos los trabajadores del Distrito! ¡Estatización inmediata de Transmilenio y todo el Sistema Integrado de Transporte y que sus ganancias vayan al presupuesto público! ¡Creación de un Banco Distrital que maneje el presupuesto de la capital y sirva de base para un plan de obras públicas que promueva el empleo para todos, en especial para la población joven! ¡Prohibición de que el aparato represivo denominado Esmad reprima las luchas de los trabajadores y las masas populares!.
La revocatoria y la posición de los socialistas
Todo parecería indicar que Petro y el Progresismo están logrando sacar adelante la táctica que se propusieron, : evitar que la decisión del Procurador –que implica destitución e inhabilidad por 15 años– quede en firme, y se vaya a la consulta electoral para revocar o no revocar el mandato. En este sentido apuntan las tutelas falladas a favor del Alcalde y, en la eventualidad que estas se caigan, quedaría el pronunciamiento de la CIDH. Si se logra este objetivo, entonces queda despejado el camino para el referéndum revocatorio.
Nosotros no estamos de acuerdo en la revocatoria como está consignada en la Constitución Política y en la ley, porque la deja en manos de los enemigos políticos del elegido, cuando según nuestro punto de vista son sus electores los que tienen el derecho a revocar el mandato, mediante su voto directo y un procedimiento sumario. Pero Petro y el Progresismo, como demócratas pequeñoburgueses consecuentes que son, han manifestado estar dispuestos a someterse a ese procedimiento. Las circunstancias políticas concretas no aconsejan llamar al boicot pasivo (abstención) o activo (tratar de impedir que se hagan las elecciones), porque los propios afectados por la posible revocatoria, han manifestado estar de acuerdo con los procedimientos como están actualmente consagrados.
En conclusión, sin que implique ningún apoyo político al programa de Petro ni ninguna coincidencia con su política, manteniendo todas nuestras críticas y cuestionamientos a su gobierno distrital, al que calificamos de reformista y procapitalista, y sólo coincidiendo en el llamamiento a la movilización, el rechazo a la destitución por la vía administrativo y en la defensa del derecho democrático a que termine su mandato para el que fue elegido por el voto popular, en la eventualidad que se convoque el referendo revocatorio, llamaremos a votar por la no revocatoria.