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Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en la violencia antisindical del mundo. Desde 1986, año en que se creó la CUT, han sido asesinados 2.942 dirigentes sindicales. En 2012, en plena implementación de los acuerdos suscritos con los Estados Unidos para la aprobación del TLC, fueron asesinados 20 sindicalistas, 90 desplazados forzadamente, 20 detenidos y 5 fueron desaparecidos. Ya en 2013 cinco han sido asesinados.
En lo que va corrido del gobierno de Juan Manuel Santos las amenazas ya bordean las 1.000. A pesar de que durante 2013 la violencia antisindical ha aumentado y la impunidad supera el 95%, Colombia salió de la “lista negra” de la OIT por violación de los derechos laborales.
El enfrentamiento de Uribe y Santos se refleja también en el aumento de los ataques contra los dirigentes sindicales. Mientras el gobierno intenta demostrar que este gobierno enfrenta decididamente a la ultraderecha y promete la acción implacable de las fuerzas armadas y la justicia contra las “bandas criminales” (a las que llaman “la mano negra”), nada parece frenar la violencia, los crímenes se siguen cometiendo, mientras las denuncias y las investigaciones pasean por todas las oficinas de las entidades encargadas de velar por la seguridad de los amenazados. Mientras tanto la patronal aprovecha para debilitar la resistencia de los trabajadores.
Solo algunos casos reciben atención del gobierno como los del periodista de la Revista Semana, Ricardo Calderón, quien inmediatamente ocurrió su atentado, se le garantizaron los medios para su protección; o en el caso de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT que consiguió hasta las declaraciones del mismo presidente Santos.
El uso del terror, método estructural del régimen político colombiano
Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas, han servido al empresariado en Colombia para mantener sus niveles de ganancia, y han sido efectivos para desarticular y debilitar la resistencia a las medidas antiobreras. Si bien el uso de la violencia contra el movimiento obrero se acostumbra cuando es necesario para garantizar sus intereses, la dimensión alcanzada en Colombia le otorga una particularidad al régimen político que la hace estructural.
Durante décadas la burguesía ha argumentado que quienes defienden los derechos de los trabajadores son “guerrilleros vestidos de civil”, lo que en un país con una confrontación armada de más de cinco décadas, ha garantizado la impunidad para los criminales, y se ha naturalizado la violencia antisindical, neutralizando a los trabajadores frente a las agresiones contra sus dirigentes.
A los patronos les resulta más barato pagar un escuadrón de sicarios que les “resuelvan el problema” que atender las exigencias de mejorar los salarios y las condiciones laborales. Además políticamente les da más réditos porque aterrorizan a los trabajadores para evitar que se organicen. Esa lógica perversa no ha encontrado, por parte de la mayoría de la dirigencia sindical, una voluntad de confrontarla. Las huelgas y los paros realizados por los trabajadores cementeros y los maestros, en respuesta a la violencia contra los trabajadores no encontró la solidaridad de clase suficiente que hubiera permitido frenar el desangre. Los asesinatos no fueron enfrentados llamando a la movilización y a los paros de producción. El método de la clase obrera fue reemplazado por sólo denuncias, trámites jurídicos, “lobby” parlamentario, “acciones urgentes”, viajes internacionales, y proyectos de cooperación internacional con ONG y organizaciones de derechos humanos.
Recuperar el método obrero para enfrentar las amenazas
Por todo eso, aunque hablar de paros de producción y de mecanismos de autodefensa de los mismos trabajadores parezca algo muy difícil de concretar, es una tarea de fundamental importancia para la preparación de la resistencia, y luchar por superar el profundo retroceso en la conciencia democrática de la clase trabajadora. Eso significa continuar el proceso de concientización de la base de las organizaciones y de sus familias. Debemos asumir la discusión, y proponer estas medidas en las reuniones de organismos directivos de los sindicatos, y llevarla al seno de las asambleas de los trabajadores. Empezar a coordinar acciones de solidaridad entre aquellos que están directamente afectados, y que han vivido en carne propia la inacción del estado y la falta de solidaridad de las burocracias sindicales. Ese es el objetivo central de la realización de un Encuentro nacional de dirigentes sindicales y sociales amenazados que se ha venido impulsando.