La paz y la guerra

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La situación política nacional sigue girando en torno a las negociaciones Santos-FARC. Cada semana una nueva rueda de prensa, una entrevista o una declaración ocupa a la opinión pública y señala los altibajos del proceso. La disputa más reciente se ha dado en torno a la propuesta de las FARC de aplazar las elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para ratificar los posibles acuerdos en La Habana. Santos respondió diciendo que “no pidan cosas imposibles”. Y así van las cosas.
Pero mientras nos aturden hablando de paz, el gobierno y los empresarios continúan adelante con su guerra social. El Congreso acaba de aprobarle a Santos el fuero para los militares, con el que garantiza la impunidad en sus acciones represivas, a pesar de la oposición de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de quienes esperan algún castigo para los responsables de los “falsos positivos”. El carácter del gobierno se ha puesto de presente en la brutal represión a la protesta campesina del Catatumbo.
También fue aprobada la ley estatutaria para el sector salud con la que se garantiza el negocio financiero de las EPS, se imponen restricciones al POS –maniatando a los profesionales de la salud– y se limita la acción de tutela; todo a costa de la salud de los usuarios y las condiciones laborales del sector. La demagogia del control de precios a los medicamentos se aplicará solo a los grandes mayoristas, que se lucran con la escala de sus transacciones; a partir de allí los especuladores determinarán el valor de la receta.
Los conflictos sindicales siguen la misma tónica. A pesar de los condicionamientos que en materia laboral imponen los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Santos, los empresarios siguen atropellando a los trabajadores con el aval del Ministerio del Trabajo. Un ejemplo categórico es la reciente liquidación de Icollantas dejando a casi medio millar de trabajadores sin empleo. Los capitalistas de la transnacional Michelin se dedicarán ahora a importar las llantas. Igualmente continúan las amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales y populares.
Por eso, a pesar del deseo manifiesto de millones de trabajadores de que termine el conflicto armado, ninguna ilusión podemos hacernos en que si se firma un acuerdo habrá cambios sustanciales. En la mesa de La Habana se podrán acordar las condiciones de inserción de las FARC a la acción política legal, a cambio de mínimas reformas para modernizar la agroindustria o la ganadería y formalizar la propiedad rural. Mientras tanto los trabajadores y los pobres seguiremos siendo víctimas de la guerra social de Santos, los empresarios nacionales y las transnacionales; por eso necesitamos unificar fuerzas para enfrentarla.