En Colombia, los delincuentes de cuello blanco, enquistados en las grandes empresas privadas y estatales, han querido imponer a los trabajadores la idea de que delinquir es lo normal y que, por el contrario, hacer respetar sus derechos más elementales es un delito.
Como estalla un escándalo cada semana y cada uno de estos escándalos de corrupción o de atropello político opaca al anterior, aparece como “normal” que las empresas administradoras de la salud, defrauden al Estado recobrando servicios no prestados y medicamentos no entregados y que los contratistas cobren hasta tres veces por obras que nunca realizan. Aquí se da por legítimo que los políticos, como el ex ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, se enriquezcan, y enriquezcan a sus amigos, con los recursos destinados al fomento de la agricultura. Y parece “corriente” que en la misma DIAN se roben billones de pesos del IVA que pagamos todos, o que, en cualquier punto de la geografía nacional, se asesine a los dirigentes obreros y campesinos que se atreven a reclamar mejores condiciones laborales o la devolución de las tierras que les han sido arrebatadas por la fuerza.
Pero cuando se trata de que los trabajadores ejerzan efectivamente el derecho básico a la organización sindical, lo tienen que hacer en medio del más absoluto secreto como si estuvieran cometiendo el más reprobable de los delitos sociales. Construir un nuevo sindicato es una tarea que debe abordarse tomando las más estrictas medidas de conspiratividad frente a los patrones y las autoridades del ministerio del ramo porque, de llegar a enterarse estos antes de que los trabajadores alcancen a llenar los antidemocráticos requisitos exigidos por las leyes, la represión se desata contra ellos con más violencia que si hubieran perpetrado un ataque terrorista.
A pesar de condiciones tan adversas, los trabajadores, agobiados por su precario nivel de vida y por el represivo ambiente de trabajo en las empresas, toman el riesgo de desafiar a patrones y autoridades y acometen la aventura de construir un sindicato para, organizadamente, exigir mejores condiciones laborales y de vida.
Es lo que han hecho en estos días los trabajadores de la EPS Famisanar y de la multinacional cementera suiza Holcim, acogiéndose al legítimo derecho que les concede la Constitución política y tomándole la palabra a los llamados -no importa si demagógicos o no- de la Procuraduría a fortalecer los sindicatos.
Al momento de cerrar esta edición de El Socialista las dos empresas se habían abstenido de tomar represalias contra los fundadores de las nuevas organizaciones, y los trabajadores esperaban que tal actitud se mantuviera, a diferencia de la abierta e ilegal represión desatada por las reaccionarias y torpes patronales de empresas como Seatech y Tubos Caribe en Cartagena o Domesa en Bogotá, que no han sabido asimilar el hecho de que sus servidores se cansaron de soportar, además de la sobre explotación, la represión y el maltrato y han respondido a la creación de los sindicatos con despidos masivos y persecución a sus dirigentes.
Desde las páginas de El Socialista saludamos a las nuevas y decididas organizaciones Sintrafamisanar y Sintraholcim, y desde ya les ofrecemos todo el apoyo que les podamos brindar en la dura tarea de defender los derechos de sus afiliados.