Desde hace más de cuatro años 600 trabajadores de Cúcuta y Norte de Santander que laboran en minas carboneras, en empresas de la construcción, en casinos y otros sectores de la economía han sido atropellados en sus derechos por parte de empresas como la transnacional yanqui de Cerro Tasajero (hoy Compañía Minera Cerro Tasajero S. A.) en contubernio y complicidad con ARP Positiva, el Ministerio de la Protección Social, la Junta Calificadora Nacional y la bolsa de empleo SOS.
Por orden de los patrones, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se califican como enfermedades comunes para evadir lo que constitucionalmente les corresponde en atención médica y pensiones. Como consecuencia de esta situación se han roto familias, los hijos han tenido que abandonar estudios, pérdidas de patrimonios y derecho a un trabajo digno. Después de años de trabajo abnegado los obreros son desechados dejándolos en sillas de ruedas, en muletas y con diferentes patologías y sin ninguna protección y sin garantías.
La gerente de la ARP Positiva (antes ARP del ISS) en Cúcuta, Silvia Patricia Corzo (hermana del Senador Juan Manuel Corzo, actual presidente del Congreso) ha sido cómplice de esta arbitrariedad. El 17 de Junio, en reunión con el vicepresidente Angelino Garzón, se propuso solución a este problema pero ha sido un engaño. Esta es la razón por la que desde el 11 de julio 60 trabajadores se encuentran en la Plaza de Bolívar de Bogotá exigiendo una respuesta a su problemática: una pensión justa, equitativa y tomar medidas correctivas en la minas pues continuamente se producen lesiones y accidentes de trabajo.
El drama que viven los mineros de Santander es el mismo que enfrentan obreros de Colmotores que han sido despedidos después de quedar incapacitados por la condiciones de trabajo, o lo que obligó a muchos trabajadores cartageneros a organizar la Fundación Manos Muertas para reclamar colectivamente una pensión justa.
El problema de los llamados riesgos profesionales se ha multiplicado ha medida que los capitalistas incrementan los ritmos de producción y descuidan de manera criminal mínimas medidas de seguridad industrial. La lucha por estas garantías hace parte indisoluble del problema general del sector salud.