Para enfrentar la política educativa de Santos Necesitamos un paro nacional

Bajo la apariencia de un sistema educativo diseñado para propiciar el cambio y el desarrollo social, el gobierno de Santos esconde su propósito de liquidar todas las conquistas de los docentes y el derecho de los jóvenes a una educación estatal de calidad. No podemos olvidar que precisamente Santos, como Ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, gestionó ante el Congreso de la República el Acto legislativo 01 y la Ley 715 del 2001, normas con las cuales se recortó el presupuesto para educación y salud, y se ordenó la expedición del Decreto 1278, un nuevo Estatuto Docente, opuesto en su contenido esencial al Estatuto Docente 2277 de 1979.

Continúa la ofensiva
Ahora Santos con su ministra atacan al magisterio con la denominada “Directiva ministerial 02” de enero 2012 que ordena aumentar a los docentes de secundaria una asignación académica de 24 horas de clase buscando con esta medida recortar en un 11% la nómina nacional de docentes. De hecho deja en manos de Secretarios y rectores la imposición de la jornada laboral de 8 horas. Ordena que las 5 semanas de planeación institucional deben ser presenciales y que la jornada laboral de orientadores debe ser de 8 horas. Llama la atención que el alcalde Gustavo Petro y su Secretario de Educación del Distrito, vienen anunciando la extensión de la jornada escolar o “jornada única”, para lo cual seleccionaron 24 colegios para aplicarla, y que varias decenas de maestros han sido recientemente nombrados en “jornada global”. Esta política distrital le abre el camino a la ministra para que nos aplique la jornada de 8 horas. Ningún discurso en nombre de la calidad de la educación se puede aceptar si es a costa de los derechos laborales de los maestros.
La jornada de los docentes se ha venido ampliando con la expedición de todas las normas neoliberales, comenzando por la ley general de educación. La jornada laboral era de 6 horas para los educadores de básica y madia y de 51/2 horas para primaria; jornada justa y necesaria por el tipo de trabajo que se desarrolla, que exige mucho desgaste psicológico. Hoy es de 6 horas presenciales con una mayor asignación académica y dos horas adicionales por fuera o dentro de la institución. Pero las dos horas adicionales no se están implementando en muchísimos colegios por la resistencia de los maestros aunque el gobierno y el MEN vienen presionando a los rectores por medio de circulares o directivas ministeriales para implementar la jornada de ocho horas en la institución.

“Jornada global”: atentado a la salud mental
En el magisterio, al igual que en otros sectores de trabajadores, la jornada de 6 o menos horas se sustenta en estudios sobre el impacto en la salud de los trabajadores. En la actualidad las estadísticas de enfermedades profesionales, y dentro de ellas las mentales, están absolutamente disparadas entre los docentes.
A la Directiva Ministerial 02 hay que agregar el anuncio hecho el año pasado por la Ministra en el sentido de aplicar a los docentes del 2277 la evaluación de desempeño, y los nuevos recortes al servicio de salud en el marco de la nueva contratación en curso. Estas políticas tanto nacionales como distritales van en el mismo sentido. Buscan implantar de una vez por todas, la jornada de 8 horas para los docentes, con el mismo salario. Ya con la ley 715 se nos aumentó la jornada a seis horas con incremento de la asignación académica y sin aumento salarial. Esta política orientada a racionalizar las plantas de personal ha significado la pérdida de 35.000 plazas y la obligación de asumir cargas académicas que no son de la especialidad del docente.
El Comité Ejecutivo de FECODE en su comunicado del 23 de febrero, expedido a propósito de la Directiva 02, de manera lamentable reivindica las directivas Ministeriales ordenadas por el ministerio, y propone entre otras la aceptación de la “jornada flexible” siempre y cuando sea de 6 horas. En otras palabras acepta la jornada global. Reivindican de hecho el fallo del Consejo de Estado de Julio del 2008, en el que se ratifica que la jornada presencial es de 6 horas mínimo, incluido el descanso, sin denunciar que este mismo fallo ratifica que la jornada laboral es de 40 horas a la semana, de las cuales las 10 restantes se deben cumplir bien en la institución o fuera de ella según se acuerde con el rector. La dirección sindical no propone ningún plan de lucha, más allá de unos mítines de tres horas disque en defensa del “régimen especial en salud”, mientras que nos llama a confiar en una Comisión Tripartita para concertar su nefasta propuesta de estatuto. Así, la Ministra aplica toda la política y la dirección Fecode hace evidente todas sus debilidades.

Necesitamos un paro nacional
Enfrentar esta política del gobierno, requiere de la unidad y la lucha del magisterio a nivel nacional. No puede la dirección de Fecode, orientar que hagamos simplemente “desobediencia civil” pues ello significa nada más ni nada menos que dejar a los maestros librados a su propia suerte, enfrentando de manera aislada a cada rector y sin ninguna garantía de ganar la batalla.
La política de la Dirección de Fecode frente a este nuevo ataque es la misma que ha mantenido en los últimos años, y que se expresa de manera contundente en su proyecto de “estatuto único de la profesión docente”. Abandonar la lucha y confiar en la política de la concertación y el lobby parlamentario que ha significado la pérdida de importantes conquistas logradas con luchas heroicas del magisterio.
Exigimos la convocatoria inmediata de asambleas de base en donde se decida un plan de lucha que parta de paros escalonados hasta el paro nacional indefinido. Para que esta lucha convoque y unifique al magisterio, se necesita claridad en los objetivos. En primer lugar el rechazo a la jornada de 8 horas, la defensa del estatuto docente 2277 mejorándolo y extendiéndolo a todos los docentes y la exigencia de la estatización del servicio de salud. Tenemos que exigirle a la dirección de Fecode que retire su proyecto de estatuto y que consulte al magisterio sobre cual estatuto queremos defender. No más decisiones burocráticas que comprometan nuestros derechos.