Marcha de los estudiantes el 10 de noviembre de 2011 en Bogotá.
Pese a que el gobierno ha prometido un incremento presupuestal adicional del 3% para las universidades públicas, éstas inician 2012 en medio de una grave crisis presupuestal. Tras el retiro del proyecto de reforma a la Ley 30 por parte del gobierno, obligado por el masivo paro universitario, Santos y su ministra prometen este aumento a los rectores planteando que la mitad de estos recursos (1.5%) será girada de acuerdo a parámetros que aún no han sido definidos por el gobierno. Este aumento es una respuesta para intentar mitigar no solamente la crisis que tiene al borde de la parálisis a varias universidades estatales, sino como una forma de calmar los ánimos de los universitarios cuando todavía no se ha terminado de enfriar la explosividad del para nacional universitario.
La crisis continúa
Aún contando con este aumento las universidades retornaron a la asfixia financiera de carácter estructural, herencia de dos décadas de aplicación de la Ley 30. El déficit general está calculado en $720.000 millones y el incremento planteado no cubre ni el 10 % del faltante. Pero este aumento demuestra que no fue necesario un proyecto de ley ni el parlamento para que el gobierno responda presupuestalmente por las universidades, sólo se necesita la decisión política y para esto fue necesaria y efectiva la movilización y el paro nacional.
En medio de esta crisis, y del escepticismo frente a las promesas del gobierno, los estudiantes se enfrentan a las dificultades de la finalización de semestre, agravada por el incumplimiento de las garantías académicas y democráticas planteadas en el levantamiento del paro a finales del año pasado.
Pese a esto los estudiantes siguen a la expectativa de cómo se va a continuar la lucha pues los problemas siguen y se manifiestan de manera dramática en cada una de las universidades, especialmente en las de las regiones, donde la crisis presupuestal, los procesos de privatización y la represión son más agudos.
El cambio táctico de la MANE
El gobierno, ante la masividad del paro universitario prefirió posponer su política de dar un salto en las transformaciones del aparato de la educación superior hacia la privatización y a las exigencias del TLC, a cambio de evitar que el paro estudiantil se siguiera radicalizando, fortalecido por un creciente apoyo popular y ante la perspectiva de que se coordinara con otros conflictos. Santos se vio obligado a cambiar de táctica, al igual que pasó con el paro camionero o el masivo rechazo a la reforma a la salud: suspender las medidas mostrándose dispuesto al diálogo, para luego reeditarlas con el argumento de haberlas discutido con “representantes” de los sectores inconformes.
Las organizaciones que dominan la Mane le ha impuesto a los estudiantes lo que ellos llaman un “cambio táctico” que se correspondería a la respuesta política que hábilmente jugó Santos. Para estas organizaciones este giro táctico significó “suspender” el impredecible movimiento universitario volcado a las calles y dispuesto a todo con el cual se logro el retiro de la reforma y el aumento en el presupuesto para este año, a cambio de un prolongado calendario de debates académicos conducentes a la redacción de un proyecto de ley alternativo y una exposición de motivos que plasmaría los seis puntos del programa mínimo de la Mane (financiación, autonomía, bienestar, calidad, democracia, función social).
Los estudiantes a lo largo de su lucha contra la reforma a la Ley 30 fueron incorporando toda la problemática de la universidad y de la educación en los objetivos de su lucha. Ya la pelea no era solamente contra el proyecto sino contra la propia Ley 30 que ha sido el marco legal bajo el cual el gobierno ha provocado la asfixia presupuestal y la paulatina privatización de las universidades.
La radicalización del movimiento fue llevando a un cuestionamiento generalizado de la educación superior. Conquistar la gratuidad, la defensa de la autonomía universitaria, la lucha por recuperar verdaderas garantías de bienestar, mejorar las condiciones laborales de profesores y administrativos y poner la educación y la investigación al servicio del pueblo y no de los capitalistas se convirtieron en los objetivos de fondo de la lucha universitaria.
De manera inmediata la fuerza del paro universitario logró posponer la reforma, y así ser la única de las luchas de este carácter en hacer retroceder al gobierno. Pero propinada esta derrota coyuntural, el futuro del movimiento es incierto.
No a la concertación
La reorientación que impuso el sector mayoritario en la dirección de la Mane conduce peligrosamente al movimiento estudiantil al terreno de Santos y su Unidad Nacional, donde la política de engañar y neutralizar los conflictos sociales por la vía de la concertación ya le ha dado resultados. Todo el ejercicio intelectual y hasta democrático de discusión del proyecto de ley alternativo llevado al terreno de una mesa de interlocución con el gobierno desembocaría en el mismo Congreso corrupto donde los amigos del gobierno lo más probable es que bloqueen la propuesta nacida de los universitarios y lleve de nuevo el plan privatizador del gobierno a ser Ley de la República.
Tampoco este cambio táctico se corresponde con la fuerza alcanzada por el movimiento estudiantil, que le permite ir más allá de la formulación de un proyecto de ley. Seguramente las propias fuerzas del movimiento fueron insuficientes para lograr de un solo golpe todos los objetivos de los estudiantes, sin lograr articular de manera efectiva su lucha a un paro más allá del sector universitario. Pero si generó una correlación de fuerzas favorable para lograr puntos parciales que son esenciales para la supervivencia de las universidades.
Poner toda esta fuerza al servicio de la formulación jurídica y de la interlocución con el gobierno en términos de concertación, disiparía las fuerzas y así los cauces de la historia se cambiarían por los canales del Estado Social de Derecho. La “democracia de las calles y los pies” daría paso a la retórica jurídica de la que tanto es amiga el Polo Democrático Alternativo y sus parlamentarios. Además, el Congreso está controlado por los partidos de la Unidad Nacional al servicio del gobierno de Santos. Una Ley progresiva dependerá de la movilización.
Pliegos Unificados para continuar movilizados
Aunque pueda parecer contradictorio, o mucho menos ambicioso que un proyecto de ley que lo abarque todo, la fuerza con que terminó el paro y la que tienen todavía los universitarios, permite la formulación de pliegos concretos parciales por universidades, y un pliego unificado a nivel nacional que resuma las necesidades más urgentes para las universidades. Un punto fundamental de ese pliego nacional podría ser que el gobierno cubra de inmediato la totalidad del déficit que arrastran las universidades públicas.
No está de más la redacción del proyecto de ley, pero definitivamente este no puede ser el eje de los universitarios en el 2012. En cambio, mantener la disposición de lucha y de centralización a nivel nacional, que demostró ser lo decisivo a la hora de derrotar al gobierno, se puede preservar y potenciar con la lucha por la conquista de un pliego que de ser conquistado lograría mayores niveles de confianza en la movilización y las propias fuerzas, a la vez que proporcionaría otras conquistas parciales que permitirían fortalecer la lucha más estratégica por los objetivos de una universidad gratuita, con pleno bienestar, autonomía académica, democrática, laica y científica.