Trabajadores de la salud se movilizan.
Al escándalo de corrupción de las EPS privadas, que han estafado a los usuarios y al Estado, se ha sumado ahora la pavorosa crisis de los hospitales públicos, en peligro de quiebra por la mora en el pago de sus servicios por parte de las mismas EPS y la indolencia del Ministerio de la “Desprotección” Social. En la audiencia pública citada por la Corte Constitucional, con el objetivo de hacer un “control” sobre la aplicación de fallos emitidos en 2008 (¡!), se evidenció de nuevo que la fiebre no está en las sábanas. Lo que falla es la pretensión de que el negocio privado de la salud preste un servicio adecuado a los afiliados.
La solución de fondo es la derogatoria inmediata de la Ley 100 y el establecimiento de un servicio universal de salud, a cargo del Estado y bajo control de los trabajadores, que elimine a todos los intermediarios, empezando por las financieras que se han lucrado con la muerte y las enfermedades del pueblo colombiano.
En 2008 frente a la avalancha de tutelas mediante las cuales los usuarios luchaban por hacer valer sus derechos, la Corte Constitucional hizo un examen de la situación del sector salud y reconoció las fallas estructurales del sistema creado con la Ley 100. Pero se limitó a exigir al gobierno que vigilara el crecimiento desmedido de los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y se estableciera un Plan Obligatorio de Salud (POS) equitativo tanto para el régimen contributivo como el subsidiado. Desde luego los agentes privados hicieron caso omiso de su diagnóstico y recomendaciones, y funcionarios públicos corruptos siguieron facilitando el saqueo de los recursos de Estado. Hacia el final de su mandato Álvaro Uribe se vio obligado a decretar la emergencia social para enfrentar el inminente colapso del sistema. Puros paños de agua tibia que no matan al enfermo, pero tampoco lo curan.
Frente a la rendición de cuentas que se le acaba de pedir al gobierno de Santos frente al caos actual, sus funcionarios responden de la misma manera, poner compresas para drenar el desangre acelerado del Fosyga, dar liquidez a algunos hospitales al borde del cierre y anunciar de nuevo que antes de fin de año habrá un nuevo POS y se implementará una nueva reforma de fondo de la Ley 100 para hacer eficiente el sistema. El objetivo principal ya fue anunciado: de más de setenta EPS que funcionan en la actualidad quedarán unas quince. En síntesis, el gobierno propiciará con sus medidas la concentración abrupta del capital financiero que mueven las EPS con los aportes de los trabajadores afiliados al régimen contributivo y el presupuesto estatal destinado al régimen subsidiado.
Frente a esta perspectiva los trabajadores debemos insistir en una solución definitiva: nacionalización de todo el sector salud, eliminación de las EPS privadas y todos los intermediarios incluidos los laboratorios farmacéuticos que encarecen innecesariamente los medicamentos, financiamiento inmediato de toda la red hospitalaria y restablecimiento de todas las garantías laborales a los profesionales de la salud, unificación del POS con el máximo de garantías para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades incluidas las raras y ruinosas, y atención de urgencia a cualquier ciudadano en cualquier punto del sistema de salud a nivel nacional. Debemos ser conscientes que la solución estructural a esta grave crisis sólo la podremos imponer con la más amplia movilización de todos los afectados.