En las últimas décadas, la enseñanza superior brasileña pasó por una serie de transformaciones. La agenda neoliberal impuso un modelo de crecimiento de la enseñanza pagada, precarización de la enseñanza pública, financiamiento público de la enseñanza privada y financiamiento privado de la enseñanza pública. La educación es un negocio que factura 29 mil millones de dólares por año, forma mano de obra calificada para el mercado y, en algunos pocos centros de excelencia, la investigación garantiza la innovación tecnológica para las grandes empresas.
El crecimiento de la enseñanza privada
Hoy, el 90% de las instituciones de enseñanza superior en Brasil son privadas, y el sector domina el 74% de las matrículas. Fernando Henrique Cardoso abrió el camino para el crecimiento de la enseñanza paga, flexibilizando la legislación e incentivando la apertura indiscriminada de cursos. Entre 1991 y el 2001, el número de instituciones privadas en Brasil creció en 267%.
Entre tanto, ese crecimiento comenzó a enfrentar las crisis de insolvencia, que exigieron reformas en el sistema. El número de vacantes no ocupadas alcanzó el 49,5% en el 2003. En este contexto, el gobierno de Lula siguió el modelo de incentivo a la enseñanza paga, con la implementación del Programa Universidad para Todos - Prouni, la ampliación del Fondo de Financiamiento al Estudiante de Enseñanza Superior - Fies y la implementación de líneas de crédito del BNDES, específicas para la enseñanza superior.
Todos esos proyectos transfieren dinero público al sistema privado de enseñanza, mecanismo que se convirtió en fundamental para las ganancias del sector, conforme reconocen los propios empresarios: “Reunidos en el 13° Forum Nacional de Enseñanza Superior Privada, empresarios y representantes de patrocinadores defienden la ampliación de las políticas de financiamiento, como el Prouni y el Fies. Para ellos, la profundización de este modelo es fundamental para garantizar sus ganancias, ya que en los últimos años hubo una reducción del ritmo de crecimiento de las matrículas”.
Una de las metas del antiguo Plan Nacional de Educación (PNE), vetado por FHC, era la oferta del 40% de las vacantes de enseñanza superior en la red pública. Hoy, diez años después de la aprobación del plan, vemos que Brasil sigue muy lejos de eso. En el 2002, ese índice era del 29% y, en el 2010, del 25%. En la última década, la enseñanza superior paga creció dos veces más que la pública, que es gratuita. Los números dejan en claro que el gobierno de Lula siguió priorizando la enseñanza privada.
La enseñanza a distancia
En la última década, una de los grandes cambios en la enseñanza superior fue, sin duda, el crecimiento de la enseñanza a distancia. En el 2002 había 38.712 matrículas a distancia en el país, sumando las redes pública y privada. En el 2009, ese número subió a 838.125, 21 veces más (datos del Censo de Educación Superior). La creación de la Universidad Abierta de Brasil – UAB fue la principal forma de expansión de la enseñanza superior en los últimos años.
En la red pública, la enseñanza a distancia engorda los datos de la ampliación de vacantes, con muy poco gasto para el gobierno. En la red privada, es una fuente de inmensas ganancias, ya que con ella se economiza en todo: profesor, salón de clases, infraestructura, laboratorio, biblioteca, nada de eso es necesario. Los números impresionan: entre el 2002 y el 2009, las matrículas crecieron 100 veces en la enseñanza a distancia paga. (Datos del Censo de Educación Superior). En el 2002, eran 6.392 matrículas a distancia en la enseñanza privada. En el 2009, ese número subió a 665.429. El uso de nuevas tecnologías debería servir para mejorar la enseñanza, no para hacerla más precaria.
El nuevo PNE sigue la misma lógica y expande la enseñanza a distancia para la maestría y el doctorado. La comparación en este aspecto entre el nuevo PNE y el antiguo revela las diferencias entre ambos. En el PNE del 2001-2010, el tema de la enseñanza a distancia era tratado en el marco del uso de tecnologías para el aprendizaje, resaltando explícitamente que las mismas no deberían sustituir la relación alumno-profesor: “La televisión, el video, la radio y el computador constituyen importantes instrumentos pedagógicos auxiliares, no debiendo sustituir, sin embargo, las relaciones de comunicación e interacción directa entre educador y educando” (subrayado nuestro).
El gobierno sustituyó totalmente la interacción directa entre educador y educando, formando miles de profesores (y, en el futuro, formará doctores) que nunca entraron en un salón de clases. El nuevo PNE incorpora y amplía la Universidad Abierta de Brasil.
El desmantelamiento de la enseñanza pública
Las propagandas del gobierno federal ostentan el crecimiento de la enseñanza superior pública como uno de los grandes hechos del gobierno de Lula. Con la promesa de duplicar las vacantes en las universidades federales, el Reuni (Programa de Apoyo y Reestructuración de las Universidades Federales) fue implementado a través de un decreto en el 2007.
Mientras, las universidades crecieron en el contexto de un modelo de desmantelamiento y privatización. Desmantelamiento porque el decreto del Reuni impone un proyecto de abaratamiento de la enseñanza superior, con la implementación de metas que conspiran contra la calidad de la educación. Ellas son:
-Aumento del promedio de alumnos por profesor. En el 2007, el promedio en las universidades era de 9,5. La meta del gobierno es subir a 18, o sea, casi doblar la cantidad. Para implementar eso, el trabajo docente tiene que ser precarizado, disminuyendo la investigación y los programas de extensión, y aumentando el número de alumnos por aula.
-Aumento del índice de diplomados al 90%. Eso significa que, en promedio, en un turno de 50 alumnos, 45 van a tener que formarse a tiempo. Este es, obviamente, un índice académico, no debería ser definido por decreto. Hoy, el promedio de las universidades está bien lejos de eso (cerca del 60%). Determinar por decreto un índice tan alto como este es un incentivo a medidas de aprobación automática.
- Disminución del 38% del costo por alumno de graduación. Esta meta fue publicada en un documento del MEC (Ministerio de Educación) a inicios del 2010 (Informe Plurianual 2008 – 2011).
Esas tres metas evidencian que la pretensión del gobierno es expandir las vacantes de la enseñanza superior pública, disminuyendo proporcionalmente los gastos. Llamemos a las cosas por su nombre: eso es precarización de la universidad.
La propuesta de cobrar mensualidades en las universidades públicas siempre fue ampliamente repudiada por la población. Por eso, el gobierno de Lula siguió un modelo de privatización por otros medios. Las fundaciones privadas, que actúan al interior de las universidades, es el principal de ellos. Ellas captan recursos de las grandes empresas, intermedian contratos, usan la mano de obra calificada de profesores, alumnos y administrativos para producir investigaciones para grandes grupos económicos. En la USP (Universidad de São Paulo), un ejemplo salta a la vista: la Facultad de Farmacia cerró las líneas de investigación en enfermedades tropicales para dedicarse a la investigación de cosméticos, con la instalación de laboratorios da Avon y de Natura (dos importantes empresas de cosméticos) dentro del campus.
Además, las fundaciones privadas estuvieron presentes en varios escándalos de corrupción en las universidades. Como no están sometidas a la legislación pública, a través de las fundaciones es posible burlar las licitaciones, ofreciendo un camino fácil para la sobrefacturación de obras y el desvío de fondos públicos. El caso más famoso fue el de Finatec (Fundación de Emprendimientos Científicos y Tecnológicos), en el 2008, que acabó con la caída del rector de la UNB (Universidad de Brasilia). Esa misma fundación acaba de ser reacreditada por el actual rectorado de la universidad.
A través del decreto de las fundaciones y de la Ley de Innovación Tecnológica, el gobierno de Lula privatizó la producción académica, abriendo espacio para la corrupción y tergiversando la función de la universidad.
La inmensa mayoría de la juventud sigue fuera de la universidad
Incluso con la implementación de todos esos proyectos, la gran mayoría de la juventud sigue fuera de la universidad. La meta del antiguo PNE era llegar al 2010 con el 30% de la juventud en la universidad. Hoy, apenas el 14% de los jóvenes tiene acceso a la enseñanza superior. Si consideramos solamente la enseñanza superior pública, ese número cae a menos del 4%. Si continuamos en el ritmo de expansión de los gobiernos del PT, el país va a demorar 59 años para cumplir esa meta. O sea, muchas generaciones van a tener que esperar para tener acceso a un derecho fundamental.
Además de ser muy insuficiente, el crecimiento de la enseñanza superior en la última década se dio en las vacantes más precarias. La enseñanza presencial pública fue lo que menos creció, en tanto las vacantes en la enseñanza paga y en la enseñanza a distancia aumentaron absurdamente.
Luchar por el 10% del PBI en educación y resistir a ese modelo
El crecimiento de la enseñanza paga y la precarización de la enseñanza pública van de mano en mano. Son parte de un mismo proyecto de educación. Siguiendo las orientaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BIRD), el gobierno de Lula siguió con la aplicación de las contrarreformas educacionales, iniciadas en la era FHC.
No es mera coincidencia que los proyectos del PT y del PSDB para educación sean muy parecidos. Lula implementó, en todo el país, la enseñanza a distancia, a través de la creación de la Universidad Abierta de Brasil. En cuanto a eso, José Serra, en el gobierno del estado de São Paulo, hizo lo mismo en las universidades estaduales paulistas, con el proyecto de la Universidad Virtual del Estado de São Paulo (Univesp). En la campaña electoral, el PSDB hizo elogios al Prouni y prometió implementar lo que llamó Protec -un Prouni de las escuelas técnicas. Dilma ya lanzó el proyecto con el nombre de Pronatec -Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y el Empleo.
Miles de jóvenes y trabajadores apoyan esos proyectos porque ven en ellos la única manera de tener acceso a una vacante en la universidad pública. Nosotros defendemos el derecho a estudiar de todos los bolsistas del Prouni, de Fies y del Pronatec. Sin embargo, no concordamos con esos programas, porque el gobierno utiliza una demanda histórica de la juventud brasileña, el acceso a la universidad, para entregar millones de reales a los empresarios de la educación y salvarlos de la quiebra. Ese dinero podría ser invertido en un proyecto de verdadera expansión de la universidad pública.
El análisis de los gastos en la educación no deja dudas: el sector está lejos de ser prioridad. Los niveles de inversión nunca aumentaran significativamente. En la enseñanza superior, el valor invertido no llegó a traspasar el 1% del PBI de 20XX hasta 20YY.
Con la inversión del 10% del PBI en educación pública, la enseñanza superior podría tener una porción mucho mayor que el ínfimo 1% que es invertido hoy. Así, sería posible transferir a todos los estudiantes bolsistas de la enseñanza privada a las mejores universidades del país, con acceso a investigación, a extensión universitaria y a asistencia estudiantil.
El PNE como sistematización de la contrarreforma de la enseñanza superior
El nuevo Plan Nacional de Educación (Proyecto de Ley 8050), que se está tramitando en el Congreso Nacional, es una sistematización de los proyectos implementados por el gobierno de Lula. En él están incorporadas, ahora como una política de Estado, las metas del Reuni, las exenciones fiscales del Prouni, la ampliación del Fies, la extensión de la enseñanza a distancia, etc. Además, el actual PNE propone la inversión de 7% del PBI en educación para el 2020.
En este sentido, es globalmente diferente del PNE 2001-2010. El antiguo plan contenía 295 metas progresivas y muchas semejanzas con el PNE presentado por los movimientos sociales en 1997, un documento histórico.
Por eso, la política de mejorar el PNE a través de las enmiendas, cambiando 7% por 10%, como algunos sectores del PSOL han propuesto, principalmente la corriente interna APS (Acción Popular Socialista), es un error grave. El actual PNE no es un proyecto progresivo con algunas contradicciones. Es un proyecto que globalmente representa la contrarreforma aplicada en los últimos años en dirección a la privatización y al desmantelamiento de la educación pública.
Traducción Laura Sánchez