Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso de los EE.UU., Juan Manuel Santos y Barak Obama avanzan en sus planes económicos. Con el TLC, la reforma a la justicia, la ley de impunidad para los paramilitares desmovilizados y el fuero a los militares, se afianza el plan de Santos. El siguiente paso es la contra-reforma a la educación pública, reforma que se requiere para seguir los lineamientos del TLC, de tal forma que las transnacionales de la educación entren a participar del negocio, puesto que la educación lograría consolidarse como mercancía en beneficio del capital. Contra ella se levantó el movimiento estudiantil obligándolo a aplazar su proyecto.
Obama firmó los acuerdos comerciales con Colombia, Panamá y Corea del Sur, luego de su aprobación en el Congreso, y su implementación podría tardar de ocho a 15 meses. La firma del tratado con EEUU ha desatado la oposición de las direcciones sindicales y de algunos sectores burgueses que se sienten amenazados, pero hasta el momento Santos intenta tranquilizarlos utilizando la demagogia y el prestigio que ha logrado gracias a su política de Unidad Nacional y concertación. Santos anunció que pondrá en marcha lo que calificó como estrategia integral: “Esta estrategia –afirmó– tendrá como objetivo principal que todos los colombianos tengan la información, la capacitación y el apoyo para identificar las oportunidades para sus empresas, para sus actividades, y convertirlas en realidad”. Reveló además que para liderar esa política designará a un colombiano de experiencia, quien será el gran zar del acuerdo comercial con Estados Unidos.
Por otra parte, Santos aseguró que el campo no quedará desprotegido, una de las mayores preocupaciones del sector agropecuario ante la avalancha de productos subsidiados yanquis que se avecina. Pese al anuncio de Santos, gremios sindicales como la Central Unitaria de Trabajadores consideran que lo negociado en el TLC “atenta contra los intereses de la nación” y dudan de la creación de cientos de miles de empleos que promete el gobierno. Lamentablemente su oposición no ha ido más allá del pronunciamiento verbal. No hay decisión de movilizar a los trabajadores amenazados por las consecuencias del TLC.
Esta actitud es aprovechada por Santos, quien tomando la ofensiva ahora pretende encumbrar a su fiel escudero, el vicepresidente Angelino Garzón, en la dirección de la OIT, para lo cual ha iniciado la campaña proponiéndole a Obama apoyar dicha postulación. Con esto se consolida el papel que ha venido desempeñando Garzón mostrándose, cuando es necesario, como crítico del gobierno Santos, lo que no es más que una maniobra para engañar y manipular a la clase trabajadora a través de la dirección sindical. La cara conciliadora del gobierno tiene su reverso en la represión a la protesta obrera en Puerto Gaitán y en la ofensiva militar contra la insurgencia, con la que ha logrado la muerte de Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC.
Pero el panorama para los trabajadores tiende a empeorar: en Pacific Rubiales contratan a la “Cochi” Araujo, exministra de Álvaro Uribe, con un salario altísimo, y Pacho Santos logra contratos millonarios, al tiempo que pide electrocutar a los estudiantes que protestan. Mientras tanto los trabajadores petroleros siguen en condiciones lamentables y percibiendo salarios de hambre; en igual situación se encuentran los trabajadores de la palma. El discurso engañoso y demagógico de este gobierno afirmando que las mal llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado se han extinguido, queda al desnudo en estos sectores donde la gran mayoría de los trabajadores están contratados por intermediarios y muy pocos directamente por la empresa. El 90 % de los trabajadores viven en condiciones lamentables, con contratos a término de máximo dos meses y sin prestaciones, presagiando lo que le espera a los trabajadores colombianos bajo el TLC.
¿Qué hacer? El camino lo señalan los estudiantes universitarios y los trabajadores tercerizados con su lucha y movilización. Debemos exigir a la CUT y Fecode que abandonen su política de concertación y se decidan por la movilización y la huelga general como lo están haciendo los estudiantes y trabajadores chilenos, enfrentando al gobierno de Piñera. Es necesario coordinar las luchas en curso. Los estudiantes deben fortalecer su movilización con el respaldo de los demás sectores sociales, empezando por los propios profesores y trabajadores universitarios, al tiempo que levantan, además de las consignas contra el proyecto privatizador del gobierno, la exigencia de solución a las exigencias de los trabajadores petroleros y palmeros. Desde las bases estudiantiles y obreras debemos emplazar a la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia (Comosocol) para que promueva un plan de acción que unifique a los sectores en conflicto con el objetivo de frenar los planes de Santos-Obama. En el sector educativo es urgente que el Frente por la Defensa de la Educación Pública convoque un encuentro de emergencia que prepare un paro nacional del sector para enfrentar unificadamente el paquete de contrarreformas del gobierno.