Las Naciones Unidas apoyan la paz del gobierno y las Farc.
El pasado día 13 de enero se inició el nuevo ciclo de negociaciones en La Habana. La delegación gubernamental se presentó con instrucciones expresas del Presidente Santos de meter el acelerador. Las FARC señalaron que sería “ingenuo” pensar insistir en la fecha límite del 23 de marzo para la firma del Acuerdo Final; tal como se comprometieron Santos y Timochenko cuando el apretón de manos al cual los empujó Raúl Castro.
Se recordará que, luego de ese apretón de manos, hubo bastante forcejeo para lograr el acuerdo sobre la llamada “justicia transicional”; el cual, en últimas, significa la más completa impunidad para todos los responsables de crímenes en el conflicto. Sólo eso se podría esperar de un acuerdo de justicia negociado entre los victimarios: un pacto de impunidad.
La fecha comprometida para firmar un acuerdo final está muy cerca y la “acelerada” a las negociaciones tiene que incluir todos los asuntos pendientes: desmovilización, entrega-dejación de armas, concentración de los guerrilleros, refrendación del acuerdo final y comienzo de la implementación. En los próximos meses estos asuntos continuarán siendo noticia de primera plana y obligarán a que las más diversas organizaciones (partidos, organizaciones sociales, sindicales, populares) y dirigentes políticos asuman posiciones ante ellas.
Santos prepara sus “fierros”
Mientras en La Habana se discute hasta el último detalle de cómo las FARC dejarán los “fierros”, Santos avanza aceitando los suyos, no siempre de acuerdo con las FARC (por lo menos en lo que trasciende públicamente).
El 8 de noviembre el Presidente nombró a Rafael Pardo Rueda como ministro del Posconflicto; un verdadero y jugoso premio de consolación ante la derrota de Pardo en la contienda por la Alcaldía de Bogotá. Ese Ministerio manejará recursos billonarios. Por ahí pasarán los pagos de subsidios para la reintegración de los miembros que las FARC declaren como desmovilizados, los planes de desarrollo a las regiones más afectadas por el conflicto, el manejo de las donaciones internacionales, etc., etc.
Adicional y muy importante, los acuerdos finales necesitan un sólido respaldo político. Por eso desde el principio Santos se comprometió a una “refrendación popular”, sin tener bien claro cómo llevarla a cabo. Intentando ganar tiempo se planteó la posibilidad de un referéndum, coincidiendo con las elecciones del 25 de octubre. Los plazos no casaron y eran necesarias modificaciones constitucionales, con la dificultad de una enorme cantidad de preguntas para poder validar los acuerdos. Esa no fue la mejor salida.
Descartado el referéndum, el gobierno y toda su bancada, a marchas forzadas, han aprobado el entuerto de un plebiscito vinculante, con una sola pregunta y respuesta posible de “sí” o “no”; bajando el umbral hasta la cifra ínfima (respecto al censo) de 4.5 millones de votos. ¡Una farsa jurídica-constitucional! A través de ella se conformará un “Congresito”, más que de bolsillo de faltriquera. Santos será entonces el amo y señor de las modificaciones constitucionales y legales para dar curso a los acuerdos. Y las FARC, cuando las decisiones no les gusten, patalearán hasta donde puedan.
Ahora, en el afán de “meter el acelerador”, Santos prepara otro paquete, convocando a sesiones extras al Congreso para que le aprueben las autorizaciones necesarias para “concentrar” a las FARC, según los acuerdos que desde hace más de un año se tejen en la subcomisión encargada de este complejo problema de la desmovilización y el desarme. Si Santos logra “concentrar” a los guerrilleros de las FARC, tomándoles foto y huella para empezar a pagarles el subsidio mensual por desmovilización, el proceso habrá traspasado, ahí sí, casi con absoluta seguridad, el umbral de no retorno.
La posición a asumir ante la convocatoria a un plebiscito como el señalado es una decisión de enorme importancia política pues, a diferencia de muchos de los otros aspectos, involucrará directamente a millones de colombianos; colocándolos ante las opciones de votar sí al lado del gobierno (y posiblemente de las FARC), votar no o levantar una tercera posición (abstención, anulación del voto, depositar una papeleta alterna exigiendo una Constituyente, etc.)
Uribe corcovea
La gran mayoría de la burguesía y el imperialismo, que respaldan a Santos, tienen aún una piedra en el zapato. El Centro Democrático, encabezado por el ex presidente Uribe Vélez, hace una amplia cantidad de reparos y cuestionamientos a lo acordado; debilitando la negociación entre franjas de opinión pública, por lo demás bastante escépticas desde el inicio del proceso. Se podría decir que Uribe, con sus miles de trinos, se comporta cual mula ranchada, que corcovea y lanza coces a diestra y siniestra.
El plan del Centro Democrático, el partido de Uribe, más que desbaratar o impedir el proceso, va en el sentido de lograr condiciones más onerosas para las FARC y más favorables para quienes desde el régimen (militares, empresarios y agentes políticos) fueron y son culpables de crímenes tanto o más horrendos que los imputados a las FARC.
El imperialismo está moviendo sus fichas. Ahora Obama ha invitado a Washington a Santos, Pastrana y Uribe (como los tres presidentes bajo cuyos mandatos se desarrolló el Plan Colombia que garantizó la contención militar de la guerrilla) para festejar el próximo 4 de febrero los 15 años de su lanzamiento. Uribe se resiste a ir, temiendo una verdadera emboscada en la cual su amo (Obama) le baje los humos. Santos intenta lograr un acuerdo con Uribe, previo a la firma del Acuerdo Final con las FARC. Eso daría más solidez al acuerdo, al fortalecer el respaldo político al mismo.
Adoptar una posición obrera, independiente
La enorme mayoría de las organizaciones políticas reformistas (Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Progresistas) y su influencia política en las organizaciones sindicales y de masas, están convertidas en comité de aplausos y festejos a cada acuerdo que logran Santos y las FARC; sin asumir ninguna posición independiente.
Las FARC, si bien aún no han renunciado a su propuesta de Constituyente, desde el principio han hecho de esa propuesta no una verdadera Constituyente, democrática y soberana, que discuta y decida sobre los grandes problemas del país –incluidos los acuerdos negociados con Santos. Su propuesta es una Constituyente a su tamaño, limitada y con ámbito de decisión restringido a validar los acuerdos (para que tengan la llamada seguridad jurídica).
Una posición obrera, independiente, revolucionaria, debe ubicarse con absoluta independencia tanto del gobierno Santos como de las FARC; presentando sus propias propuestas. Levantar en alto la necesidad de una Constituyente democrática y soberana seguirá a la orden del día.
Las respuestas posibles a la convocatoria al plebiscito planeado por el gobierno deberán estar en el marco de un llamado a la abstención o a la votación con una papeleta distinta (que exija dicha Constituyente). Bajo ninguna circunstancia las organizaciones obreras, revolucionarias podrán colocarse como furgón de cola del gobierno respaldándolo en el sí. Tampoco deberán expresar una posición por el no. Si bien esa guerra no ha sido nuestra guerra y esa paz no será nuestra paz, millones de colombianos están hasta la coronilla del enfrentamiento armado del cual sólo han sido víctimas.