Sí a la movilización, no a la traición de la dirección sindical

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Una vez más los educadores(as) del país nos vemos en la necesidad de salir a enfrentar las políticas privatizadoras, hambreadoras y engañosas del gobierno. Tenemos la obligación de salir a rechazar los TLC firmados y los nuevos que se están proponiendo, al igual que rechazar las leyes que se vienen aprobando en el Congreso para favorecer la impunidad y darle más poder a las fuerzas armadas para seguir cometiendo atropellos contra los trabajadores, campesinos pobres y población desplazada.
Nuevamente tenemos que exigirle al gobierno que desarticule las bandas que pagas por los empresarios, amenazan a los trabajadores y atentan contra sus vidas. Que en la defensa de la vida, debe garantizar un servicio médico oportuno, científico y que satisfaga todas las necesidades de salud de los docentes y demás trabajadores.
Estamos de acuerdo con la dirección sindical en que sin lucha no hay victoria, y que la salud y la educación son un derecho y no una mercancía. No compartimos para nada la apreciación que tienen sobre los presuntos avances logrados en la negociación y por tanto el comité ejecutivo saliente, reelegido en su mayoría para el nuevo período, y la junta nacional tienen la responsabilidad política de la burla al magisterio Colombiano al no haber permitido que se realizara el necesario paro nacional indefinido durante las negociaciones de mayo de este año.
Este hecho permitió que el resultado de las negociaciones fuera el desastre que ya hemos denunciado en comunicado anterior, evidenciado hoy por la expedición del decreto que “establece” la prima de servicios, es decir no reconoce que teníamos un derecho consagrado en la ley 91 y la nula respuesta ante los otros puntos acordados. Pero claro, es evidente que el problema de la salud no se iba a solucionar con un “estudio” para otorgarle más dinero a las empresas mercaderes de los servicios médicos. Los maestros seguimos colocando el dinero y los muertos. Medicol (Castillo y asociados/Médicos Asociados/UT-Norte), se siguen llenando de dinero, siguen burlando su responsabilidad en la prestación de los servicios médico asistenciales y siguen dejando morir a los pacientes.
El gobierno, fiel defensor de los empresarios capitalistas, fiel aplicador de las fórmulas económicas ordenadas por los organismos de la burguesía ha mostrado ante la opinión pública una falsa consideración por los trabajadores y un hipócrita rostro de preocupación por los problemas sociales, pero no cede ante la exigencia de los derechos sino con acciones como las que han realizado antes los estudiantes, los trabajadores del sector judicial, los trabajadores de la universidad nacional, o ahora los campesinos del Catatumbo, los mineros, los trabajadores de la Drummond y nuevamente los cafeteros.
Una vez más las condiciones para arrancarle a este gobierno los derechos de los docentes y trabajadores están dadas al calor del incremento de la protesta social, producida por la crisis económica que ni el régimen ni su gobierno pueden solucionar, pero seguimos teniendo el mismo gran obstáculo: La política de concertación y de conciliación de clases que agencia la dirección sindical. El oportunismo electorero y los apetitos burocráticos que ayudan al gobierno a desarrollar su política y frenan los procesos de lucha que van surgiendo. Los resultados de las negociaciones desmoralizan a las bases y luego la dirección se lava las manos diciendo que las bases no respondieron al llamado.
Es necesario entonces que salgamos a la calle a denunciar los atropellos del Gobierno, tanto como la traición de la dirección. Desde la base se debe organizar un paro nacional indefinido, para articularlo con las luchas que siguen surgiendo, como la del sector salud y el sector agrario (19 de agosto) y nuevamente la Mane (29 de agosto). Pero desde la base se debe definir quién negocia, que se negocia y negociación a referendo.
Debemos exigir que de manera inmediata y sin más dinero, se aumente el número de médicos especialistas, de clínicas de urgencias, de laboratorios especializados, de consultorios y centros de atención médica, para otorgar las necesarias citas médicas de manera oportuna. Es decir que Medicol cumpla con los términos del contrato. Pero a mediano plazo debemos luchar por la eliminación de la intermediación privada en la prestación de los servicios de salud, para que sea directamente el Estado el que los preste. Debemos luchar contra la reforma a la salud recientemente aprobada y contra la ley 100 de 1994.
Sobre la prima de servicios, llamamos al magisterio a firmar la tutela para exigirle a los tribunales que protejan la seguridad jurídica sobre fallos hechos por la corte en el reconocimiento de nuestro derecho y le ordene a la Ministra, a los secretarios de Educación y Alcaldes que actúen en derecho. De esta manera luchar por lograr el real reconocimiento de la prima, sin tener que llenarle los bolsillos a los abogados amigos del gobierno y amigos de los dirigentes sindicales y quien sabe si a los mismos dirigentes.
Rechacemos en las calles las modificaciones a nuestra jornada laboral y las imposiciones establecidas en la directiva 16 (también acordada entre gobierno y Fecode).
Exijamos el retiro del documento de estatuto único que Fecode propuso para negociar en la Comisión tripartita. El “nuevo” Comité Ejecutivo de Fecode, insiste en negociar su proyecto de Estatuto. Nos dice bienvenido el debate, pero a renglón seguido, mantienen su proyecto sin ninguna modificación, negociando una propuesta que la base magisterial no ha discutido ni aprobado. Por eso es imprescindible evitar que negocien en nuestro nombre un estatuto que la base no acepta porque significa perder las conquistas alcanzadas. Firmemos el plebiscito para tal fin y exijamos en voz alta y fuerte que retiren ese nefasto proyecto de la Comisión Tripartita.