El pasado lunes 19 de noviembre fue emitido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el fallo definitivo e inapelable sobre el litigio territorial y definición de límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.
El litigio, presentado por Nicaragua ante dicho tribunal internacional desde diciembre de 2001, parte del desconocimiento por parte de Nicaragua del Tratado suscrito entre los dos países en 1928. Sobre dicho Tratado Colombia justificó durante décadas tanto la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia (con sus cayos e islotes) como el control y explotación económica sobre una amplia extensión marítima, más cercana a la plataforma continental nicaragüense que a la colombiana.
Si bien no acepta la totalidad de las pretensiones de Nicaragua el fallo le es ampliamente favorable. Recorta el dominio colombiano en unos 75.000 kilómetros cuadrados en el Caribe. Por esta vía se modifican, adicionalmente, los límites marinos entre Colombia, Costa Rica y Honduras; países cuya solicitud de intervenir en el litigio fue negada por la Corte Internacional.
Como corresponde frente al resultado obtenido, las reacciones ante el fallo en Colombia y Nicaragua han tenido un carácter completamente diferente. En Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega celebró el fallo al señalar que “es un día de victoria nacional para todos los nicaragüenses y todas las nicaragüenses”. Por su parte el gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos ha emitido duras críticas al mismo, habiendo incluso sectores políticos como el del ex presidente Álvaro Uribe que llaman a que el mismo sea desacatado, pues nunca esperaban que fuese tan adverso. Adicionalmente anunció el retiro del Pacto de Bogotá (por el cual Colombia se somete a la jurisdicción de la Corte de La Haya) para tratar de evitar que, a través de nuevas demandas, Nicaragua amplíe lo ya obtenido.
Aunque varios centenares de pescadores artesanales colombianos han visto restringidas sus operaciones, el fallo no tiene repercusión inmediata de ninguna índole en la población de ninguno de los países. No afectará las actividades turísticas en el archipiélago colombiano, ni las comunicaciones ni los desplazamientos entre las islas habitadas (pues los islotes y cayos no lo están).
A pesar de lo anterior, ambos gobiernos y burguesías le han concedido una importancia trascendental a la decisión. Vale la pena entonces analizar qué intereses hay de por medio, cuál debe ser la posición y criterios que sobre el tema adopten las organizaciones de los trabajadores, cuál debe ser la posición defendida por organizaciones revolucionarias que no tienen ninguna clase de compromisos con la burguesía de uno u otro país, ni con intereses que puedan tener burguesías de otros países que busquen beneficiarse en medio del conflicto político-diplomático existente.
Fronteras y límites: ¿a quién sirven?
Las fronteras y límites que separan unos países de otros han sido y son, en lo fundamental, una construcción política artificial que responde a intereses y conveniencias de los explotadores, conformando los respectivos estados nacionales desde los cuales ejercen su poder económico, social y político. En ese sentido tales fronteras y límites, en un planeta completamente integrado en los más variados niveles, representan un anacronismo del desarrollo histórico que hoy se convierte en un obstáculo o traba en el desarrollo de las fuerzas productivas, igual que la propiedad privada de los medios de producción.
Las fronteras nacionales y los límites territoriales sólo tienen justificación y razón de ser en la medida en que permiten un mejor dominio y control por parte de distintos grupos de los explotadores de determinadas zonas del planeta y de su riqueza. Son un obstáculo para la integración cultural y social, son un obstáculo para la libre y pacífica convivencia entre los pueblos. Cumplen una función de protección de los intereses económicos de franjas y sectores burgueses de cada país, en detrimento del bienestar de la totalidad de los pobladores del planeta.
En la última época, en muchos casos, tales fronteras han sido fijadas a la fuerza, sin responder siquiera a las realidades culturales o sociales de los pueblos o a sus derechos históricos. Tal fue el caso de las delimitaciones fronterizas entre diversos países, luego del final de la II Guerra Mundial, impuestas por el imperialismo norteamericano en África o el Medio Oriente. Es decir, en primer lugar las fronteras nacionales responden a los intereses, conveniencias y necesidades de la gran burguesía imperialista que no vacila en “formar” países, determinando sus fronteras, si ello le conviene. El caso más aberrante lo tenemos con Israel, un verdadero enclave militar del imperialismo en el corazón del Medio Oriente, al cual se le construyó un “territorio” y se le definieron unas “fronteras” arrebatando a los palestinos la tierra que les ha pertenecido durante siglos. En América, sin ir más lejos, a plena fuerza y fuego el imperio inglés mantiene el control y dominio sobre las Islas Malvinas, inobjetablemente argentinas, sin que los farsantes de los “tribunales internacionales” musiten palabra.
¿A quién le sirve la Corte Penal Internacional?
Para la burguesía de cada país y el imperialismo, para las multinacionales que buscan las condiciones para obtener el mayor beneficio posible, tras las disputas territoriales y fronterizas se esconde una lucha –unas veces abierta y otras soterrada– por condiciones más favorables para la explotación inmisericorde de los recursos naturales, para la exploración y explotación de reservas de minerales y para apropiarse de la riqueza de la naturaleza en general. Sin embargo, siempre buscan recubrir esta lucha con toda clase de palabrería patriótica, nacionalista y chauvinista, buscando exaltar la más reaccionaria ideología nacionalista de “defensa de la patria” y “amor” por la misma. En algunos casos, incluso, alcanzan a llegar al enfrentamiento militar conduciendo a que los trabajadores de uno y otro lado se maten entre sí defendiendo “riquezas” y “territorios” que nunca disfrutarán pues son los burgueses y las multinacionales los que se benefician de ellos.
La burguesía imperialista, luego de la II Guerra Mundial, ha construido y puesto en funcionamiento una enorme cantidad de instituciones y organismos para supuestamente garantizar la solución pacífica de los problemas y contradicciones entre los países. Todas esas instituciones y organismos han fracasado en la pregonada función de lograr la paz sobre el planeta. Cuando lo necesitó, el imperialismo norteamericano invadió al pueblo de Irak, desatando una infernal guerra con miles de muertos, para apoderarse de su petróleo, bajo la mirada cómplice de los hipócritas burócratas de las organismos internacionales que miraban para el techo, pues tal invasión era aceptada o tolerada por quienes les garantizan sus privilegios. ¡Ese es el papel último de estos organismos de la ONU! ¡Son la farsa y la vileza disfrazada de justicia e imparcialidad!
Un camino diferente: ¡unir los pueblos, borrar las fronteras, compartir la riqueza del planeta!
Los trabajadores y explotados del planeta o de cada uno de los países que ocasionalmente se encuentran envueltos en un enfrentamiento por límites o fronteras no podemos caer en una trampa respaldando o confiando en cualquiera de las burguesías nacionales o en los organismos internacionales que, impuestos por la burguesía mundial para garantizar el “orden y paz” en el planeta, legislan y juzgan con intereses propios. Hay que buscar un camino propio, un camino que realmente garantice la armonía, el entendimiento, la solidaridad y el respaldo entre los trabajadores y explotadores del mundo, por encima de cada una de las fronteras nacionales. Ese camino permitiría romper la traba que significan dichas fronteras, actuar bajo planes económicos comunes al servicio de la solución de las necesidades de la población de cualquiera de los actuales países, eliminando la propiedad privada de los grandes medios de producción y comenzar realmente la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados en el planeta.
¡Ningún apoyo al gobierno de Santos ni al gobierno de Ortega!
Con lenguajes diferentes los gobiernos de Juan Manuel Santos de Colombia y de Daniel Ortega de Nicaragua tienen características políticas esencialmente iguales. Ambos son gobiernos de dos Estados burgueses, plenamente colocados al servicio de los intereses particulares de diversas multinacionales y de empresarios privados de uno y otro país. Ninguno de los dos representa ni los intereses inmediatos ni estratégicos de los trabajadores, explotados u oprimidos colombianos o nicaragüenses. Cada uno de ellos podrá distinguirse, cuando más, en términos de con qué grupo capitalista mundial, con cuáles multinacionales, espera subastar mejor las riquezas de cada uno de los países.
Los trabajadores colombianos y nicaragüenses no debemos engañarnos. El resultado actual de la disputa no cambia ni cambiará en nada la actual situación de unos y otros. La burguesía nicaragüense podrá obtener, seguramente, importantes beneficios económicos subastando a las multinacionales la riqueza de petróleo y gas que se afirma existe en la zona disputada, como ya de hecho lo había comenzado a hacer. Igual estaba haciendo la burguesía colombiana hasta antes del fallo. Pero las ganancias de una y otra irán a sus propios bolsillos, pues ambos gobiernos actúan en función de los intereses particulares de su propia clase y no en interés siquiera de los trabajadores y la totalidad de la población de cada uno de los países.
Una dura y difícil batalla está planteada para el futuro más o menos cercano. La lucha por la defensa de las condiciones de vida y los derechos políticos y sociales de los pueblos de Colombia y Nicaragua –como ejemplo específico– y del conjunto de los pueblos de América Latina –como espacio más amplio y general– planteará rápidamente la necesidad de que los pueblos actúen conjunta y simultáneamente contra los respectivos gobiernos. A la vista está el ejemplo de las luchas unificadas de los pueblos europeos contra los planes de sus burguesías que descargan en sus hombros la crisis económica.
En la medida en que nos reconozcamos primero como trabajadores, como explotados y oprimidos, antes que colombianos, nicaragüenses o de cualquier otro país, las mayorías de trabajadores de América Latina sabremos dar al traste con las disputas y enfrentamientos fronterizos y territoriales que levantan y desarrollan las respectivas burguesías de los países. ¡Nada tendremos que disputar entre nosotros! ¡Nada tendremos que delimitar entre nosotros! ¡Todo lo podremos compartir y disfrutar en común, preservándolo para las actuales y futuras generaciones! Ese es el futuro de paz, cordialidad y solidaridad que sólo el triunfo de la revolución socialista en un país y su extensión a los demás países, construyendo una federación de repúblicas socialistas, ofrecerá a los habitantes de estas tierras y del planeta.
¡Abajo los gobiernos de Santos y Ortega!
¡Rechacemos la entrega de territorio a la explotación de las multinacionales!
¡Viva la fraternidad y solidaridad entre los trabajadores colombianos, nicaragüenses, latinoamericanos y del mundo!