Es una realidad innegable que la economía colombiana ha entrado en un proceso de crisis profunda. El gobierno y la burguesía trataron, inicialmente, de minimizar la crisis o de ocultarla, pero les fue imposible. La caída del precio del petróleo y la brutal devaluación de la moneda frente al dólar están produciendo estragos en la economía nacional, pero sobre todo en la economía de los trabajadores. La crisis económica, de seguirse desarrollando y profundizando, podría afectar seriamente los recursos millonarios que el gobierno necesita para concretar los acuerdos de paz con las FARC y para el posconflicto. Todo el despliegue, que en las últimas semanas, se le ha venido dando a los acuerdos con las FARC (El acuerdo sobre justicia transicional, solicitud para que la ONU vigile la desmovilización, la libertad de algunos presos políticos, el llamado angustioso para que se firme el acuerdo en marzo, etc.) tiene, en la coyuntura de la crisis, el claro propósito de distraer la atención en relación con la profundidad de la propia crisis y con las medidas concretas contra los trabajadores.
El gobierno de Santos, fiel a su neoliberalismo, trata de trasladar todos los costos de la crisis a los trabajadores, al campesinado pobre, a sectores importantes de la pequeña burguesía y a la población más pobre.
Vende Isagen para cubrir el déficit fiscal, invertir en el plan de construcción de vías y atraer las inversiones del capital privado, que será el que se queda con la parte del león en ese negocio. Lo mismo está haciendo al expedir las leyes que favorecen las inversiones de los capitalistas en los proyectos del agro (Zidres) dentro del posconflicto.
Incrementóel salario mínimo en 7%, por debajo de la inflación que fue del 7.26% para bajos ingresos y se niega reajustar el aumento y congelar el precio de los artículos de la canasta familiar obrera. Anuncia el incremento del IVA del 16% al 19%, como parte de una reforma tributaria regresiva, adelanta el trámite en el Congreso de leyes contra los trabajadores como la que elimina la estabilidad reforzada para los trabajadores discapacitados, no cumple lo acordado de reducir del 12% al 4% la cotización de los pensionados para salud, no toma ninguna medida en concreto contra el desempleo y la absoluta inestabilidad en el trabajo. En acuerdo con Peñalosa, el alcalde de Bogotá, reajusta las tarifas del Transmilenio en 200 pesos.
La política del gobierno tiene como objetivo descargar sobre los trabajadores los efectos de la crisis económica, pero los trabajadores le debemos responder tajantemente que la crisis la tienen que pagar las multinacionales, el gobierno y los capitalistas colombianos, que son los que se han embolsillado las ganancias durante las épocas de prosperidad económica.
La única respuesta posible por parte de los trabajadores y los sectores populares debe ser la unidad para movilizarnos y luchar. No hay otra manera de derrotar la política antiobrera de Santos y su gobierno. Las distintas posturas que se tienen frente al proceso de paz no pueden ser obstáculo para la movilizacióny lucha unitarias. Así lo empezó a demostrar la movilización que se llevó a cabo el 24 de enero de 2016 en varias ciudades del país, que aunque pequeñas son una expresión del descontento e indignación contra el gobierno y sus medidas.
Los direcciones de las centrales obreras CUT, GGT y CTC, han coincidido en expresar la necesidad de realizar un paro nacional y presentar un pliego nacional al gobierno. El diario El Tiempo del 26 de enero señala que el Comité Ejecutivo de la CGT ya votó la convocatoria al paro y le ordenó a sus representantes acordar con las otras centrales la hora cero El paro nacional obrero y popular es una necesidad inaplazable.
Hay que preparar el paro democráticamente en las bases. De realizarse el paro, los acuerdos con el gobierno y su levantamiento deben ser consultados democráticamente con las bases. Todas las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y populares, deben discutir en asamblea el respaldo al paro y su preparación. Todas las organizaciones políticas que se reclaman de los trabajadores o de la izquierda igualmente debemos apoyarlo e impulsarlo.
El pliego de peticiones debería contener, por lo menos, los siguientes puntos:
•Un nuevo salario mínimo de $1.500.000.
•No a la reforma tributaria, que busca gravarmása los pobres, y contra el IVA
•Contra el incremento en las tarifas de los servicios públicos y por el derecho al agua potable.
•Por la estabilidad en el trabajo y contra el cierre de empresas y el despido de los trabajadores.
•Por la libertad de Feliciano Valencia y todos los presos políticos.
La hora cero debería ser fijada lo más rápido posible. Nosotros nos permitimos sugerir que el paro se realice en homenaje a todas las mujeres víctimas de la violencia, de la opresión y explotación capitalista, el martes 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora.
(Edición impresa, El Socialista 699. Febrero 2016)