En medio de una coyuntura de luchas sociales, en las que hay que destacar y apoyar con todo al paro del sector campesino y del sector de la salud, la Junta nacional de FECODE ha convocado al magisterio a un paro nacional, en principio de tres días, a partir del 10 de septiembre.
El gobierno de Juan Manuel Santos ha desatado la más feroz represión contra el sector campesino, deteniendo a centenares de luchadores para judicializarlos por el solo hecho de protestar contra los TLC y sus locomotoras que están llevando a la ruina al sector agrario y en especial a los campesinos pobres. Estamos ante una coyuntura en la que está confluyendo la protesta social con la huelga de los trabajadores de la Drummond, la de los trabajadores de la Universidad Nacional y la lucha de los estudiantes universitarios.Hoycomo nunca la lucha de los campesinos pobres, ha hecho que el gobierno de Santos se coma sus palabras y ha logrado el más amplio movimiento de apoyo y simpatía. Las multitudinarias manifestacionesdel 29 de agosto, en todo el país, demostraron el sentimiento de lucha, unidad y solidaridad. Por eso nos preguntamos por qué la Fecode convoca el paro sólo para el 10 de septiembre cuando, para fortalecer la lucha social, el momento más indicado es hacerlo ya. Esperamos que esta convocatoria no sea otro de los cañazos que acostumbra la dirección de FECODE.
En el terreno de la educación básica y media, el gobierno avanza en sus políticas privatizadoras manteniendo las concesiones y la política neoliberal de la capitación; de aumento de la jornada laboral para llevarnos a la jornada de 8 horas con el mismo salario; de desconocer la prima de servicios contemplada en la ley 91 del 89 y en su lugar establecerla a partir del año entrante, negando la deuda histórica de los retroactivos causados; de avalar y profundizar el deterioro de la salud con su anunciada reforma, y de unificar el estatuto docente bajo los parámetros del 1278.
Razones para realizar un paro nacional indefinido tenemos de sobra. Sin embargo, la dirección de nuestra Federación es sorda a los reclamos de la base magisterial, expresados de múltiples maneras a propósito de la pésima negociación del pliego de peticiones durante el mes de mayo. En las pasadas elecciones este descontento se manifestó con el voto en blanco, el voto nulo, la abstención y el voto por algunos candidatos distintos a los reelegidos miembros del CE. La actual dirección de la Fecode, desconoce las voces de amplios sectores de la base y reitera una vez más su cuestionada política.
Los objetivos del paro
La Junta Nacional de Fecode aprobó realizar el paro frente a la “reiterada violación de los derechos de los maestros y la burla a los ACUERDOS firmados”. Es decir que a pesar del rechazo del magisterio a esos acuerdos, los siguen defendiendo como una conquista. Con relación a la prima de servicios y el decreto 1545 expedido por la Ministra sobre el tema, se limitan a decir que “no recoge el espíritu de lo pactado y que el acto administrativo nos escamotea el derecho”. Sin embargo no proponen su derogatoria.Este decreto tiene que ser derogado y el gobierno debe definir un plan de pagos: no estamos en presencia de una “expectativa de derecho”, sino en la de un derecho establecido y vulnerado.
En la respuesta que dio el Ejecutivo de Fecode a la tutela presentada por un grupo de maestros de Bogotá, dice que su actuación obedece a que “tuvo presente en todo momento la no afectación o quiebra del Sistema General de Participaciones para la Educación”. Lo cual implica la aceptación de la “regla fiscal”.¿Desde cuándo los dirigentes sindicales son los guardianes del pírrico presupuesto para educación? Queda claro entonces que la orientación de demandar la prima de servicios es la maniobra para salvaguardar el SGP, pues las demandas se pagarían con recursos de “gastos de funcionamiento, partidas de sentencias y conciliaciones”.
Queda en entredicho cuál es la verdadera posición del Ejecutivo frente a la legislación neoliberal que, sobre todo, a partir de la reforma constitucional del año 2001, estableció un esquema de privatización (para la educación y la salud) que tiene, como sistema operativo, precisamente la existencia de la capitación, la racionalización del gasto y la intermediación; para lo cual necesita la existencia y funcionamiento del SGP con sus reglas.
Frente al decreto sobre traslado de los maestros amenazados, cuyo borrador se conoció en medio de las negociaciones de mayo (reivindicado como un avance), el Ejecutivo plantea que “la Ministra soslaya su responsabilidad”, pero no denuncia en qué puntos concretos ello ocurre.
Sobre el gravísimo problema de la salud, se limitan a señalar que “busca destruir el régimen exceptuado”, pero no se exige nada en concreto, a no ser que “el gobierno cumpla” con lo que firmó en mayo: estudios y comisiones. El Ejecutivo de Fecode insiste en el aumento a la capitación para darle más plata a las EPS y los intermediarios y se niega sistemáticamente a comenzar a exigir la liquidación de la intermediación.
Frente al tema del Estatuto docente, de manera engañosa le han dicho al magisterio que su contenido está en debate, mientras la verdad es que vienen negociando su nefasta propuesta desde el mes de Febrero en la Comisión Tripartita, a espaldas de la base; es decir, sin tener en cuenta su opinión. Según informe de un representante de Fecode, en la última reunión, a pedido del gobierno y de común acuerdo, retiraron el capítulo de etnoeducadores cediendo a las presiones del gobierno de establecer otro estatuto para ellos, liquidando el carácter de “único” con que se ha promovido. Acuerdan, además, que el “mérito” (léase evaluación) aplica para ascenso y permanencia de todos los docentes, que la libertad de cátedra estará subordinada a lo que definan los PEI (los lineamientos curriculares y los estándares); por eso pueden declarar, sin dificultades, que el MEN y su equipo han adoptado la propuesta de Fecode como “documento de trabajo” pues no tiene (ni necesita) propuesta propia. En este mismo sentido, el comunicado de la dirección de FECODE, publicado en El Tiempo del 25 de agosto nos convoca al paro para presionar a la Comisión Tripartita para que “consensue un texto de estatuto único”.
El cuarto punto de la declaración se refiere a la exigencia, justa por demás, de que nos paguen las deudas por ascenso, zonas de difícil acceso, retroactivos y primas extralegales,pero no exige allí el pago de la deuda histórica que el gobierno tiene con el Fondo de Prestaciones y, éste, es un asunto que no se puede “olvidar” porque es causa del no pago de los derechos y de la precarización por completo del ejercicio de la profesión docente.
Paro sí pero con otros objetivos
Con esos objetivos, la dirección de la Fecode pone al magisterio en una terrible disyuntiva, y debilita profundamente la convocatoria al paro. De un lado el paro se necesita porque no podemos darle la razón al gobierno cuando afirma, como afirmó frente al paro agrario, que aquí no pasa nada. Múltiples son los problemas por los que atraviesa la educación pública y los laborales de los maestros. Si no nos movilizamos, el gobierno va a aprovechar para aplicar a fondo su política. Por eso tenemos que entender que el paro es necesario pero con otros objetivos y articulado a la enorme movilización popular. De otro lado, el magisterio no puede movilizarse para que le pongan la soga al cuello. No podemos salir a respaldar el raponazo a la prima de servicios, no podemos apoyar el proyecto de Estatuto único de Fecode porque significa entregar las conquistas del 2277 y que nos apliquen a todos los criterios de la “meritocracia” del 1278 y no podemos permitir que a quienes nos están matando con la pésimaatención médica, les den más plata. No en nuestro nombre.
Proponemos que se realicen asambleas de base para discutir esta convocatoria y que, en ellas, le digamos a la dirección de Fecode que tiene que cambiar los objetivos del Paro.
El proyecto de estatuto único debe ser retirado y Fecode debe abandonarla Comisión Tripartita. Este proyecto le cambia el carácter a la carrera docente, modifica las condiciones de ingreso, mantiene la evaluación de desempeño, aumenta los requisitos para ascenso, coloca un régimen disciplinario que favorece al Estado en detrimento de los derechos del magisterio y deroga lo conquistado en el 2277. Proponemos la defensa del 2277con modificaciones y desarrollos, articulando nuestras exigencias con la movilización para conquistarlas. No es cierto que la Comisión tripartita sea el único camino. Debemos exigir que mediante facultades extraordinarias se derogue el 1278 y se modifique el decreto ley 2277. Los dos estatutos fueron expedidos por esta vía.
En salud, tenemos que exigir en primer lugar que se cumplan los términos de los contratos; pero para que eso sea posible los contratistas tienen que ampliar la planta de personal, de médicos, especialistas, centros de atención y de urgencias. No es subiendo los recursos por capitación como se resuelve el problema. Si todos los recursos para salud se utilizan en ella es más que suficiente pues nuestras cotizaciones son de las más altas del sistema. En segundo lugar, tenemos que enarbolar la bandera de la derogatoria de la ley 100 y el fin del sistema de intermediación. Contrario a lo que pretende el gobierno con su proyecto de reglamentación de la reforma a la salud, a punto de ser aprobado, tenemos que exigir que el Estado asuma directamente la prestación del servicioy la recuperación de la red pública hospitalaria desfalcada primero y, luego, apropiada por los intermediarios.
La Nación debe asumir el pago directo de la prima de servicios sin demandas, haciendo el traslado presupuestal que se requiera, y reconociendo el retroactivo que por su responsabilidad dejó de pagar al magisterio. Que se derogue el decreto 1545 expedido a propósito de las negociaciones de Mayo, pues crea una prima que ya estaba establecida en la ley 91, y por lo tanto desconoce los retroactivos, la declara incompatible con otras primas del mismo carácter y la desconoce como factor salarial para la liquidación de la pensión.Exijamos el pago de todas las deudas por derechos legales del magisterio y el pago de la deuda histórica con el Fondo de prestaciones.Exijamos el pago inmediato del aumento salarial que le birlaron a los compañeros del 1278.
La eliminación de la política de concesiones y convenios, la modificación de los parámetros de maestros y estudiantes, el respeto a la jornada laboral, la autonomía y la libertad de cátedra. No al acoso laboral.
No más discursos contra el modelo neoliberal, mientras permiten y negocian su aplicación. Los maestros de base tenemos todo el derecho de exigir el cambio de los objetivos, al fin y al cabo somos quienes realmente ponemos el pecho. Los directivos cuentan con el fuero de la comisión sindical. La base en ejercicio de la democracia sindical, tan refundida en los últimos años, tiene el derecho a decidir sobre qué se exige, qué se negocia y hasta dónde luchar.
ACUERDO NACIONAL POR LA DEFENSA DEL 2277
Aló Maestro del Tolima, Nueva Cultura de Antioquia, Colectivo Ariadna de Cundinamarca, Unidad docente PST, Alternativa Socialista-maestros indignados, Activistas independientes.
Agosto de 2013