La represión, masacres y una intensa persecución política a todos los opositores aparece como uno de los aspectos más destacados, tal vez el principal, del proceso político egipcio desde el derrocamiento del gobierno Morsi el 3 de julio de 2013 y su sustitución por un gobierno de facto encabezado por el general Al Sisi; el cual posteriormente “legalizó” su ejercicio político en un proceso electoral amañado y controlado a su antojo, realizado a finales de mayo de 2014.
Luego de las masacres inmediatas al derrocamiento de Morsi, con centenares de muertos, la prensa internacional reseña en forma frecuente los juicios amañados, con condenas a muerte o a cadena perpetua masivas, especialmente contra miembros de la Hermandad Musulmana.
La represión específicamente dirigida contra los seguidores de la Hermandad Musulmana es sólo la fachada tras la cual se esconde y justifica todo el curso reaccionario y represivo del gobierno de Al-Sisi.
Paralelo a las condenas contra sus opositores, el gobierno de Al-Sisi ha procedido a absolver y a rehabilitar políticamente a enorme cantidad de los funcionarios y agentes que, debido a sus acciones durante el gobierno de Mubarak, habían sido encarcelados y enjuiciados gracias a la gigantesca presión democrática del ascenso revolucionario que produjo la caída del gobierno de Mubarak el 11 de febrero de 2011. Fue esa oleada revolucionaria de 2011 la que abrió el proceso en el cual Morsi fue electo presidente, chocó luego con el movimiento de masas y posteriormente fue derrocado en los sucesos del 3 de julio de 2013.
Condena a Morsi: ¿escarmiento definitivo?
El pasado 16 de junio El País de España informa que “El expresidente egipcio Mohamed Morsi ha sido condenado este martes a pena de muerte por un tribunal egipcio. Los cargos están vinculados al asalto a varias prisiones durante la revolución de enero de 2011, lo que permitió la liberación de cientos de reos, entre ellos varios dirigentes de los Hermanos Musulmanes, incluido el propio Morsi. El líder supremo de la hermandad, Mohamed Badie, también ha sido condenado a la pena capital. El clérigo musulmán Sheikh Youssef al-Qaradawi, junto a otras 80 personas, han sido condenados a muerte por este caso in absentia. El veredicto puede ser recurrido, informa Reuters.” (http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/16/actualidad/1434...)
La misma nota citada, traduciendo en números los niveles de represión desatados por el gobierno de Al-Sisi, señala: “Se calcula que cerca de 40.000 personas han sido encarceladas tras el golpe, y otras 3.000 han muerto a causa de la violencia que se desató, la mayoría simpatizantes o miembros de los grupos islamistas.”
Es un hecho, bien documentado y denunciado por organismos internacionales de derechos humanos, que los tribunales egipcios están sometidos a las órdenes del régimen militar y gobierno actual, sin garantizar siquiera los mínimos derechos de los acusados en los procesos judiciales.
La condena a Morsi, estando pendientes aún varios juicios contra él y habiéndose ya fallado otro por “espionaje” en el cual se le condena a cadena perpetua (expresada en el sistema judicial egipcio como una condena de 25 años), es un verdadero teatro de escarmiento y amedrentamiento del régimen contra cualquier oposición al mismo, no solo contra la oposición encabezada por la Hermandad Musulmana.
Unidad de acción para la defensa de las libertades democráticas
Además de la lucha por las reivindicaciones económicas inmediatas de las masas, sometidas a la más brutal explotación, la lucha por las más amplias libertades democráticas fue un motor esencial del proceso revolucionario egipcio durante la lucha contra el gobierno de Mubarak y contra el propio gobierno de Morsi.
Desde una posición obrera revolucionaria, a pesar de considerar a la Hermandad Musulmana y al propio Morsi una expresión política reaccionaria de fracciones y sectores de la burguesía egipcia (en común con otras burguesías árabes), en la lucha por la defensa de las libertades democráticas es necesario plantearse, como necesidad y conveniencia políticas, la unidad de acción contra el gobierno y régimen de Al-Sisi incluso con la propia Hermandad Musulmana.
No se puede conceder al gobierno actual y a su sistema judicial la más mínima autoridad para juzgar los crímenes cometidos por Morsi y su gobierno contra el movimiento de masas. Si ellos han de ser juzgados (que deben serlo) sólo tribunales revolucionarios de las propias masas (o de un gobierno de ellas que exprese un triunfo revolucionario contra el actual régimen y gobierno) tendrían el derecho y autoridad política para hacerlo.
Por lo anterior, es imprescindible rechazar en forma abierta la condena a muerte a Morsi y demás miembros de la Hermandad Musulmana. Hay que exigir la libertad inmediata de todos los detenidos por actos de lucha y movilización tanto contra el gobierno de Mubarak, contra el propio gobierno de Morsi o contra el actual gobierno de Al-Sisi.
La conquista de las más amplias libertades de expresión, organización y movilización política, es un paso indispensable, unido de manera indisoluble a las luchas reivindicativas económicas, para lograr que la revolución egipcia retome el cauce que abrió el proceso de 2011.
Jacinta Pérez G.
Bogotá, 18 de junio de 2015