De acuerdo con los informes de la negociación del pliego nacional, que culminó sus 40 días el 2 de Junio, los avances han sido mínimos y referidos a aspectos importantes pero de orden secundario. Puntos fundamentales como el de la política educativa, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno simplemente ni lo discutió.
Por el contrario su plan avanza y no se cansa de “preparar”, desde los grandes medios de difusión, a la “opinión pública”, para que acepten como único criterio de calidad la evaluación de estudiantes (pruebas SABER e ICFES), de docentes y de instituciones, con lo cual justifican la privatización. Ya desde la administración distrital del PDA y varios de los candidatos a la alcaldía de Bogotá se anuncia la implementación de la jornada única en tres o cuatro años. ¿Será que van a construir en ese tiempo el doble de plantas físicas? O más bien que preparan una masacre laboral de docentes y la entrega de los estudiantes del sistema público a colegios de convenio y concesión.
La privatización y la evaluación, ejes de la política de Santos
En el terreno de la educación Santos profundizará la “Revolución Educativa” de Uribe haciendo énfasis en la privatización de la educación pública a través de la concesión de colegios al sector privado y la evaluación de todo el sistema educativo, incluyendo al magisterio del 2277. Así mismo, los colegios que resulten mal evaluados serán entregados a un operador privado. En el mismo sentido Santos pretende avanzar en la privatización de la educación superior por medio de la conversión de las universidades en entidades con ánimo de lucro y la introducción del capital privado en la financiación de la educación superior pública.
Los últimos gobiernos han avanzado en cobertura y en la “eficiencia” en la prestación del servicio, sobre la base de rebajar la calidad y las condiciones laborales de los docentes. Reducción de presupuesto por la vía del recorte a las transferencias, el establecimiento del estatuto docente 1278 y la pérdida del régimen especial para los docentes nuevos, los estándares, las competencias, los programas de articulación, la fusión de instituciones educativas, el aumento de la carga y la jornada laboral y los múltiples mecanismos de evaluación y acoso laboral.
Esta es la política que el gobierno no discute ni está dispuesto a negociar. A cambio aceptó crear una comisión para examinar la propuesta de Fecode sobre estatuto docente, Comisión que ya está condicionada pues su objetivo es “concertar un proyecto de ley sobre Estatuto Único Docente que tenga por objeto mejorar la calidad de la educación colombiana, de conformidad con los principios constitucionales de dignificación, profesionalización y mérito de la carrera docente”. Es decir la concertación del nuevo estatuto está atada a los criterios neoliberales de calidad y meritocracia.
Estatuto Docente
La dirección de la Federación ha elaborado un proyecto de estatuto en el que propone que se deroguen los dos estatutos (2277 y 1278) para dar paso a uno que no es más que una amalgama de los dos, con lo que salimos perjudicados maestros antiguos y nuevos. A la nueva generación de docentes le han impuesto la Ley 100, le han quitado el régimen prestacional especial y le aplican un nuevo estatuto, el 1278, que tiene por objeto lograr un magisterio dócil con el chantaje de la evaluación de desempeño y la congelación salarial con los exámenes de competencias. Con el 1278 se le arrebató al gremio docente, la estabilidad laboral y el derecho al ascenso.
Es evidente y por supuesto una necesidad, unificar al magisterio. El 2277 es una conquista, el 1278 una derrota. Por eso no se pueden unificar dos estatutos diametralmente opuestos. La propuesta de la ADE, que compartimos, es la de defensa del 2277 y la derogatoria del 1278. Es decir, que tenemos que luchar por que se aplique para todos el 2277, haciéndole los ajustes que incluyan recuperar lo que le han derogado e incluir nuevas necesidades como por ejemplo que los maestros que lleguen a categoría 14, tengan un reajuste del 10 o 15% cada dos años de permanencia, los derechos políticos y sindicales y algunos estímulos.
Se ha empezado a sugerir desde las direcciones sindicales la posibilidad de un paro del magisterio. Pero una vez terminada la negociación del pliego, lo que viene es la instalación de las comisiones pactadas sobre varios aspectos y fundamentalmente sobre el estatuto único. Antes de hablar de paro es necesario hacer asambleas de base y votar si los maestros respaldan o no el nefasto proyecto de estatuto único propuesto por la dirección de Fecode. Es urgente que la base haga pronunciamientos exigiendo que Fecode no negocie ese proyecto de estatuto único, como lo viene exigiendo la ADE y la Asociación de Educadores del Distrito de Santa Marta, lo que es compartido por muchos más docentes a nivel nacional.
Llamamos a los compañeros a que desde las instituciones educativas y desde los comités sindicales locales promovamos y exijamos la realización de asambleas de base para votar el necesario paro, pero para defender nuestros derechos y no para terminar de entregarlos.