El pasado 19 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia dio a conocer el fallo del litigio entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua por la delimitación de las fronteras marinas de los países, los derechos de explotación de los mares y la posesión sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y de los siete cayos y atolones de área.
La sentencia determinó entregar a Nicaragua más de 150 mil kilómetros cuadrados de mar y la pertenencia del archipiélago y los cayos a Colombia, un fallo calificado como ‘salomónico’ que ha despertado en ambos países discursos ‘nacionalistas’ y el resurgimiento de las iniciativas independentistas en las islas.
Una vez conocida la sentencia, Juan Manuel Santos anunció que estudiaría la revisión del fallo por parte de la Corte de la Haya e incluso que abandonaría el Pacto de Bogotá. Por su parte, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, conminó a Santos a acatar el fallo.
El discurso patriota continuó con el ex presidente Álvaro Uribe Vélez que intentó unirse a las protestas de los raizales en las islas, aunque no pudo lograrlo porque los defensores de la Nación Raizal –Archipelago Movement for Ethnic Native Self-Determination, AMEN-SD– se lo impidieron y tuvo que limitarse a vociferar desde la Asamblea Departamental de las islas. Y el mismo Polo Democrático exigió al Gobierno de Santos explicaciones por no haberse retirado a tiempo del Pacto de Bogotá.
Pero más allá de las voces que alientan el ‘dolor de patria’ y los ‘sentimientos nacionalistas’ es necesario analizar las condiciones históricas de colonialismo a que han sido sometidos los pobladores de las islas y la actual condición de explotación laboral por parte de las cadenas hoteleras, a la carestía que implica el ser una región turística y al desplazamiento en sus territorios ancestrales.
Una mirada a la historia
Lo que en la actualidad conocemos como República de Colombia es resultado de los conflictos regionales que se libraron antes y después de los procesos de independencia de la Corona Española.
Los libros de historia enseñan que después de una campaña libertadora se formó la Gran Colombia y que casi de inmediato se separaron Venezuela y Ecuador en la primera mitad del Siglo XIX. Panamá, un lugar en el que se discutía a finales de este siglo la construcción de un canal que uniera los dos océanos, sólo aparece en la historia hasta 1903 con la llamada ‘separación’. De igual manera, el Archipiélago de San Andrés y Providencia era un territorio desconocido de ultramar para el Gobierno de Colombia.
Desde 1818 cuando las élites de las islas –que no estaban bajo el control de la Corona Española– decidieron unirse a la Gran Colombia, los habitantes de las islas son víctimas de una disputa geopolítica que los ha sumido en el abandono y la miseria.
En 1890, Nicaragua toma posesión de las Islas mangles y la Costa de Mosquitos y en ese entonces Colombia tarda dos años en enviar una nota de protesta. Pero la situación de pobreza en la que permanecían estas islas del Caribe originó movimientos independentistas a principios del Siglo XX tanto en San Andrés y Providencia como en las Islas Mangles, que buscaban su separación de Nicaragua.
En 1912, el Gobierno de Colombia crea la Intendencia de San Andrés y Providencia con el fin de contener a los independentistas pues la zona era pretendida por Estados Unidos, por lo que en 1928 los gobiernos de Colombia y Nicaragua firman el Tratado Esguerra- Bárcenas. En 1972, Estados Unidos renuncia al control de las Islas Mangles y del archipiélago y en 1980, tras el triunfo de la Revolución en Nicaragua, el Gobierno Sandinista desconoce este Tratado.
Los raizales pierden
El fallo de la Corte Internacional de Justicia pone en evidencia la arbitrariedad de la burguesía cuando establece fronteras sean territoriales o marítimas. También los intereses de los gobiernos burgueses de Colombia y Nicaragua que tienen planes de exploración petrolera en el área.
Por otra parte, las organizaciones sociales en las islas han sido orientadas por líderes religiosos de iglesias cristianas, como el Pastor Raymond Howard, líder de AMEN-SD, quien manifestó a la Revista Semana: “A nosotros no nos liberó Simón Bolívar. Ya éramos libres y decidimos unirnos a la Gran Colombia como una nación”. La lucha de estas organizaciones es contra la colonización colombiana –que controla el comercio, el turismo y la pesca industrial– dejando a los raizales la pesca artesanal y los empleos temporales en restaurantes y hoteles, pero no han levantado sus banderas contra las élites del archipiélago que los han representado.
Por ello, con o sin sentencia, los grandes derrotados son los raizales que no sólo han soportado la invasión de las islas por parte de los continentales colombianos sino que han sido sometidos a un régimen de servidumbre en la industria turística.
Debemos alertar sobre los cantos de sirena de los distintos nacionalismos pues los derechos de los raizales no están del lado de Colombia o de Nicaragua sino de la posibilidad de defender su autodeterminación, que pasa por la defensa de los derechos económicos y culturales de los trabajadores del archipiélago.
Por tanto, los trabajadores de Colombia y de Nicaragua debemos denunciar los intereses de estos gobiernos, que sólo defienden los derechos de explotación económica de las islas, los mares y sus pobladores, sometiéndolos a una oprobiosa condición de colonialismo.