Desde hace dos semanas – a partir de la denuncia que hiciera el congresista Wilson Arias - se dio a conocer cómo los grandes empresarios de los agronegocios se apropiaron de manera irregular de tierras en el Departamento de Vichada. Estas empresas incumplieron la disposición del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994, según la cual no se puede concentrar bajo una misma persona más de una Unidad Agrícola Familiar en tierras que han sido objeto de proceso de reforma agraria.
Es muy importante anotar que los empresarios contrataron los servicios jurídicos de la Firma Brigard & Urrutia – cuyo accionista era Carlos Urrutia, Embajador de Colombia en Estados Unidos – y en particular el abogado Francisco Uribe Noguera, quien de acuerdo con las informaciones de prensa fue el asesor jurídico de Río Paila, Monica Semillas y Forest First.
La ley y la trampa
Las compras de los predios las realizan en una misma notaría (16 del círculo notarial de Bogotá); y las compras se realizan 2 meses, un mes o incluso una semana después de constituirse la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
La gran mayoría de los predios tiene en su tradición, en la anotación número 1, que fueron dados a beneficiarios en procesos de reforma agraria en el período 1991-1998. Es decir, tienen antecedente de baldío. Son predios vecinos, como lo confirman las referencias a límites en los certificados de tradición y libertad.
Estos predios se venden a empresas cuyos certificados de existencia y representación de la Cámara de Comercio reportan un mismo domicilio en la ciudad de Bogotá; comparten una misma actividad económica; tienen un único miembro de junta directiva; tienen un único representante legal principal; una misma revisoría fiscal y se constituyen en un lapso de seis meses. Cada una de estas empresas compra un predio, que por sus antecedentes de reforma agraria corresponden a una UAF.
Casos Río Paila, Cargill y Forest First
En estos casos, con algunas diferencias, la estrategia de concentración ha sido la misma.
El recorrido de Río paila Castilla fue el siguiente: La firma Brigard & Urrutia constituyó 27 SAS y cada una de estas empresas compró una UAF con recursos prestados por Rio Paila Castilla. El abogado Uribe Noguera cedió la propiedad a firmas europeas con domicilio en Luxemburgo y posteriormente Rio Paila Castilla compró las tierras.
En el caso de Cargill - empresa agroexporadora más grande del mundo con presencia en 66 países - su fondo de cobertura Black River Asset Management ha creado diversas empresas para llevar a cabo su actividad económica en Colombia. Las firmas fundadas con capital estadounidense, tienen naturaleza jurídica variable. Esta empresa adquirió tierras en Vichada, que ascienden a 90 mil hectáreas, con una inversión superior a los $ 73.000 millones, para lo cual fueron creadas 39 empresas SAS.
Forest First Colombia SAS, también denominada como Forestal de la Orinoquía, es una empresa constituida en julio de 2010 con un capital autorizado de 200 mil millones de pesos. Esta empresa, a diferencia de Cargill, no adquirió los predios por medio de distintas empresas para evadir las restricciones en materia de acumulación de predios con antecedentes de reforma agraria, sino que adquirió dos predios, consolidando una extensión que claramente supera la UAF promedio de la región.
Una contra-reforma agraria
Los empresarios de los agronegocios, con el aval de los dos últimos gobiernos, incumplen la disposición del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, según la cual no se puede concentrar bajo una misma persona más de una UAF en tierras que han sido objeto de proceso de reforma agraria. Incluso, el ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo presentó un proyecto de ley para establecer la prohibición de concentrar estos predios desde 1994 y no desde 1961.
Ante esta situación, que el actual Ministro de Agricultura reconoce como irregular, el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, ha manifestado que “esta discusión no debe alejar la inversión del país” y ha pedido al Gobierno que “defina su política agrícola de Estado, que nos diga cuál será, si quiere un país de minifundios o uno en el que quepan los medianos y grandes con enfoque de agricultura empresarial para generar empleo”.
Y el caso de acaparamiento de tierras no termina en estos casos, según la Revista Semana, “varios de los empresarios más importantes de Colombia han hecho grandes inversiones en Vichada y en la altillanura. Cada uno tiene una modalidad de negocio diferente y las inversiones sumadas superan los 1.000 millones de dólares”. Señala la publicación a Luis Carlos Sarmiento (16.600 hectáreas y una inversión de 100 millones de dólares, 12.000 hectáreas de palma y 4.600 hectáreas de caucho entre Puerto López y Puerto Gaitán, el cultivo de caucho más grande en América Latina), Alejandro Santo Domingo (alquila 4.000 hectáreas a Riopaila en el Vichada), Familia Eder (a través del Ingenio Manuelita tienen 20.000 hectáreas en el Meta) y La Fazenda (del grupo empresarial Aliar que ha invertido más de 100 millones de dólares y hoy cuentan con 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya en Puerto Gaitán).
De esta manera, lo que podemos ver es que empresarios y gobierno – bajo la orientación de la forma de abogados del actual Embajador de Colombia en Estados Unidos – gestaron una estrategia jurídica para convertir la reforma agraria en una contra-reforma que terminó concentrando en grandes terratenientes la tierra destinada a los campesinos.