Protesta de estudiantes el 7 de abril de 2011 en Bogotá.
El 20 de julio, en la ceremonia de instalación de la segunda legislatura de 2011, Juan Manuel Santos hizo un listado de los nuevos proyectos de ley que pondría a consideración del Congreso de República. Entre ellos destacó la Reforma a la Ley 30 que regula la Educación Superior pero, al tiempo que la señalaba como un engranaje de la “locomotora” de la innovación, insistió en que para alcanzar sus objetivos era necesario incentivar la inversión privada en el sector, impulsando la creación de “entidades con ánimo de lucro”: mejor dicho, hacer de la educación universitaria un lucrativo negocio capitalista.
Rechazo general
Cuando presentó su proyecto hace unos meses, Santos chocó con un fuerte movimiento de resistencia. El 7 de abril, decenas de miles de estudiantes de instituciones públicas y privadas se tomaron las calles de las principales ciudades del país rechazando la propuesta del gobierno. Producto de esa movilización, se vio obligado a iniciar un proceso de “concertación” con los principales sectores afectados. Hasta las universidades privadas, disfrazadas como entidades “sin ánimo de lucro” criticaron el proyecto, pues debilitaba la protección que han recibido del Estado con la exoneración de impuestos. Se sucedieron entonces múltiples eventos y reuniones en los que se trató infructuosamente de presentar las bondades del modelo. Se trajo expertos internacionales de países donde medidas similares supuestamente han propiciado avances significativos en la educación superior. En particular se destacó la experiencia de China y Brasil. Pero lo que se ocultó es que allí la generalización de entidades privadas ha provocado un grave detrimento de la calidad de la formación profesional. A mediados de julio, en Chile, masivas movilizaciones estudiantiles pusieron en jaque al gobierno de Sebastián Piñera, exigiendo la reversión del modelo que ahora se pretende imponer en Colombia.
Hacer más con lo mismo
El proyecto de ley que el gobierno presenta al parlamento mantiene los mismos ejes que anunció hace pocos meses: ampliación de cobertura, control de calidad, eficiencia en manejo de recursos y buen gobierno. Pero estos son lugares comunes que tratan de ocultar sus verdaderos objetivos.
En cobertura se pretende ampliar la matrícula para que, supuestamente, los 3’200.000 bachilleres que están por fuera del sistema se incorporen a él endeudando a sus familias para pagarse los estudios. Un pingüe negocio para el capital financiero que ya está promoviendo sus ofertas de créditos educativos. Se va a privilegiar la formación técnica sobre la profesional y para ello se imponen los “ciclos propedéuticos” (etapas de diverso grado de complejidad que permiten la obtención de títulos de distinto costo y hacen más fluido el mercado laboral, al abaratar la mano de obra calificada). El gobierno pretende que la actual proporción de 70% formación profesional vs 30% técnica, llegue en cuatro años a 55% vs 45%, según sus propios cálculos. Se desprende de allí cuáles instituciones contarán con mayor respaldo financiero.
En calidad se seguirá desarrollando un sistema de evaluación (ECAES) que impone estándares internacionales, por aquello de la “globalización”. En realidad se medirá la calidad de la formación en función de lo que ahora se llaman “competencias “, como un nuevo paradigma pedagógico contrario a la formación integral, pues privilegia la adaptación funcional a procesos productivos de baja complejidad, en lugar de fomentar el desarrollo de las ciencias básicas, la tecnología de punta, las artes y la autonomía política del profesional de alto nivel.
En recursos financieros el gobierno promete un incremento anual del presupuesto de educación superior que, cuando se desglosa en sus componentes y se divide por el número de universidades que competirán por los recursos no compensa siquiera el actual déficit, que las universidades públicas han calculado en $600.000 millones. Frente a esta propuesta los rectores agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE) han presentado un proyecto alterno con porcentajes superiores. Aunque la diferencia es sustancial, ninguna de las dos resuelve el problema de fondo, pues para absorber a los bachilleres excluidos del sistema y a las nuevas promociones habría que multiplicar por diez el actual presupuesto. Por eso la solución del gobierno es el fomento de “instituciones con ánimo de lucro” (empresas capitalistas de servicios educativos) que ofrezcan diversos tipo de programas de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del “cliente”. De paso le facilita a las transnacionales educativas el ingreso sin obstáculos al mercado colombiano.
Y finalmente el buen gobierno de las universidades será reconocido en la medida en que cumplan con las imposiciones del Plan Santos. Una parte sustancial de los recursos se otorgará de acuerdo a la ampliación de cobertura. Las universidades privadas competirán con las púbicas por el dinero destinado a investigación. En ese sentido el presupuesto tenderá a otorgarse de acuerdo al modelo aplicado a los servicios de salud (promedio de gastos por afiliado). Esta “unidad por alumno atendido” es la manera como hoy se otorga recursos a la educación básica y media.
En síntesis, el plan del gobierno es “hacer más con lo mismo” (ampliar la cobertura bajando la calidad a estándares mínimos) para que la “competencia desleal” que hacen las universidades públicas a las privadas desaparezca y puedan florecer las “instituciones con ánimo de lucro”.
Coordinar la resistencia
La decisión del gobierno de imponer su contrarreforma sólo puede ser enfrentada desde las calles. Las agremiaciones de profesores, estudiantes y trabajadores deben levantar su propio proyecto de educación superior, que no puede ser otro que hacer de la formación profesional un derecho democrático garantizado por el Estado. Debemos exigir la integración de un solo sistema estatal de Educación Superior, de libre acceso para todos los bachilleres, gratuito y con garantías de bienestar para toda la comunidad. Ello debe ir unido al rescate de condiciones laborales adecuadas para los docentes y administrativos de las universidades y un presupuesto adecuado para la investigación al servicio del bienestar general de la sociedad.
No hay posibilidad de “concertar” el modelo educativo con un gobierno que empieza a arrasar la economía y el medio ambiente con la locomotora minera y el fomento de la gran plantación. El segundo semestre de 2011 debe ser el de la lucha de masas por la defensa de la educación pública, en la medida que el magisterio público también se enfrenta a la intransigencia del gobierno frente a sus peticiones. Los estudiantes secundarios deben sumarse a esta lucha pues está en juego su derecho a la educación superior. La convergencia de esta movilización con los trabajadores y usuarios del sector salud y otros sectores obreros y populares es la única posibilidad de frenar el “ánimo de lucro” de Santos y sus socios.