"Seguidor Infiel", Caricatura de Matador www.matadorcartoons.blogspot.com
Frente contra el terrorismo
Uribe Vélez manifestó en su discurso: “Nos tiene que preocupar que cuando el país había avanzado en la conciencia colectiva, en la cultura militar y policiva, y en el reconocimiento internacional de que en Colombia no tenemos insurgentes contra la opresión sino narcoterroristas contra la democracia, este Gobierno retrocede, los valida como partes del conflicto y de contera impone frenos a las Fuerzas Armadas para actuar con contundencia contra el crimen organizado, como las Bacrim. Y nos tiene que preocupar, todavía más, que varios colombianos, entre ellos muchos de los aquí presentes, nos hemos ido llenando de desconfianza en el doble discurso de la palabra oficial y de algunos miembros del Congreso”.
La principal propuesta de la extrema derecha es la conformación de un Frente de Unidad contra los terroristas y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que permita el regreso de Uribe Vélez o de alguien de su círculo cercano a la Presidencia de la República.
En el manifiesto sostienen: “Colombia ni quiere ni debe discutir con los terroristas un programa de reivindicaciones sociales. Con ellos no puede haber diálogo político sino acuerdos de desmovilización, con la consiguiente entrega de armas, confesión de crímenes, delación de cómplices, negociación de penas y reparación de víctimas”. Es decir, que contrario a la idea de Juan Manuel Santos de proponer una desmovilización con concesiones mínimas a la insurgencia, Uribe propone una desmovilización con rendición sin condiciones.
Frente a este hecho político, el Polo Democrático, a través del senador Jorge Enrique Robledo y de su Presidenta, Clara López Obregón, ha manifestado que esta es una ‘pelea entre compadres’, volviendo a su fórmula original a principios del Gobierno de Santos de que sería el período de Uribe III.
Este planteamiento es tan erróneo como aquel que pregona que en la Unidad Nacional hay un programa de reformas sociales, como lo plantean Lucho y Angelino Garzón y sectores del Movimiento Progresista. Pues hay que entender la diferencia entre Santos y Uribe para mostrar la necesidad de destruir el régimen político a través de la movilización de las masas.
Las contradicciones en la burguesía
El capitalismo en Colombia ha tenido una vieja tensión entre una burguesía industrial y financiera ligada a las grandes corporaciones transnacionales y un sector de terratenientes ligado a los grandes negocios agropecuarios. Estos sectores han sido socios estratégicos en la aplicación de los planes del imperialismo y en el tráfico de drogas, también han coincidido en la estrategia de exterminio de la resistencia social a través del paramilitarismo, pero en algunos momentos han presentados divergencias de tal magnitud que incluso ha costado vidas de dirigentes de la burguesía (como el caso de Luis Carlos Galán o de Álvaro Gómez Hurtado).
En el momento actual, en medio de una crisis económica mundial y de la implementación del TLC con Estados Unidos, los sectores burgueses vuelven a mostrar sus contradicciones, en especial frente a dos temas: el equilibrio de las instituciones estatales y la negociación del conflicto armado.
En los ocho años del gobierno de Uribe Vélez, la burguesía llegó al consenso de negociar el acuartelamiento con los grupos paramilitares que desde finales de los 80 habían masacrado a la población a favor de los planes de los terratenientes y de los negocios agropecuarios, lícitos e ilícitos. Pero en este camino Uribe Vélez impuso un régimen autoritario en el que no sólo persiguió a la población sino a facciones de la burguesía que se expresan a través de las altas cortes. El Gobierno de Uribe Vélez también lesionó los intereses de los exportadores al cerrar las posibilidades de comercio con Venezuela y Ecuador.
De Uribe a Santos
Uribe Vélez correspondía a la Era Bush, pero la crisis en Estados Unidos se evidenciaba y Obama surgía como una alternativa, que continuaría con los planes del imperialismo pero que intentaría un mayor consenso en sus decisiones.
Al llegar a la Presidencia de la República, Juan Manuel Santos propondría un cambio de la Seguridad Democrática a la Prosperidad Democrática, que se traducía en una nueva relación con las altas cortes, con los gobiernos de la región y una posibilidad de solucionar el conflicto armado a través de un proceso de negociación que se plantea como un proceso de rendición con condiciones.
Así, como plantea Luis García en El Socialista N°666: “Uribe desequilibró muchísimo el régimen bonapartista colombiano, régimen que de todos modos tiene que conjugar en el ejercicio del poder la función de diversas instituciones. Durante el último gobierno de Uribe, fundamentalmente, se concentró al máximo el poder y capacidad de decisión en la camarilla que se atrincheró en la Casa de Nari, la cual era conducida con gritos estruendosos por el mismísimo ‘Furibe’. En ese camino pisoteó y maltrató a adustos magistrados, en cabeza de la Corte Suprema, fieles y leales defensores del mismo régimen, que reclaman de los demás poderes estatales un trato de igualdad. La negociación con los paramilitares abrió la caja de Pandora de los agentes y representantes políticos y socios empresariales de esas bandas criminales; lo cual ha llevado a la cárcel a varias decenas de ellos”.
Constitución del 91: No tocar
A finales de los 80 era insostenible la crisis política de un régimen que había promovido el paramilitarismo y que había mantenido una connivencia con los traficantes de drogas. La muerte de candidatos presidenciales de los partidos burgueses y el exterminio de las fuerzas de izquierda – UP, Frente Popular, A Luchar – llevaron a la propuesta de una nueva carta política, es decir, de un nuevo consenso de la burguesía.
El M-19 fue uno de los actores políticos de la Constitución del 91, convirtiendo su defensa en un programa político que heredó el Polo Democrático. Pero esta nueva carta política no resolvió problemas fundamentales como la tenencia de la tierra y más bien sirvió de marco legal para la privatización de las entidades estatales y para infligir a los trabajadores una derrota histórica en sus conquistas al imponer la flexibilización laboral.
Esta Constitución del 91 es también una de las diferencias entre Santos y Uribe, pues tienen contradicciones en cuál debe ser el precario equilibrio de poderes del régimen presidencialista. Como se evidencia en la pasada reforma a la justicia en la que el Gobierno de Santos tuvo que romper un acuerdo que había sido trabajado durante dos años pues al final favorecería a más de un centenar de representantes políticos del paramilitarismo que están en las cárceles.
La salida es por la izquierda
Ante la emergencia de este frente de la extrema derecha que desde ya comienza a dividir la Unidad Nacional de Santos, el Polo Democrático ha planteado la más amplia unidad de los sectores democráticos y de izquierda, es decir, la misma fórmula con la que llegaron a la Alcaldía de Bogotá con los resultados ya conocidos.
La respuesta está en la movilización de las masas en las calles, en la coordinación de las luchas sociales para destruir el régimen político. Es necesario diferenciar la caída de la reforma a la justicia de la caída de la reforma educativa, por ejemplo, una fue producto de una contradicción entre sectores de la burguesía y la otra fue por la acción de miles de estudiantes en las calles.