Fuente: El Tiempo. Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/caricaturas/matador/16493679
Hay tres elementos centrales de la situación política nacional que es necesario integrar en el análisis y en la respuesta que debe dar la clase obrera: la crisis económica mundial y nacional, las negociaciones de paz con las FARC y el conjunto de medidas que ha tomado y va a tomar el gobierno contra los trabajadores. Al gobierno le interesa de manera especial la firma de la paz para dejar el camino despejado para los gigantescos negocios de los capitalistas colombianos y extranjeros, al tiempo que le ajusta las tuercas a la clase obrera y los más pobres de la sociedad. Con los argumentos de la crisis económica y la importancia de la paz, quiere justificar todas las medidas contra los trabajadores. Los trabajadores debemos responder que la crisis la deben pagar los capitalistas, que la paz de La Habana no es la paz entre el capital y trabajo, sino entre las FARC y el gobierno, rechazando todas las medidas que está tomando contra los trabajadores, movilizándonos de inmediato contra ellas, lo que se debe concretar en fijar la fecha para el paro nacional, obrero y popular que han anunciado las centrales obreras y otros sectores como los que convocaron las concentraciones del 24 de enero de 2016.
La crisis económica en el mundo y en Colombia
El llamado boom económico de posguerra, que empezó en 1945 y terminó a mediados de la década del sesenta, es decir 20 años continuos de crecimiento económico, dio paso desde 1966, aproximadamente, a una crisis crónica de la economía imperialista y capitalista mundial. Esto quiere decir que la economía capitalista no ha vuelto a tener periodos prolongados de crecimiento económico como aquel, la recuperación proporcionada por la apertura neoliberal (1989-1990), no superó los 10 años. La economía capitalista ha venido en proceso de crisis, dentro de la cual existen periodos de recuperación corta y relativa, para volver a la crisis. A este proceso nosotros lo hemos llamado crisis económica crónica capitalista. Si miramos el Crack de 1987, la denominada crisis del tequila de 1994, la de Asía de 1998 y la que empezó por los Estados Unidos, en el 2007-2009, de la que todavía no se ha logrado salir, se confirmaría esa crisis crónica.
El capitalismo ha impuesto sus planes de sobreexplotación a los trabajadores, así sea con desigualdades, superando sus crisis coyunturales, pero por la propia resistencia de los trabajadores y las propias leyes internas del capitalismo (sobreproducción, decrecimiento de la tasa de ganancia, etc.), no logra superar su crisis crónica.
Tasa de crecimiento disminuyendo y para 2016 no superará el 3%, precios de las materias primas por el piso (petróleo, etc.), desempleo de miles de millones, inestabilidad en el trabajo, migraciones masivas que superan el millón de personas en el último periodo -sin precedentes desde la II Guerra Mundial-, depredación creciente de la naturaleza, altas masas de capital migrando de aquellas ramas de la producción y países (ejemplo petrolero) en las que la tasa de ganancia se ha bajado, buscando actividades, así no sean de producción y si de especulación, donde la ganancia fluya. Y como siempre los centros imperialistas como Estados Unidos y Europa tratando de superar la crisis a costa de los países semicoloniales y las masas trabajadores de todo el mundo.
En el anterior contexto, la economía colombiana había logrado mantenerse relativamente al margen de las crisis, pero en este momento y en esta crisis, a pesar de las múltiples declaraciones del gobierno y sus ministros afirmado que la economía del país estaba blindada, les ha tocado aceptar los hechos y reconocer que se ha entrado en la crisis, aunque no con la misma intensidad que el resto de América Latina.
Ahora ha empezado no sólo la desaceleración de la economía sino su crisis. La grasa acumulada desde 1990 y hasta ahora, se ha empezado a consumir, la llamada locomotora minera enfrenta los límites de la inversión extranjera en el sector, la caída del precio de las materias primas en el mercado mundial, en particular el del petróleo y el déficit en la explotación por parte de Ecopetrol, la devaluación, etc., son algunas expresiones de la crisis.
El Banco Mundial en su Informe sobre “Perspectivas económicas globales” ha dicho que el promedio mundial de crecimiento económico para 2016 será del 2.9%, 0.5% superior al 2.4 del 2015. El crecimiento global se está viendo afectado por la situación económica en China y en Brasil. Para Colombia indica que el crecimiento será de 3% en 2016, 3.3% en 2017 y 3.5% en 2018. Superior al promedio mundial (2.9%), muy superior en relación con el Caribe y América Latina que será de 0.0%, por la caída de Brasil, pero inferior al conjunto de las denominadas economías emergentes que será del 4%. En esta oportunidad, como siempre, las actividades de la lumpen burguesía como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la corrupción seguirán colaborando para la recuperación económica, y, según el Banco Mundial, igualmente la firma de los acuerdos de paz ayudará a que se cumplan las metas de crecimiento señaladas. Muchos analistas económicos afirman que la crisis será mucho más profunda que lo que se ha afirmado.
El gobierno y la burguesía colombianos se han dotado de una respuesta frente a la crisis, con algunas orientaciones económicas, sociales y políticas.
De manera inmediata ha lanzado un plan de obras públicas. La construcción de viviendas, vías y autopistas de cuarta generación (4G). Santos y Peñalosa -alcalde de Bogotá- han anunciado un plan para construir 80.000 viviendas en Bogotá y un gigantesco plan de recuperación del río Bogotá y la transformación de la capital en una ciudad compacta y “moderna”. Inicialmente se generarían 100.000 nuevos empleos.
La venta de Isagen hace parte de este plan de conjunto, que busca cubrir el déficit fiscal, cubrir los gastos de las vías de comunicación, sobre todo las 4G, al tiempo que le crean inmejorables condiciones al capital privado para sus inversiones, que son los que se van a quedar con ese negocio.
A más mediano plazo van a llegar los capitales para invertir sobre todo en los proyectos agroindustriales, para los que ya se han expedidos las leyes correspondientes. Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) serán claves para el desarrollo agroindustrial, para la inversión extranjera, de los capitales nacionales e incluso de algunos comandantes de las FARC. Se afirma que la producción agroindustrial podría sustituir el papel del petróleo en la economía nacional. Algunos de los grandes cambios y políticas ligadas al posconflicto vienen por esta vía.
Pero, en lo fundamental, arrecian las medidas de la contrarrevolución económica permanente contra la clase obrera y los trabajadores. Este es un proceso que viene desde 1989 -1990, pero que no ha terminado y ahora que la crisis económica vuelve y se instala, todas esas medidas se incrementan. La manera de recuperar la economía es intensificando la explotación sobre los trabajadores, aumentar sin medida la extracción de plusvalía absoluta para, finalmente, recuperar la tasa de ganancia.
Las negociaciones de paz
El hecho político central de 2016 y por lo menos unos diez años más, será sin ninguna duda, la firma de la paz con las FARC, el inicio del posconflicto, y, desde luego, la crisis económica, que será el telón de fondo del anterior proceso.
En este momento, por lo menos tres aspectos exigen una postura concreta del movimiento obrero: el problema de las víctimas, el acuerdo sobre justicia transicional y el mecanismo de refrendación de lo acordado.
En relación a la justicia transicional y el acuerdo sobre las víctimas coincidimos con lo afirmado por Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien al conocer el texto del acuerdo dijo que “es un acuerdo para la impunidad”. Los jefes de las FARC, para escaparse de sus responsabilidades al desfigurar la lucha guerrillera combinándola con el narcotráfico y actos de barbarie, terminan acordando con el imperialismo y el gobierno colombiano un sistema de justicia que les permite también escapar de esa responsabilidad a los militares (falsos positivos, desapariciones, matanzas, etc.),lo mismo a los dirigentes gremiales y políticos de la burguesía comprometidos con el paramilitarismo, numerosas masacres y violaciones a los derechos democráticos de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, etc.
Nosotros debemos insistir: ni perdón ni olvido, castigo ejemplar a todos los responsables de los genocidios, las masacres, las desapariciones, las torturas, y, en general, de todos los actos de barbarie que no tienen ninguna relación con la lucha política y social. Desde luego que estamos en contra del Tribunal que se integrará para la aplicación de los acuerdos, como estaríamos igualmente en contra que sea la justicia ordinaria, que ha dado pruebas suficientes de su crisis, su corrupción y de ser parte del aparato estatal al servicio del imperialismo, de la burguesía y ser enemiga abierta de los trabajadores. Como lo manifestamos desde un principio el organismo de juzgamiento lo tendría que definir la Constituyente Soberana y libre, y en cualquier circunstancia tener un componente esencial de carácter obrero y popular.
Esta postura no significa coincidir con el uribismo ni el Procurador, que han condenado también los acuerdos de justicia transicional. Estos dos lo que quieren es que se trate más duro a los jefes guerrilleros y se exima de toda responsabilidad, al sacarlos del sistema de la justicia transicional o de cualquier otro tipo de justicia, a los militares y a los sectores burgueses comprometidos con la barbarie.
En relación a la refrendación de lo acordado y la propuesta de plebiscito tenemos que decir que lo que ha primado en Colombia en los últimos 50 años es un régimen político bonapartista y una burguesía profundamente antidemocrática, así haga elecciones burguesas cada quince días. El voto y el sistema electoral burgués no es sinónimo de democracia. De los pocos mecanismos democráticos burgueses contemplados en la Constitución Política, la burguesía está tratando de imponer el menos democrático, para la refrendación: el plebiscito. El Presidente Santos, De la Calle, los Ministros, los parlamentarios, todos coinciden que la Constituyente sería “un salto al vacío” y demasiado peligrosa, no sólo para los acuerdos sobre la impunidad sino para sus intereses de conjunto. Nosotros, como lo hemos planteado desde el principio, debemos rechazar el referéndum y el plebiscito, como mecanismo antidemocrático y seguir exigiendo la convocatoria de una Constituyente Soberana, Democrática y Libre, para que discuta no sólo los acuerdos sino todos los problemas graves del país: la crisis económica, la paz, los derechos laborales de los trabajadores, los derechos democráticos, la libertad de los presos políticos, etc.
A las FARC les decimos: no renuncien a la exigencia de Constituyente y por ninguna circunstancia se comprometan con el plebiscito o el referéndum.
La Constituyente que nosotros proponemos tampoco tiene ningún parentesco con la del uribismo, que ha propuesto una Constituyente con temario limitado, es decir, no democrática, no soberana y no libre.
El movimiento obrero y su crisis de dirección
La clase obrera y el movimiento campesino y popular tienen la necesidad de dar una respuesta rápida y fuerte a los efectos de la crisis económica y a las medidas salariales y laborales que están implementando en su contra el gobierno y los capitalistas. Estas no podrían ser derrotadasmásquepor un fuerte y masivo paro nacional. Pero los trabajadores tienen serias dificultades para dar esa respuesta. Están sumidos, como lo están igualmente a nivel mundial, en una profunda crisis de dirección sindical y política. Sóloun 4% está organizado sindicalmente en centenares de organizaciones pequeñas, que a su vez están controladas por la burocracia sindical de la CUT, la CGT, la CTC, Fecode, entre otras. Organizaciones a su vez dirigidas mayoritariamente por el reformismo: Verdes, Progresistas, Partido Comunista, Marcha Patriótica, Unión Patriótica, Moir, Polo Democrático. La CGT y la CTC están directamente dirigidas por los partidos burgueses. Con la justificación falsa de la paz llamaron a votar por Santos y para no presionar a éste desarticularon la coyuntura de los pliegos estatales y levantaron de manera inconsulta el paro nacional de los maestros el año pasado.
En este momento las tres centrales sindicales mencionadas han planteado presentar un pliego de peticiones al gobierno y convocar un paro nacional. Es posible que busquen con esos anuncios, e incluso con la convocatoria del paro y su posible realización, presionar el gobierno para obtener algunas pequeñas concesiones y al mismo tiempo descomprimir el descontento y la inconformidad que existe en amplios sectores de trabajadores. Pero convocado el paro hay que exigir que se fije fecha e impulsar su preparación y realización a fondo.
Hay que alertar a los trabajadores para que no pase, con el posible paro, lo que ya sucedió con el paro del magisterio: que se negocie a espaldas de los trabajadores y se levante de manera inconsulta.
La dirección sindical ha llamado al paro, pero en este momento no hay importantes luchas sociales estructurales planteadas ni en el movimiento obrero ni en el campesinado pobre, ni en el estudiantil y popular. Pero no las podemos descartar. Por el contrario, es altamente probable que se presenten, como acaba de suceder con la jornada del 24 de enero de 2016, que, aunque pequeña, muestra que hay disposiciónde lucha en algunos sectores populares. El paro planteado por las centrales, de realizarse, podría potenciar y desarrollar la movilización y la lucha. En este sentido es necesario que todos, organizaciones sindicales (CUT, CGT, CTC) y políticas (Polo Democrático, Marcha patriótica, Unión Patriótica, Partido Comunista, Congreso de los Pueblos, etc.), organizaciones de base obreras y populares, organizaciones indígenas, los sin partido, etc., nos comprometamos a preparar ese paro por la base y a impulsarlo unitariamente.
Esta propuesta unitaria para la defensa de los derechos de los trabajadores y los sectores obreros y populares frente a la crisis y las medidas reaccionarias del gobierno de Santos, se deben implementar independientemente de la postura que se tenga sobre las negociaciones de paz.
Nuestra propuesta es que se convoque un Gran Encuentro Obrero y Popular, democrático y libre, lo más rápido posible, para que discuta la crisis económica y sus efectos sobre los trabajadores y el pueblo, se defina el pliego y se fije la fecha del paro nacional. Nosotros proponemos que el paro se realice el 8 de marzo de 2016, día internacional de la mujer.
Ni un milímetro de confianza en el gobierno y sus ministros
Encuentro nacional, pliego único y fecha del paro
El pliego de peticiones debe levantar con claridad, por lo menos, lo siguiente:
Que la crisis capitalista la paguen el gobierno y los capitalistas, que son los que se han embolsillado las ganancias en la época de las vacas gordas,
Por la revisión del decreto sobre el salario mínimo, fijándolo en $1.500.000
Contra la reforma tributaria, que busca gravar a los más pobres, y contra el IVA.
Contra el incremento en las tarifas de los servicios públicos y por el derecho al agua potable.
Por la estabilidad en el trabajo y contra el cierre de empresas y el despido de los trabajadores. Toda empresa que entre en crisis, que se nacionalice bajo el control de los trabajadores.
Que se congelen los precios de los artículos que constituyen la canasta familiar obrera y se derogue el incremento en el precio del pasaje de Transmilenio en Bogotá y la tarifa regrese a su valor anterior.
Que se garantice agua potable suficiente para toda la población y se inicie juicio de responsabilidades a quienes han gobernado en los últimos 20 años por no tomar ninguna medida concreta para evitar las consecuencias del verano y la sequía.
Que el precio de la gasolina y todos su derivados se reajuste de inmediato a los nuevos precios del petróleo.
Como parte de las medidas de austeridad ante la crisis, que los salarios del presidente, vicepresidente, ministros, congresistas, magistrados de las cortes y de toda la cúpula burocrática del Estado que ganen hoy díamásde10 veces el salario mínimo legal mensual vigente o sea más de $6.899.540.oo, se reduzcan en un 30% y esos dineros se destinen a auxiliar a los desempleados y a las personas más pobres de la sociedad durante toda la crisis.
Por la libertad de Feliciano Valencia y todos los presos políticos.
Pleno respeto y garantía al derecho a la movilización y lucha, no a la represión de la protesta social.
Definido el pliego de peticiones de manera democrática, el mismo Encuentro Obrero y Popular debe discutir y programar la fecha del paro para el 8 de marzo de 2016.
Ni un milímetro de confianza en el Gobierno de Santos y sus ministros, vigilancia permanente sobre las direcciones sindicales y políticas y que todas las decisiones importantes se tomen consultando y decidiendo democráticamente en la base.
(Edición impresa, El Socialista 699. Febrero 2016)