Las acciones de búsqueda e investigación que debe realizar el Estado y gobierno ecuatoriano por la desaparición de Carolina han estado completamente paralizadas durante los últimos meses. Al momento de escribir esta nota no está asignado siquiera un Fiscal que las adelante.
En una actitud que aparece como incomprensible, a la cual hay que encontrar las razones de fondo, el conjunto de las instituciones del Ecuador han optado por una completa parálisis, sin desarrollar nuevas acciones, sin realizar las diligencias investigativas y de búsqueda solicitadas por la familia a través de sus abogados.
Se contradice en esta forma la declaración expresa y pública del presidente Correa; quien no sólo reconoció las múltiples fallas y negligencias cometidas en las diversas investigaciones sobre los desaparecidos.Prometió reunirse con las familias y adelantar acciones decididas en la búsqueda e investigación; promesa que, luego de varios meses de realizada, no se cumple aún.
Se contradicen igualmente las palabras de muchísimos funcionarios de alto rango del gobierno ecuatoriano respecto al indoblegable compromiso de actuar decididamente ante situaciones de este tipo.
En comunicación dirigida el pasado 19 de noviembre al señor Embajador del Ecuador en Colombia, Dr. Raúl Vallejo Corral, la familia señala: “…después de múltiples dilaciones ese fiscal sigue sin ser asignado y el caso sigue congelado, sin que se celebre prueba o diligencia alguna, favoreciendo la impunidad sobre el mismo.”
¿Cerrar el “caso”?
Vale la pena mencionar cómo, con argumentos que en su momento fueron demostrados como insostenibles, la Fiscal que tuvola investigación por más tiempo, la Dr. Elba Garzón, sostuvo la tesis (sin prueba válida de ninguna clase y con claros indicios en contra) del ahogamiento de Carolina en el río Machángara.
La presión de múltiples organizaciones, amigos y familiares de Carolina y de los demás desaparecidos del Ecuador organizados en la Asfadec, obligó a la Fiscalía a no dar por concluida la investigación –como eran claramente las intenciones en el informe de la Dra. Garzón–. Sin embargo, lo que en la práctica conduce a lo mismo, se ha optado por el congelamiento.
¡Hechos, no palabras!
Si realmente existe, por parte de un gobierno que se reclama democrático y defensor de los derechos humanos, la voluntad de actuar a la altura que demandan situaciones como la desaparición de personas, lo que se necesita es colocar en forma diligente y constante (no burocrática) la enorme capacidad de acción estatal y gubernamental.
No bastan las declaraciones, no basta la atención cordial y las expresiones de “solidaridad” con las familias víctimas, no bastan los pronunciamientos sobre “compromiso” de acción. Es necesario adoptar todas las medidas que permitan desarrollar acciones efectivas que produzcan resultados tangibles, única forma de dar respuesta al drama de todas y cada una de las familias que sufren el flagelo de la desaparición de alguno de sus seres queridos. Eso es lo que demandamos: ¡pasar a los hechos!