Las próximas elecciones para alcaldías, concejos municipales, gobernaciones y asambleas departamentales, se realizarán en medio de una avalancha de denuncias de corrupción. Lo más protuberante ha sido la feria de avales --que le permite a los partidos y a los candidatos negociar las inscripciones--, el trasteo de votantes para capturar fraudulentamente los cargos municipales, y la compra descarada de votos que se aprovecha de la miseria de la población. Se ha denunciado también que muchos candidatos son testaferros, familiares y socios de políticos inhabilitados por delitos penales o sanciones disciplinarias. Solo asco produce este panorama electoral.
El represivo régimen político colombiano usa, desde hace medio siglo, una podrida fachada democrática para legitimar el gobierno de los partidos de la burguesía, los terratenientes y las transnacionales. Las grietas de esa fachada son resanadas cada dos años invitándonos a las urnas, pero el desgano de los electores se ha vuelto constante y casi la mitad siempre se niega a votar.
Durante mucho tiempo la abstención se atribuía al monopolio que ejercieron liberales y conservadores durante el Frente Nacional, pero desde que fue expedida la Constitución del ’91 se han hecho varias reformas electorales tratando de revitalizar al enfermo régimen político y propiciar el surgimiento de nuevos partidos que reflejaran la composición de clases del país, en particular a las nuevas franjas de la clase media urbana. Por esa vía se quería desactivar uno de los factores que dio surgimiento a la insurgencia guerrillera: el difícil acceso de la pequeña burguesía a los cargos de gobierno regional o nacional por fuera de los partidos tradicionales.
El bloqueo institucional que producía la legislación electoral no ha sido resuelto. Las condiciones que se exigen a un partido para obtener personería jurídica, el elevado porcentaje de votos necesario para conservarla -llamado umbral-, la opción de listas cerradas o voto preferente, y hasta el uso del tarjetón, han sido combinaciones que siguen desalentando la participación política y facilitan la corrupción endémica del proceso electoral. A esto se ha sumado el lánguido desempeño político de los partidos de oposición o de izquierda cuando arriban a los gobiernos locales o al Congreso de la República, donde se han limitado a tratar de promover políticas asistencialistas mientras siguen administrando los intereses de la gran burguesía o directamente se hunden en la corrupción, como ocurrió con el Polo durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá.
No obstante eso, la insatisfacción social de diversos sectores en la última década ha pugnado por expresarse en la urnas, tanto en el ámbito nacional como local, a veces dando apoyo significativo a candidatos “alternativos” como Antanas Mockus, o directamente de “izquierda” como Carlos Gaviria o Clara López, pero se han desilusionado rápidamente por su inconsecuencia frente a las aspiraciones de los electores. El otro fenómeno electoral ha sido el crecimiento paulatino pero persistente del voto en blanco, o incluso su triunfo circunstancial en algunas localidades.
El régimen ha tratado de volver inocuo el rechazo del electorado que se expresa a través del voto en blanco. Funcionarios públicos y políticos en campaña desinforman sobre sus efectos jurídicos y, sobre todo, menosprecian su valor político. Actualmente, por un fallo interesado del Consejo de Estado, es necesaria la mitad más uno de los votos válidos para que el triunfo del voto en blanco se traduzca en la anulación del proceso electoral y sean inhabilitados todos los candidatos rechazados por los ciudadanos en la siguiente elección. A pesar de eso, una votación masiva en blanco sería un contundente golpe al régimen político colombiano, una expresión genuina de descontento frente a la corrupción y el clientelismo y un sólido argumento para exigir la convocatoria inmediata a una Constituyente Democrática y Soberana.
Esa es la razón por la cual el Partido Socialista de los Trabajadores propuso en Carta Abierta a todos los partidos de oposición al régimen, incluida la insurgencia armada, que se depusieran los intereses particulares en aras de unir a los indignados contra el régimen llamando a votar en blanco. Nuestra propuesta no fue escuchada y predominaron los mezquinos intereses electorales de los oportunistas de siempre. Por eso acudimos ahora a las bases trabajadoras y populares invitándolas a que impulsemos de manera decidida el voto en blanco.
Contra el régimen y el gobierno de Santos: ¡VOTE EN BLANCO!
Bogotá, agosto 9 de 2015